Piden investigación federal por cobros municipales a proyectos de reconstrucción en Puerto Rico

La organización conservadora Frontiers of Freedom solicitó una investigación federal sobre el cobro de arbitrios de construcción, patentes, penalidades e intereses a proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales en Puerto Rico, al advertir que la práctica podría estar desviando recursos destinados a obras críticas de recuperación hacia las arcas municipales.

La petición fue dirigida a los inspectores generales del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal y del Departamento de Energía federal. La organización pidió que se investigue particularmente la situación en los municipios de Humacao y Guayama, aunque sostuvo que el mecanismo podría tener implicaciones más amplias en toda la isla.

Según Frontiers of Freedom, los fondos federales de recuperación fueron asignados para reconstruir infraestructura eléctrica, sistemas de agua, vivienda, instalaciones públicas y proyectos energéticos, no para convertirse en una fuente de ingresos municipales. La entidad alegó que algunos municipios están imponiendo o intentando imponer contribuciones locales sobre obras sufragadas con fondos federales, lo que, a su juicio, aumenta los costos de reconstrucción y puede retrasar proyectos esenciales.

El señalamiento surge en medio de controversias relacionadas con la Ley 215-2024, que enmendó el Código Municipal de Puerto Rico. De acuerdo con la carta, esa legislación permite a los municipios cobrar arbitrios de construcción aun cuando el dueño del proyecto sea una entidad pública o privada exenta, si la obra es realizada por un contratista o contribuyente en nombre de esa entidad.

La organización sostuvo que Humacao y Guayama ya han reclamado pagos contra Cobra Acquisitions, empresa que participó en trabajos de restauración del sistema eléctrico luego del huracán María. Frontiers of Freedom planteó que el caso de Cobra es el ejemplo más visible, pero no necesariamente el único, de una práctica que podría impactar proyectos financiados por FEMA, HUD y el Departamento de Energía.

En la carta, la entidad pidió que los inspectores generales determinen si fondos federales han sido utilizados directa o indirectamente para pagar esos impuestos, cargos, penalidades o intereses. También solicitó identificar si contratistas han incorporado esos costos en sus propuestas para proyectos federales, lo que podría trasladar el impacto económico al contribuyente estadounidense.

Frontiers of Freedom advirtió que, si los municipios logran cobrar esos arbitrios o patentes sobre obras federales, el efecto práctico sería que los fondos asignados por el Congreso para recuperación terminen cubriendo gastos municipales que no formaban parte del propósito original de las asignaciones.

La controversia también ha sido objeto de señalamientos por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta ha expresado que la Ley 215-2024 levanta preocupaciones bajo PROMESA y el Plan Fiscal certificado, particularmente por su impacto en los procesos competitivos municipales y por permitir la imposición de cargas contributivas a proyectos financiados con fondos estatales o federales.

En una comunicación enviada en junio a la Federación y a la Asociación de Alcaldes, la Junta advirtió que los municipios no deben implementar las leyes 141-2024 ni 215-2024 hasta que se determine que cumplen con PROMESA y con los planes fiscales aplicables. La Junta también señaló que el cobro de impuestos municipales a proyectos federales podría ser visto por el gobierno federal como un uso indebido de fondos y provocar que la reconstrucción de Puerto Rico sea considerada más costosa o ineficiente.

Frontiers of Freedom pidió a las agencias federales abrir o ampliar una revisión sobre los cobros municipales en Humacao y Guayama, cuantificar cuánto dinero federal ha estado expuesto o ha sido pagado por concepto de arbitrios, patentes, penalidades o intereses, y coordinar con la Junta de Supervisión Fiscal cualquier determinación sobre proyectos con fondos mixtos de FEMA, CDBG-DR, CDBG-MIT o del Departamento de Energía.

La organización también solicitó que, mientras se investiga, se pause o condicione cualquier reembolso federal relacionado con proyectos donde los municipios estén cobrando o incorporando esos impuestos a los costos de construcción.