Rodríguez Veve refiere a Justicia Federal a OPM por alegada filtración de querella confidencial

La senadora independiente por acumulación, Joanne Rodríguez Veve, anunció este lunes que refirió al Departamento de Justicia Federal a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) por la presunta divulgación ilegal del contenido de una querella anónima por violencia de género, en la que ella y sus hijos menores son mencionados como supuestas víctimas. La legisladora sostiene que la Procuradora, Lcda. Astrid Píñero, confirmó públicamente la existencia de la querella, lo que -según Rodríguez Veve- constituye una violación a la Ley federal de Violencia contra la Mujer (VAWA).

En una carta dirigida a la secretaria de Justicia Federal, Pamela Bondi y a la Oficina de Violencia contra la Mujer de dicho departamento, Rodríguez Veve argumenta que la divulgación del contenido de la querella representa un incumplimiento del deber de confidencialidad que tienen las agencias que reciben fondos federales. Señaló, además, que la información publicada incluye su identidad, número de teléfono, correo electrónico y detalles de las alegaciones, lo que en su opinión pone en riesgo su seguridad y la de sus hijos.

La legisladora recordó que el 20 de agosto de 2025 se radicó la querella anónima ante la OPM y que, dos días después, esa información fue divulgada de manera pública. Indicó también que tanto la policía como la OPM no han ofrecido hallazgos significativos sobre el origen de la filtración, a pesar de que ella solicitó formalmente una investigación interna desde agosto.

Rodríguez Veve advirtió que la divulgación de querellas de violencia de género puede tener un efecto disuasivo sobre futuras víctimas que dependen de la confidencialidad del sistema. “La gravedad de esta violación exige acción federal rápida y firme”, expresó en la carta. Alegó que el manejo inadecuado de la información por parte de la OPM afecta la integridad de una agencia que administra fondos de VAWA y que está obligada por ley a proteger los datos de las víctimas.

La senadora solicitó a Justicia Federal una investigación completa que incluya determinar el origen de la divulgación, evaluar si la OPM cumplió con los protocolos de confidencialidad, y establecer si deben tomarse medidas correctivas o sanciones. También advirtió que la filtración podría conllevar la terminación de fondos federales, responsabilidades civiles o incluso consecuencias penales.