Reichard & Escalera rechaza señalamientos sobre decretos contributivos

El bufete Reichard & Escalera rechazó este jueves que su trabajo profesional en asuntos de incentivos económicos pueda ser equiparado con contratación pública de servicios, en medio de la controversia generada por las declaraciones juradas radicadas por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, contra el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard.

En declaraciones escritas, la firma legal afirmó que los decretos y contratos de incentivos “no constituyen contratación pública de servicios” ni representan trabajo realizado por empresas privadas o sus representantes para el Gobierno. Según el bufete, esos instrumentos son mecanismos utilizados por el Estado para adelantar su política económica a cambio de inversión, creación de empleos y actividad en sectores como farmacéuticas, dispositivos médicos, servicios de exportación, turismo y energía.

“Nuestra participación profesional se limita a la representación legal y contributiva de clientes privados conforme al marco legal aplicable. Nuestra representación legal siempre se ha llevado a cabo cumpliendo con la ley, los reglamentos aplicables y los cánones éticos que rigen nuestra profesión”, expresó Reichard & Escalera.

Las expresiones surgen luego de que Domenech Fernández presentara dos declaraciones juradas ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental contra Negrón Reichard, a quien le imputa presuntos conflictos de interés relacionados con trámites de incentivos y decretos contributivos.

Según reportes publicados, Domenech alegó que actuaciones de Negrón Reichard habrían beneficiado con más de 74 millones de dólares a por lo menos cinco clientes del bufete Reichard & Escalera, firma vinculada a Héctor Reichard de Cardona, abuelo del exsecretario del DDEC.

El secretario de la Gobernación también alegó que Negrón Reichard no se habría inhibido adecuadamente de asuntos relacionados con clientes del bufete, pese a que, según los señalamientos, existían posibles conflictos de interés por los vínculos familiares y profesionales.

Reichard & Escalera, sin embargo, sostuvo que las alegaciones entre funcionarios y exfuncionarios de la actual administración “no caracterizan adecuadamente” la naturaleza de su trabajo profesional.

“Como abogados de estas empresas, con esta y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede”, indicó la firma.

El bufete añadió que su departamento de asuntos contributivos ha representado por décadas a participantes del programa de incentivos de Puerto Rico y que muchos de sus clientes han tenido decretos bajo distintas administraciones.

“Nuestros abogados han asesorado a empresas acogidas a estos programas desde la década de 1990, contribuyendo a iniciativas vinculadas con miles de millones de dólares en inversión local y la creación de miles de empleos”, sostuvo la firma.

La controversia entre Domenech y Negrón se produce semanas después de la renuncia del exsecretario del DDEC, quien dejó el cargo alegando pérdida de confianza e intervenciones indebidas en funciones de la agencia. Negrón también acudió al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente con señalamientos contra Domenech, relacionados con alegadas gestiones del secretario de la Gobernación en asuntos bajo la jurisdicción del DDEC.

Domenech, por su parte, respondió con sus propias declaraciones juradas ante las autoridades, elevando la controversia a una nueva etapa en los foros investigativos.

La gobernadora Jenniffer González Colón había expresado previamente que la renuncia de Negrón la tomó por sorpresa y defendió el desempeño del exfuncionario al frente del DDEC, aunque el caso ha continuado escalando con señalamientos cruzados entre exfuncionarios y miembros de la administración.

Reichard & Escalera pidió que las controversias públicas sean atendidas en los foros correspondientes y que no afecten la estabilidad de los esfuerzos de desarrollo económico en Puerto Rico.

“Confiamos en el profesionalismo e imparcialidad de la prensa del país y esperamos que las controversias públicas que han dado lugar a alegaciones por personas que no forman parte de nuestra firma se atenderán en los foros correspondientes, sin afectar la estabilidad, continuidad y credibilidad de los esfuerzos de desarrollo económico en la Isla”, expresó el bufete.

La firma, fundada en 1983, indicó que estas serán sus únicas expresiones públicas sobre el asunto.