PROMESA y la Transformación Económica bajo el PNP

En la audiencia más reciente en el Congreso sobre PROMESA vuelve a recordarnos la gran pregunta que define nuestro tiempo: ¿qué somos y a dónde vamos? El propósito de este escrito es hacer un resumen de la cadena de eventos que han permitido que desde el 2016 a la fecha, hayan sido administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), los responsables de la transformación económica y fiscal de Puerto Rico. Veamos:

El 30 de junio de 2016, se aprobó la Ley Pública 114-187, Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’, (‘‘PROMESA’’, por sus siglas en inglés) la cual fue promulgada de conformidad con la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual confiere al Congreso la potestad de disponer y establecer todas las reglas y reglamentos que sean necesarios para los territorios. Dicho organismo representa la más clara manifestación de la situación colonial de Puerto Rico, la cual solo defiende un sector político en la Isla; el Partido Popular Democrático (PPD). 

Por más que el PPD y su reciclada versión del “Nuevo ELA o Nuevo Pacto”, intenten mentirle al pueblo, el diseño constitucional de los Estados Unidos es claro: una vez un territorio se convierte en estado, adquiere soberanía interna garantizada por el (Art. IV, Sec. 4).  En la práctica, cuando ciudades (y hago énfasis en ciudades) como Nueva York, Detroit o Cleveland enfrentaron crisis fiscales, fue cada estado —usando su poder soberano— el que creó juntas de control fiscal para municipios, dependencias o ciudades. El Congreso Federal no tiene autoridad para intervenir directamente sobre un estado y tomar control de su gobierno. Hacerlo violaría la Décima Enmienda y rompería el balance federalista que protege la autonomía estatal. 

En muchas ocasiones, la oposición política sufre de lapsos de amnesia selectivas especialmente cuando de reconocer los logros el PNP se trata. Intencionalmente omiten que desde el año 2017 al presente (y con segura revalidación en 2028), han sido administraciones del PNP las que lograron la reestructuración de la deuda pública más grande de cualquier jurisdicción en EEUU. Desde batallas en tribunales por nuestros retirados, hasta la oposición firme por el intento de recortes a mansalva propuestos por la JSF, ¡Ha sido el PNP quien ha puesto al pueblo primero! Cónsono con lo anterior, pasemos a mencionar tan solo algunas de las reestructuraciones de deuda que se han logrado bajo el liderato del PNP. 

Mayo 2017: Reestructuración BGF 

•Se redujo la deuda de $5 mil millones en más de $2 mil millones, dejando un saldo de alrededor de $3 mil millones, lo que representa una reducción del 45% en el valor nominal de las reclamaciones..

•El efecto de la reestructuración benefició a los municipios al compensar los préstamos que debían al BGF con el total de sus depósitos en dicha institución.

Febrero 2019: Reestructuración de COFINA

•Se redujo la deuda de COFINA de $18 mil millones a $12 mil millones.

•Se redujeron los pagos de servicio de deuda en un 32%, lo que representa un ahorro aproximado de $17.5 mil millones para el pueblo de Puerto Rico, recursos que ahora estarán disponibles para las necesidades financieras del gobierno central.

Agosto 2019: Reestructuración AAA

•Se redujeron los pagos del servicio de deuda de la AAA en los préstamos del programa federal en aproximadamente $380 millones durante los próximos diez años.

•Se eliminaron aproximadamente $1 mil millones en reclamaciones de garantía contra el Gobierno de Puerto Rico.

•Se otorgó acceso a la AAA a $400 millones en nuevos fondos federales mediante diversos programas de agua potable durante los próximos cinco años, apoyando el esfuerzo continuo de mejorar la calidad y seguridad del agua para el pueblo de Puerto Rico.

Marzo 2022: Reestructuración deuda de Gobierno Central

• Conforme al Título III de la Ley PROMESA, el 28 de enero de 2022 fue confirmado el Plan de Ajuste de la Deuda (en adelante “PAD”) del Gobierno de Puerto Rico, luego de un extenso proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, se presentó ante la juez Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, el Plan de Ajuste de la Deuda, el cual puso fin a la quiebra del gobierno central reduciendo en un 78% el monto de la deuda, de $34,000 millones a $7,400 millones. 

Octubre 2022:  Reestructuración deuda Autoridad de Carreteras

•Redujo las reclamaciones de la ACT de $6.4 mil millones en más de un 80%, generando un ahorro de más de $3 mil millones en pagos del servicio de deuda para Puerto Rico.

•El Plan de Ajuste creó una base financiera sólida para asegurar el mantenimiento y mejora de las carreteras y del sistema de transportación pública. 

Junio 2025: Primer Presupuesto balanceado certificado por la Junta de Supervisión Fiscal

Tan reciente como el pasado 25 de junio del presente año, por primera vez en la historia reciente de Puerto Rico (desde la imposición de la JSF) la Gobernadora Jennifer Gonzalez firmó el primer presupuesto balanceado certificado, producto del trabajo en conjunto con la mayoría legislativa del PNP. Como expresó la Gobernadora: “Este presupuesto refleja un nuevo rumbo para Puerto Rico, donde la transparencia y la planificación marcan la diferencia”. La firma del presupuesto simboliza un logro político y administrativo clave, en un contexto donde las finanzas de la Isla han estado bajo una estricta supervisión desde la implementación de la Ley PROMESA. Con esta acción, se proyecta un año fiscal con mayor previsibilidad para las agencias de gobierno, las inversiones en infraestructura y los programas sociales, mientras se continúa pagando la deuda pública conforme a los acuerdos ya establecidos.

Durante la audiencia del día de ayer pudimos escuchar como el propio Director Ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, manifestó ante preguntas de algunos de los congresistas el excelente trabajo que está realizando la Gobernadora, Jennifer Gonzalez Colón, en materia fiscal y presupuestaria, reconociendo incluso la colaboración y trabajo en conjunto para lograr el cese de PROMESA en nuestra Isla. 

Hoy nuestra Gobernadora enfrenta ese dilema con claridad. Ha reiterado su compromiso de que Puerto Rico salga de la Junta, para recuperar nuestra dignidad democrática hacia el camino a la estadidad. La actual administración tiene el compromiso de tomar todas aquellas decisiones que permitan p comenzar la transición de un Puerto Rico Post-PROMESA conforme la Sección 209 de dicha ley, por el bien de Puerto Rico y las futuras generaciones.