Ordenar para crecer

En la discusión pública se ha adoptado el pensamiento de que regular más equivale automáticamente a proteger mejor. Es una premisa cómoda, políticamente rentable y conceptualmente equivocada. La experiencia demuestra que el problema no es la existencia de regulación, sino su diseño, su alcance y su propósito. Regular sin criterio no ordena, asfixia.

El modelo de gobierno republicano parte de una premisa distinta.  La premisa es clara, el crecimiento económico no se legisla, se facilita. El rol del Estado no es sustituir al mercado ni sofocarlo con controles excesivos, sino reducir barreras, ordenar procesos y establecer reglas claras que permitan operar con certeza jurídica. La desregulación inteligente no es ausencia de Estado. Por el contrario, es Estado con criterio.

Ese enfoque se ha reflejado de manera concreta en la política pública impulsada por el liderato del Partido Nuevo Progresista y, en particular, por la administración de la Gobernadora Jenniffer González Colón. En el área de energía, la prioridad ha sido destrabar proyectos, acelerar permisos y coordinar agencias para evitar que la burocracia continúe retrasando inversión crítica. Se ha privilegiado la viabilidad y la ejecución sobre marcos regulatorios ideológicos que, por años, paralizaron desarrollo. Sin energía confiable no hay crecimiento económico.

En turismo, el manejo de los arrendamientos a corto plazo es un ejemplo claro de ordenar para crecer. En lugar de prohibiciones generales o esquemas punitivos que empujan la actividad a la informalidad, la política pública ha optado por integrarlos al sistema existente. Registro, cumplimiento contributivo y fiscalización razonable, sin imponer cargas que hagan inviable la operación ni distorsionen el mercado. El resultado es competencia más justa con la hotelería tradicional, mayor captación de recaudos y una oferta turística alineada con la realidad del visitante moderno. Ordenar una actividad económica real produce más resultados que intentar desaparecerla con regulaciones.

En el tema de permisos, la política pública ha sido consistente. Simplificar procesos, reducir discreción administrativa y evitar que el permiso se convierta en una barrera para el desarrollo. Antes de legislar más, se han revisado reglamentos y corregido procesos internos. Otro ejemplo de que regular mejor, no es igual a regular más.

Un ejemplo particularmente revelador es el manejo de los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT en el Departamento de Vivienda. La prioridad ha sido acelerar desembolsos y ejecución cumpliendo con los requisitos federales, sin añadir capas locales innecesarias que solo retrasan proyectos. El enfoque ha sido mover obra, reconstruir comunidades y activar economía. Esto lo podemos resumir como desregulación responsable con impacto social medible.

En la Autoridad de Puertos, la visión ha sido igualmente pragmática. Ordenar relaciones contractuales, fortalecer la certeza jurídica y facilitar inversión como condiciones esenciales para el desarrollo económico. Los puertos se han tratado como lo que son.  En una Isla estos son losmotores de comercio, logística y empleo, no espacios para improvisación administrativa.

Ese mismo principio de ordenar sin burocratizar se ha visto recientemente en el regreso a clases, particularmente desde la Autoridad de Edificios Públicos y el Departamento de Educación. Sin aprobar nuevas leyes ni crear estructuras adicionales, se atendieron planteles, se priorizaron reparaciones críticas y se coordinó ejecución. Ha sido un asunto de gerencia, planificación y voluntad administrativa. El sistema funcionó porque se decidió que funcionara. Ese es un recordatorio incómodo de que muchas veces el problema no es falta de leyes, sino falta de ejecución.

Desde la Asamblea Legislativa, tanto el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz como el Presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez han sido consistentes con este modelo. Frenar legislación impulsiva, exigir análisis de impacto económico y promover marcos legales que faciliten la actividad productiva en lugar de castigarla. El trabajo de esta Asamblea Legislativa tiene menos simbolismo, pero más política pública funcional.

Ordenar para crecer también es una definición de carácter político. Implica resistir la tentación del aplauso fácil, del titular estridente y de la ley innecesaria. Implica asumir el costo de decidir, ejecutar y sostener políticas públicas que funcionan, aunque no siempre hagan ruido. Ese es el contraste real entre gobernar y administrar discursos.  Es lo que ha estado haciendo el PNP desde el Capitolio y desde la Fortaleza.

El modelo republicano que ha guiado la gestión del PNP parte de una convicción sencilla, cuando el Estado hace bien su trabajo, no estorba. Coordina, ordena y deja que la economía se mueva. No promete milagros ni vende sueños platónicos. Por el contrario, produce resultados. En tiempos donde muchos confunden liderazgo con retórica, ordenar para crecer es, en sí mismo, un acto de liderazgo.

Gobernar no es castigar al que produce ni sospechar del que invierte. Gobernar es crear condiciones para que el sistema funcione. Cuando se entiende eso, el crecimiento no se proclama, se ve.