El retiro de la nominación de la licenciada Verónica Ferraiuoli a la Secretaría del Departamento de Estado representa una lamentable situación, tanto política como administrativa, para la gestión de Jenniffer González. El país no merece esta crisis, que era previsible y evidencia lo poco efectiva que puede ser la gobernadora como líder y su incapacidad para trabajar en equipo por los mejores intereses de Puerto Rico. Lo que vivimos durante la semana pasada fue más que un ejercicio de pésimo manejo de comunicaciones; fue el retrato de una líder cegada por la arrogancia en el ejercicio del poder.
Ante esa realidad, la licenciada Ferraiuoli, de manera prudente, solicitó a la gobernadora el retiro de su nombramiento. Pero atención: Ferraiuoli se va del Departamento de Estado, no sin antes destituir al subsecretario Fernando Sánchez para nombrar, como interina, a la esposa del alcalde de Bayamón. Mientras tanto, Ferraiuoli permanece en la administración de Jenniffer González, dirigiendo el Distrito del Centro de Convenciones, con un salario anual de $200,000. Dicho salario fue aumentado como una de las primeras acciones de la Junta del Distrito del Centro de Convenciones, donde también tiene asiento su esposo, quien dirige la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Este potencial conflicto de interés perseguirá a esta administración durante los próximos cuatro años.
La ciudadanía está harta de políticos sin credibilidad al mando del gobierno. Las encuestas de diversos medios de comunicación y redes sociales son claras: la gran mayoría de los participantes expresa su descontento con una administración que apenas lleva cuatro meses en el poder. Mientras todo esto sucede, Puerto Rico enfrenta un servicio eléctrico deficiente, la amenaza de relevos de carga en el verano y la posibilidad real de recortes a programas de fondos federales bajo la administración de Trump, a quien la hoy gobernadora apoyó.
La pérdida de credibilidad de esta administración es algo sin precedentes en tan corto tiempo. Como resultado, por más que la licenciada Ferraiuoli —quien, cabe señalar, cuenta con la preparación necesaria— intentara aclarar su situación contributiva, la falta de credibilidad de su jefa política y la sombra de su esposo opacaron sus esfuerzos durante el proceso. Ferraiuoli vivió en tiempo real la improvisación de un gobierno incapaz de organizar una estrategia para lograr la confirmación del nombramiento más importante de Jenniffer González.
Peor aún, el mismo día de la vista en Comisión Total, La Fortaleza consideró prudente publicar el podcast de la gobernadora, Todo menos Política, en el que entrevista a su esposo en un formato exageradamente informal. Esta acción fue transformada en innumerables memes que han alimentado aún más la pérdida de credibilidad y la percepción de que estamos ante un gobierno sin prioridades y poco serio.
Mientras tanto, el gran contraste se ve precisamente en la capital federal, donde Pablo José Hernández Rivera se ha destacado como el comisionado residente con más medidas radicadas en sus primeros 100 días en la historia reciente. A diferencia de la gobernadora, todo el mundo tiene claro cuáles son las prioridades de Hernández Rivera: el desarrollo económico para todos, el acceso equitativo a fondos federales y la reconstrucción de la red eléctrica para beneficio de toda la ciudadanía. De hecho, Hernández Rivera ha radicado ya ocho proyectos de ley en sus primeros cien días, superando a González (7), Pierluisi (6) y Fortuño (2) en el mismo periodo de sus respectivas gestiones.
El cuatrienio apenas comienza, y el Partido Popular Democrático (PPD) asume, con un alto sentido del deber, su rol como principal —y en muchas ocasiones único— partido de oposición, trabajando en su refundación para convertirse en una alternativa de esperanza y futuro de cara al 2028.
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Por Manuel Calderón Cerame
Secretario General del Partido Popular Democrático
