Reunión en DC marcó el colapso del caso contra Wanda Vázquez

La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced presentó hoy una moción informativa ante el Tribunal Federal para “aclarar el récord” sobre las negociaciones que llevaron a su acuerdo por un delito electoral, rechazando de forma categórica que el mismo fuera producto de “directrices de Washington” o de algún tipo de favoritismo político.

En el extenso escrito, los abogados sostienen que el cambio en la postura de la Fiscalía se debió exclusivamente a nueva evidencia exculpatoria descubierta tras 22 meses de investigación independiente, la cual —según argumentan— derrumbó la teoría de conspiración incluida en la acusación original.

La defensa de Wanda Vázquez Garced describió la reunión clave del 30 de mayo de 2025 en la sede del Departamento de Justicia en Washington, D.C., la cual —según sus abogados— marcó un antes y un después en el caso.

De acuerdo con el escrito, a la reunión asistieron altos funcionarios federales, entre ellos Aakash Singh (Associate Deputy Attorney General), Vance Day (Senior Counsel to the Deputy Attorney General), el fiscal federal para Puerto Rico Stephen Muldrow, el jefe de la División Criminal Timothy Henwood y el fiscal Nicholas W. Cannon de la División de Integridad Pública. Por parte de Vázquez, estuvo su abogado principal Luis Plaza Mariota, mientras que el coacusado Julio Herrera Velutini estuvo representado por Christopher Kise y otros abogados.

La defensa asegura que Singh inició el encuentro con una postura firme: “El pliego acusatorio no será desestimado”. Sin embargo, durante más de siete horas, Plaza presentó evidencia y testimonios que —según sostiene— demostraban la ausencia de cualquier “pro” en un quid pro quo, debilitando la acusación inicial.

Entre los hallazgos que, según la defensa, convencieron a fiscales y altos funcionarios del Departamento de Justicia de que el caso “ya no era viable” se destacan:

•La decisión de destituir al comisionado George Joyner fue tomada en noviembre de 2019, meses antes de cualquier alegado contacto con el banquero Julio Herrera Velutini, lo que haría imposible un quid pro quo bajo el precedente legal McCormick.

•Testimonios de testigos del propio gobierno que negaron conversaciones impropias en las tres reuniones entre Vázquez y Herrera, incluyendo la denominada “reunión crítica” en el hotel Vanderbilt.

•Registros de asistencia que evidenciarían el absentismo crónico de Joyner como causa de su despido.

•La ausencia total de mensajes, correos electrónicos u otras comunicaciones que evidenciaran un acuerdo ilícito, tras revisar aproximadamente 65 millones de documentos.

•Que una encuesta política presentada como “prueba clave” por la fiscalía nunca llegó al equipo de campaña de Vázquez y terminó beneficiando a su adversario primarista.

Según la moción, en un momento crucial Singh preguntó a los fiscales: “¿Y aún así decidieron acusar?”, a lo que estos respondieron: “Nos arriesgamos”. Finalmente, tras escuchar toda la presentación, Singh habría concluido que “la acusación ha colapsado y ya no es viable”. A partir de ahí, se iniciaron las negociaciones que llevaron al acuerdo de culpabilidad semanas después.

La moción también acusa a la fiscalía y al FBI de haber creado, desde el día del arresto, una “narrativa falsa” de enriquecimiento personal por $300,000, cuando el propio acuerdo estipula que las contribuciones alegadas —de entre $15,000 y $25,000— nunca se recibieron y eran para el comité político, no para uso personal.

El documento concluye que el resultado del caso fue fruto de “juicio profesional, no de presiones externas”, y que las especulaciones judiciales sobre influencias políticas han provocado daños reputacionales adicionales a la exgobernadora.