Radican cargos criminales contra exdirectora de la Autoridad de Tierras por malversación de fondos públicos
El Panel del FEI imputa delitos de corrupción relacionados con proyecto en Guaynabo
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunció la radicación de denuncias criminales contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, así como contra José M. Huertas Torres y su empresa 3T Industrial & General Contractor, por presunta malversación de fondos públicos y otras violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
Los Fiscales Especiales Independientes Zulma Fuster Troche, Fabiola Acarón Porrata Doria y Ramón Mendoza Rosario presentaron las denuncias ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, donde la juez superior Irmarie Cintrón Alvarado encontró causa probable en todos los cargos contra los imputados.
De acuerdo con la información oficial, las acusaciones surgen de una pesquisa relacionada con el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras. La investigación detectó irregularidades en el manejo de $7 millones en fondos públicos, de los cuales $1.2 millones correspondían a un proyecto de canalización en la Quebrada Margarita de Guaynabo. Según el PFEI, esa porción es solo una parte del monto total bajo investigación, que continúa en curso.
El informe detalla que los imputados habrían usado propiedad pública con fines personales y permitido la utilización de fondos públicos para propósitos contrarios a la ley, en violación de múltiples disposiciones penales.
Los delitos imputados incluyen negligencia en el cumplimiento del deber (Art. 263), lavado de dinero (Art. 221), apropiación ilegal agravada (Art. 182), fraude (Art. 202), apropiación ilegal de identidad (Art. 209), falsificación de documentos (Art. 211), falsedad ideológica (Art. 212), archivo de documentos falsos (Art. 216), perjurio (Art. 269), impedimento de testigos (Art. 281), tentativa de destrucción de pruebas (Art. 285) y fraude o engaño sobre testigos (Art. 282).
El Panel del FEI indicó que estas radicaciones se producen tras acoger una recomendación previa del Departamento de Justicia de Puerto Rico, y reafirmó su compromiso con “la integridad y la justicia por un mejor gobierno”.
“Las actuaciones contrarias a la ley que involucren fondos públicos serán investigadas y procesadas con todo el rigor que el ordenamiento exige”, sostuvo el PFEI en comunicación escrita.
La pesquisa continuará activa mientras se evalúan otros hallazgos vinculados a la presunta malversación del resto de los fondos asignados al proyecto.
