Puerto Rico, seguridad nacional y el silencio que también habla
“El colapso institucional de Venezuela no fue un accidente histórico, fue el resultado previsible de un modelo político”


Puerto Rico no está al margen de los eventos que hoy redefinen la seguridad del Caribe y del hemisferio. Como parte de los Estados Unidos, la Isla es un activo estratégico y un componente operativo del esquema se seguridad nacional. Somos un actor principal cuando el gobierno federal actúa para enfrentar amenazas reales vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado y a regímenes que han convertido al Estado en una plataforma criminal.
Así lo han reconocido consistentemente líderes con una visión clara del rol federal de Puerto Rico. Nuestra Gobernadora, Jenniffer González Colón y los líderes de nuestra Asamblea Legislativa Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez Núñez, han sido firmes en sostener que la fortaleza de Puerto Rico surge precisamente de su integración a la Nación y de la protección que ello conlleva en materia de seguridad nacional, defensa y estabilidad regional.
Ese contraste también obliga a examinar con seriedad a sectores políticos que durante años romantizaron o justificaron al régimen venezolano. No se trata de silencios coyunturales, sino de trayectorias políticas concretas. El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño defendió, acompañó y legitimó internacionalmente al chavismo cuando ya era evidente su deriva autoritaria.
Durante años, figuras de ese movimiento participaron activamente en reuniones políticas con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, legitimando internacionalmente a un régimen que hoy el mundo reconoce como un narco-estado. Más aún, algunos pretendieron beneficiarse políticamente de esa relación, presentando a Venezuela como modelo, como aliado ideológico. Ese expediente no desaparece porque hoy resulte incómodo. Tampoco se borra porque la realidad haya alcanzado a quienes prefirieron mirar hacia otro lado mientras el régimen venezolano destruía sus instituciones, expulsaba a millones de ciudadanos y se financiaba mediante redes criminales transnacionales.
Precisamente por eso, la acción firme del gobierno federal no es un acto de ideología. Es una política pública de seguridad nacional. Responde a la necesidad de proteger el perímetro estratégico de Estados Unidos y de enfrentar estructuras criminales que operan más allá de fronteras. En ese contexto, Puerto Rico vuelve a ocupar el lugar que le corresponde; una pieza clave del sistema de defensa del Caribe.
La reactivación de actividad militar estratégica en Puerto Rico no debe interpretarse como militarismo ni como amenaza. Es una reafirmación de nuestro valor como parte de la Nación. Es protección aérea, control marítimo, inteligencia compartida y capacidad de respuesta. Es estabilidad para nuestra economía, nuestro comercio y nuestro turismo.
Para el pueblo venezolano, este momento tiene un significado profundo. No es una promesa inmediata de prosperidad, pero sí una ruptura con la impunidad. Es el mensaje claro de que el mundo democrático no está obligado a tolerar gobiernos que se sostienen en el narcotráfico, la corrupción y la represión. Es la apertura de una posibilidad real de reconstrucción institucional y de recuperación de la dignidad cívica.
Puerto Rico entiende ese lenguaje porque vive bajo el Estado de derecho. Porque sabe lo que significa la estabilidad democrática. Porque conoce el valor de pertenecer a una Nación que, cuando decide actuar, lo hace con capacidad real.
Mientras algunos callan para no rendir cuentas de su pasado, otros asumen con claridad el presente. En materia de seguridad nacional y de valores democráticos, el silencio también es una posición. Hoy, ese silencio dice más de lo que muchos quisieran admitir.


