Sebastián Negrón acusa bajo juramento a Domenech de intervenir en procesos del DDEC y obstaculizar pesquisa interna

El exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, acusó bajo juramento al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de desplegar un supuesto patrón de intervención en decisiones administrativas del DDEC, obstaculizar una evaluación interna sobre un contrato financiado con fondos federales y presionar para que se atendieran determinados decretos contributivos.

Las imputaciones forman parte de un expediente de 150 páginas juramentado el 9 de julio y entregado a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado. El paquete contiene una carta introductoria, un resumen de 14 señalamientos, una declaración jurada principal de 58 páginas y 23 anejos con mensajes, correos, cartas e informes administrativos.  

Negrón compareció por escrito en respuesta a una citación emitida bajo la Resolución del Senado 548. La medida ordenó investigar exhaustivamente las alegaciones contenidas en la querella que el exfuncionario presentó el 15 de junio sobre posibles delitos, intervenciones indebidas y conflictos de interés atribuidos a Domenech, a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y a otras personas.  

El origen: un contrato con fondos de FEMA

El foco central de la declaración está relacionado con el proceso competitivo RFP-DDEC-OGPe-2026-06, para la contratación de servicios profesionales de medios vinculados a la Oficina de Gerencia de Permisos y sufragados con fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Negrón sostuvo que dos empleadas del DDEC, Lissette Rodríguez Tomassini y Marisabel Rodríguez, le informaron que habían recibido presiones del entonces secretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y de la jefa de personal, Charlene Neuman Rivera, para favorecer la propuesta de JJ Investment Group.

Según el testimonio, a las empleadas se les habría transmitido que esa propuesta era la preferida de “Fortaleza” o de la gobernadora. Negrón indicó que no conocía a las empresas participantes y que, al recibir las confidencias, ordenó una evaluación administrativa independiente.  

Entre los documentos sometidos aparece un informe interno fechado el 15 de mayo. Ese informe dio credibilidad a los testimonios de las empleadas, identificó posibles irregularidades en el proceso de evaluación y recomendó cancelar el RFP, iniciar un nuevo procedimiento competitivo, evaluar medidas disciplinarias y hacer referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

La evaluación también planteó que la conducta atribuida a Almodóvar y Neuman podía ser incompatible con disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental y con normas internas del DDEC. Esas conclusiones administrativas, sin embargo, están sujetas al análisis de los organismos investigativos correspondientes.  

Negrón alegó que Domenech se opuso repetidamente a la remoción de ambos funcionarios, cuestionó la autoridad del DDEC para investigar el proceso y autorizó que se gestionara una opinión legal del Departamento de Justicia que habría limitado la jurisdicción del departamento sobre la OGPe.

También afirmó que, después de firmar suspensiones sumarias con paga contra Almodóvar y Neuman, el trámite fue detenido por instrucciones provenientes de La Fortaleza. De acuerdo con el expediente, el entonces director de Recursos Humanos del DDEC fue advertido de posibles consecuencias si procesaba las suspensiones.  

Decretos contributivos y Politank

Otro de los señalamientos se remonta al 18 de mayo, cuando Domenech acudió personalmente al DDEC. Negrón afirmó que el secretario de la Gobernación solicitó atención urgente para tres solicitudes de decretos contributivos que llevaban meses pendientes de información adicional.

Entre ellas figuraba el proyecto Opus Miramar. Según la declaración, el entonces director de la Oficina de Incentivos, Ernesto Zayas García, explicó que la solicitud no cumplía con ciertos requisitos del reglamento aplicable a los incentivos turísticos. Negrón sostuvo que Domenech insistió en que existía espacio para ejercer “discreción” y que tenía en su poder documentos pertenecientes al expediente administrativo del proyecto.

Posteriormente, Zayas García habría identificado a Politank como la firma de cabildeo que daba seguimiento al decreto de Opus Miramar. Domenech fundó esa compañía en 2010 y testificó ante el Senado que dejó de ser su dueño el 31 de diciembre de 2024, antes de entrar al gobierno. También manifestó que manejaba mediante un protocolo verbal cualquier asunto relacionado con antiguos clientes de la firma.    

Negrón pidió que se investigue si las gestiones sobre esos decretos representaron una intervención indebida o un potencial conflicto de interés. El exsecretario también incluyó alegaciones sobre instrucciones relacionadas con nombramientos en el DDEC, el uso de criterios político-partidistas para evaluar empleados de confianza y la supuesta eliminación de mensajes de Telegram relacionados con inhibiciones y procesos contractuales.  

Cuestiona declaraciones previas de Domenech

Negrón cuestionó varias afirmaciones incluidas en declaraciones juradas que Domenech presentó en su contra durante junio.

Entre ellas figuran la cronología de una solicitud de decreto contributivo presentada por la esposa de Negrón; el nombramiento de Ernesto Zayas García como director de Incentivos; una supuesta intervención de Negrón en más de $74.1 millones en contratos y beneficios; y los trámites relacionados con clientes vinculados al bufete Reichard & Escalera, donde el abuelo del exsecretario es socio.

Negrón sostuvo que la cifra de $74.1 millones mezcla contratos, decretos contributivos y otros tipos de trámites jurídicamente distintos. En su declaración afirmó que los contratos enumerados sumaban aproximadamente $41.1 millones y que varios habían sido negociados o firmados antes de que él asumiera la dirección del DDEC.

El exfuncionario pidió al Senado comparar las declaraciones de Domenech con los expedientes administrativos, las fechas de los contratos y las comunicaciones incluidas en los anejos. También solicitó que se evalúe si algunas de esas expresiones podrían constituir declaraciones falsas o perjurio. Esa calificación corresponde finalmente a las autoridades con jurisdicción y no ha sido adjudicada.  

Domenech presentó acusaciones propias

Domenech, por su parte, presentó anteriormente dos declaraciones juradas ante Justicia y Ética Gubernamental en las que acusó a Negrón de posibles actos de corrupción y conflictos de interés.

El secretario de la Gobernación alegó que el exjefe del DDEC no se inhibió adecuadamente de asuntos relacionados con clientes del bufete de su abuelo, con una solicitud contributiva de su esposa y con posibles intereses vinculados a Banco Popular, donde trabajó su padre. También le atribuyó intervenciones que supuestamente beneficiaron con más de $74 millones a clientes vinculados al referido bufete. Negrón ha negado esos señalamientos.  

El 9 de julio, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó a la exjueza superior Ana Paulina Cruz para realizar una investigación preliminar sobre las acusaciones de Domenech contra Negrón.

Paralelamente, continúa la investigación de fiscales especiales sobre los señalamientos originados por Negrón en torno al proceso competitivo de la OGPe y las actuaciones de otros funcionarios.

La gobernadora Jenniffer González ha favorecido que se investiguen las acusaciones de ambas partes, aunque ha cuestionado que el Senado sea el foro adecuado para realizar una pesquisa de naturaleza penal o ética. El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, ha defendido las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa para investigar.