Secretario del DRNA aplaude determinación de Justicia

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, aseguró este martes sentirse “reivindicado y tranquilo” tras la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en su contra por la firma de la Orden Administrativa 2025-001, relacionada con las casetas en La Parguera.

“Como lo he dicho anteriormente, siempre estuve tranquilo, como decía mi abuela, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Siempre estuve confiado en que iba a salir bien”, expresó Quiles Pérez al responder preguntas de la prensa.

El secretario confirmó que no fue entrevistado durante la investigación y que se enteró el lunes del contenido específico de los señalamientos en su contra. “Yo entiendo que con hacer las preguntas a las personas que llamaron se dieron cuenta que realmente aquí no había nada y eso fue lo que sucedió. Ciertamente pues es triste que se trate de manchar la reputación de una persona seria porque hay individuos que están tan acostumbrados a hablar de corrupción… y cuando tienen la integridad de frente no la pueden reconocer”, añadió.

Quiles sostuvo que la resolución del caso trae paz a sus familiares y allegados. “El cierre de este capítulo le trae tranquilidad a mis seres queridos, mis compañeros de trabajo, mis amigos… pues mira, ya se acabó y para afuera para la calle. No hay más nada que hacer”, afirmó.

Sobre la investigación interna en el DRNA relacionada con alegaciones de beneficio indebido a familiares de la gobernadora Jenniffer González Colón, indicó que él no interviene en ese proceso y que se mantiene al margen. “Desde el primer día que llegué allí he tenido como política no intervenir con los oficiales examinadores. Yo ni los conozco por nombre. Yo simplemente espero a que lleguen las determinaciones que ellos hagan en sus investigaciones y entonces procedo”, explicó.

En torno a posibles efectos de la orden firmada el 9 de enero sobre futuras concesiones en zonas marítimo terrestres, el secretario rechazó que se trate de un precedente permisivo. “Un problema que llevaba décadas se atendió. Esa gente no pagaba por estar en terrenos de dominio público, ahora van a pagar. Esto no quiere decir que ahora cualquiera puede hacer lo que le dé la gana”, afirmó.

A preguntas sobre preocupaciones expresadas por sectores que entienden que esta acción pudiera legitimar ocupaciones ilegales en otras zonas costeras, Quiles enfatizó que la decisión se tomó desde una visión amplia del ecosistema. “La Parguera… vamos a verlo como ecosistema completo, allí hay turismo, la gente le gusta ver las casetas… Es un asunto que va más allá. No es pagar y quedarte con eso para siempre”, señaló.

Detalló que cerca de 147 estructuras fueron identificadas bajo la orden administrativa, de las cuales unas 43 ya han sometido la documentación requerida. El resto solicitó una extensión del tiempo para cumplir con el proceso.

“La orden establece que estas estructuras van a estar allí hasta que los dueños ya no estén en este planeta. En ese momento no se permite hacer nada más allí. Entonces se verá si se eliminan o se remueven poco a poco”, expresó el titular del DRNA.

Sobre una supuesta situación ambiental con movimientos de terreno en el área oeste por parte de otros allegados a la mandataria, Quiles señaló que ese tipo de asunto es competencia de la Oficina de Gerencia de Permisos (OgPE). “Eso lo atiende la OgPE. No tengo conocimiento. Si hay desacuerdo, tienen que ir a hablar con OgPE y verificar si están haciéndolo sin permiso”, puntualizó.

La determinación de Justicia, revelada el lunes, surge tras una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC). Según la fiscal Sonia Martínez Ortiz, “no se halló prueba que sustentara una violación penal”. En el referido original sometido por el senador por acumulación Luis Javier Hernández Ortiz, se alegaron posibles irregularidades y trato preferencial en la firma de la orden.

“La determinación resulta lamentable. Nosotros nos sostenemos en que esta orden administrativa es ilegal… De un plumazo y para beneficio de la Gobernadora, Waldemar Quiles ignoró lo que advertía la División Legal del DRNA y pasados secretarios”, expresó Hernández Ortiz en declaraciones escritas.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) tendrá la última palabra sobre si acoge la recomendación de Justicia.