Señalan posible sobrefacturación en contrato de vigilancia

El periodista Rafael Lenín López divulgó ayer en sus redes sociales un documento que levanta interrogantes sobre la facturación de servicios de seguridad a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en medio de nuevos señalamientos sobre presuntos movimientos para cambiar compañías de seguridad en agencias públicas.

En la publicación, López presentó una factura atribuida a la compañía West Security Services, Inc., dirigida a la AEP, correspondiente a la Región Mayagüez, por servicios prestados entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025. El documento identifica el contrato AEP-011 y refleja 720 horas facturadas bajo la descripción de “desarmado”, a una tarifa de $16.94 por hora, para un total de $12,196.80.

El señalamiento cobra relevancia porque, según la página oficial de la Administración de Servicios Generales (ASG), West Security Services figura como uno de los suplidores bajo el contrato de selección múltiple 22-2563 para servicios de vigilancia a entidades gubernamentales, exentas y municipios del Gobierno de Puerto Rico. Ese contrato aparece con vigencia desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027.  

Según la tabla original de precios del contrato, West Security Services aparecía con una tarifa de $12.84 por hora para guardia no armado. Sin embargo, documentos posteriores de ASG reflejan que esa tarifa fue ajustada por aumentos relacionados al salario mínimo en Puerto Rico.

Posteriormente, se estableció un aumento de $1.26 por hora para tiempo regular efectivo el 1 de julio de 2023 y otro aumento de $1.26 por hora efectivo el 1 de julio de 2024. Con ambos ajustes, la tarifa de $12.84 por hora subió a $15.36 por hora para guardia no armado.

Aún con esa tarifa ajustada, la factura divulgada por el periodista Rafael Lenín López refleja una tarifa de $16.94 por hora. De confirmarse que la tarifa aplicable era $15.36, la diferencia sería de $1.58 por hora.

En una factura de 720 horas, esa diferencia representaría aproximadamente $1,137.60 por encima de la tarifa ajustada que surge del expediente de ASG. Bajo ese cálculo, el servicio habría costado $11,059.20 si se hubiese facturado a $15.36 por hora, en lugar de los $12,196.80 reflejados en el documento divulgado.

El documento difundido por López también fue acompañado por señalamientos de que habría un “forcejeo” para cambiar compañías de seguridad en agencias como el Departamento de Salud, con el alegado propósito de favorecer a clientes de cabilderos vinculados al entorno gubernamental. Según la publicación, fuentes apuntan a una nueva campaña contra Génesis Security para favorecer a una empresa más cara y previamente señalada por sobrefacturación.

El contexto más reciente en el Departamento de Salud muestra que la agencia ya había enfrentado controversia por la contratación de servicios de seguridad. En julio de 2025, el entonces secretario de Salud, Víctor Ramos, explicó públicamente que inicialmente no se contemplaba renovar el contrato con Génesis Security como parte de una estrategia para buscar economías de escala, pero que luego de un análisis comparativo la agencia concluyó que dividir el contrato entre varias empresas resultaría más costoso. Por esa razón, Salud decidió renovar el contrato con Génesis Security.  

Génesis también ha estado vinculada a otras disputas de contratación pública. En 2025, la Junta Revisora de Subastas de la ASG paralizó un contrato millonario de seguridad en el Departamento de Educación tras una impugnación presentada por Génesis Security contra la adjudicación a GM Sectec Corp. En ese caso, se alegaron irregularidades en el proceso de subasta y se planteó que el contrato adjudicado representaba un aumento de $45 millones frente a la oferta presentada por Génesis.  

Hasta el momento, no surge del documento divulgado si la tarifa de $16.94 respondió a alguna enmienda contractual, acuerdo particular, cargo adicional autorizado o interpretación distinta de la tarifa aplicable. Sin embargo, la diferencia entre la factura y la tabla de precios de la ASG abre la puerta a cuestionamientos sobre los controles de facturación, la fiscalización de contratos de seguridad y el uso de fondos públicos en agencias gubernamentales.