San Juan pide desacato contra la AAA y reclama intervención urgente del tribunal por crisis de agua
El Municipio alega que se incumplió una sentencia para estabilizar el servicio de agua y pide al tribunal el nombramiento de un comisionado especial

Foto de archivo

El Municipio Autónomo de San Juan solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declare en desacato a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a su presidente ejecutivo, el ingeniero Luis González Delgado, por alegado incumplimiento de una sentencia que había dado paso a un acuerdo para estabilizar el servicio de agua potable en la capital.
La moción urgente sostiene que la AAA no habría ejecutado de forma oportuna varias determinaciones operacionales relacionadas con el manejo de válvulas, en medio de una crisis de servicio que, según el municipio, se ha extendido por once meses y ha afectado a residentes, comercios, hospitales, escuelas, hoteles e industrias en San Juan.
El recurso judicial surge dentro de un pleito iniciado por el municipio contra la AAA y su presidente ejecutivo por interrupciones reiteradas, bajas presiones y falta de información sobre el restablecimiento del servicio de agua potable. Como parte del caso, las partes habían alcanzado el 8 de junio una Estipulación Transaccional, acogida por el tribunal, que creó un Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua integrado por el ingeniero Roberto W. Martínez Toledo, en representación del municipio, y el ingeniero Esteban Fuentes Vázquez, en representación de la AAA.
Según la moción, ese comité debía tomar determinaciones técnicas y operacionales para restablecer el servicio, incluyendo ajustes manuales en válvulas del sistema. El municipio alega que la AAA quedó obligada a documentar e informar de inmediato cualquier manipulación de válvulas, incluyendo cuántas vueltas se realizaron, si fueron abiertas, cerradas o estranguladas, quién ejecutó la operación y la fecha y hora de la intervención.
El municipio afirma que, luego de reuniones entre las partes el 18 de junio, el trabajo coordinado del comité comenzó a rendir resultados. De acuerdo con la moción, entre el 22 y el 27 de junio sectores de San Juan que habían sufrido interrupciones prolongadas recuperaron el servicio con presiones adecuadas. Sin embargo, el municipio sostiene que esa mejoría se interrumpió abruptamente desde la noche del 24 de junio, cuando el sistema volvió a deteriorarse y numerosos sectores regresaron a la falta de agua o a presiones insuficientes.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la operación de la llamada válvula Plan B. La moción indica que el 30 de junio, a las 5:26 a.m., el ingeniero Martínez Toledo recomendó abrirla tras observar que el tanque TWST de Toa Baja mantenía niveles adecuados, estimados en aproximadamente 22 pies. Según el municipio, esa apertura podía mejorar el servicio en sectores de San Juan que continuaban sin agua o con baja presión desde el fin de semana.
El documento judicial señala que, horas más tarde, la AAA respondió que estaba “evaluando las operaciones” antes de tomar una decisión final. Para el municipio, esa respuesta constituyó una dilación contraria al acuerdo judicial, particularmente porque la estipulación establecía que el tiempo era un elemento esencial y que las determinaciones del comité sobre ajustes de válvulas serían vinculantes para la AAA.
La moción también menciona un incidente ocurrido el 29 de junio, cuando el propio representante de la AAA en el comité, el ingeniero Fuentes Vázquez, habría instruido el cierre del Caño y la toma de presiones en Ocean Park e Isla Verde. Según el municipio, el intercambio posterior en el chat del comité reflejaría que esa instrucción no fue ejecutada oportunamente por personal operacional de la corporación pública.
Ante esos alegados incumplimientos, el municipio notificó formalmente a la representación legal de la AAA el 30 de junio a la 1:57 p.m. y le concedió un término improrrogable de cinco horas para subsanar la situación. Entre las exigencias incluidas en esa notificación estuvieron la apertura de la válvula Plan B, la ejecución del cierre del Caño, la adopción de medidas para garantizar que el personal operacional cumpla las directrices del comité, la entrega de un listado de operaciones de válvulas y una explicación técnica sobre el retroceso observado desde el 24 de junio.
El municipio sostiene que, vencido ese término, la AAA y su presidente ejecutivo no habían corregido los incumplimientos señalados. Por ello, solicitó al tribunal que cite a la corporación pública y a su presidente a una vista de desacato, que los declare incursos en desacato civil y que imponga sanciones económicas progresivas si persiste el incumplimiento.
Además del desacato, San Juan pidió la designación de un Comisionado Especial con conocimiento técnico en sistemas hidráulicos para supervisar el cumplimiento de la sentencia, fiscalizar la ejecución de las determinaciones del comité, documentar las operaciones y rendir informes periódicos al tribunal. El municipio argumenta que la controversia involucra un sistema de agua complejo que impacta a San Juan, Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, Toa Baja, Trujillo Alto, Loíza y Canóvanas, por lo que requiere conocimiento altamente especializado.
En su escrito, el municipio caracteriza la situación como una crisis humanitaria y de salud pública. Alega que la falta de un servicio de agua potable “adecuado, continuo y confiable” ha obligado al ayuntamiento a distribuir agua, establecer oasis y utilizar reservas de emergencia originalmente destinadas a fenómenos atmosféricos y desastres naturales.
La moción concluye solicitando que el tribunal declare con lugar el recurso, nombre un Comisionado Especial y señale una vista de desacato contra la AAA y su presidente ejecutivo.




