
En los últimos años, se ha normalizado el uso del término “país” para referirse a Puerto Rico. Se escucha en medios de comunicación, se lee en comunicados oficiales, en los discursos políticos y se repite constantemente en conversaciones casuales. Pero decir que Puerto Rico es un país no lo convierte en uno. Al contrario, es una afirmación peligrosa, porque niega nuestra realidad política, perpetúa el engaño colectivo y debilita la lucha por la solución correcta, la Estadidad.
Puerto Rico no es un país porque no ejerce soberanía. Es un territorio no incorporado bajo la jurisdicción plenaria del Congreso de los Estados Unidos. Es una colonia. Esa es la verdad jurídica y política que muchos evaden. Mientras no la enfrentemos, seguiremos postergando nuestra oportunidad de lograr igualdad plena dentro de la nación a la que ya pertenecemos.
Muchos argumentan que en Puerto Rico se vive como ciudadanos de segunda clase. Esa frase es poderosa, pero es jurídicamente imprecisa. La realidad es que solo existe una ciudadanía americana. Nuestra ciudadanía es la misma que la de cualquier otro nacido en un estado. Una prueba de ello es que, al mudarnos a cualquiera de los 50 Estados de la unión, nuestros derechos se activan y ejercen en igualdad de condiciones.
El problema no está en nuestra ciudadanía, el problema está en el territorio. La desigualdad que vivimos no es entre ciudadanos, sino entre los espacios donde residen esos ciudadanos. Las limitaciones al derecho al voto presidencial, la falta de representación con voto en el Congreso y las restricciones en fondos federales son resultado directo de la condición colonial del suelo puertorriqueño, no de una ciudadanía inferior.
Y eso es precisamente lo que hace tan urgente esta discusión, todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico —sin importar su raza, género, origen o ideología— viven bajo un sistema desigual por razón del territorio en que habitan. Si cualquier ciudadano nacido y criado en Texas, Florida o New York se muda a Puerto Rico, también sufrirá las mismas restricciones. No perderá su ciudadanía,perderá los derechos que se ejercen plenamente en los estados, pero que aquí dependen del Congreso.
Decir que Puerto Rico es un país es más que un error retórico. Es ignorar esta verdad. Es repetir una narrativa que adormece, en vez de despertar. Si los puertorriqueños conocieran en detalle esta situación, vivirían ofendidos. Ofendidos, no porque nuestra ciudadanía sea distinta, sino porque aquí no se puede ejercer en su plenitud. Ofendidos porque, por vivir en esta isla, millones de ciudadanos americanos quedan sujetos a una estructura de poder desigual, impuesta y sin consentimiento.
Por eso, debemos estar conscientes de que Puerto Rico no es un país. Es un territorio americano, una colonia sin poder político real. Esa condición solo puede superarse con la incorporación plena a la nación como estado. Ese es el camino hacia la verdadera igualdad. No debemos redefinir lo que somos, sino reclamar lo que nos corresponde por derecho.