Senado avala expresión de rechazo a Junta de Control Fiscal

En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución del Senado 236 del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para expresar el más enérgico rechazo del Senado de Puerto Rico a la permanencia arbitraria de la Junta de Control Fiscal más allá de lo dispuesto en la Ley PROMESA; y reclamar acción inmediata del Congreso y del presidente de los Estados Unidos para su disolución.

“La Junta de Control Fiscal no entiende el rol cardinal de los gobiernos municipales, de los servidores públicos, de la necesidad de levantar una infraestructura para que Puerto Rico pueda realmente regresar a una vida normal y entonces ser atractivo para la inversión y ser competitivo a nivel mundial… La Junta tiene que cumplir con dos objetivos que son los cardinales de la Ley PROMESA, arreglar las finanzas y devolvernos al mercado, pero qué ha hecho la Junta de Control Fiscal y eso es lo que aquí no nos ha querido decir. En la Resolución del Senado 236, establece lo que la Junta llamó las 50 acciones dentro del plan fiscal. Van mucho más allá de lo que es la Ley PROMESA. Llega hasta el extremo de que se recupere una calificación crediticia de grado de inversión pero la Ley PROMESA no tiene ese requisito. Tampoco figura en la Sección 209… lo que la Junta de Control Fiscal ha procurado es perpetuarse”, destacó Rivera Schatz. 

La resolución, que tuvo el voto en contra de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, detalla cómo la Junta ha impuesto arbitrariamente una lista de 50 requisitos, no estipulados por la Ley PROMESA, como condición para su disolución. Además, resalta el fracaso de la Junta en resolver aspectos fundamentales como la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA), lo que continúa afectando negativamente a Puerto Rico.

En la misma línea, el líder senatorial sostuvo que “no debe haber un puertorriqueño, independientemente de cuál sea su preferencia de estatus, que esté conforme con que un ente que no fue electo por el pueblo de Puerto Rico decida o tenga la pretensión de establecer política pública a través del dinero, porque no pasa a través de la legislación… No hay una iniciativa de ellos para que Puerto Rico se abra al mercado ni de desarrollo económico, ninguna, y las finanzas la salvamos nosotros. El gobierno de Puerto Rico ha tomado medidas”. 

El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, en favor de la medida dijo que el Congreso de Estados Unidos reacciona a las emergencias y los problemas al igual que reaccionamos nosotros a los nuestros. “Si le damos la solución, son más hábiles en nuestro propósito común, que es eliminar la Junta de Control Fiscal. Pero esta expresión, tiene como nota el poder con la posición oficial del Senado de Puerto Rico, y eso pesa… En esta resolución debemos ir juntos”, sostuvo Ríos. 

También, se manifestó en apoyo el portavoz alterno de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. “Felicito al presidente por esta resolución… Aquí no decimos una cosa hoy y mañana decimos otra. No somos inconsistentes. Hemos sido consistentes. Tanto el presidente del Senado, como todos mis compañeros, han manifestado nuestro malestar con esta Junta de Control Fiscal que yo quiero que se vaya lo antes posible”. 

De igual manera, se expresó la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú. “Cuando nos vamos a la última sección de la Resolución 236 del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dice claramente que esta resolución, una vez se apruebe, se envía a traducir en inglés a Casa Blanca, Cámara, Senado, a la oficina del Government Accountability. Porque la resolución, cuando uno se sienta cautelosamente a leerla, lo que dice es que hay una extralimitación de facultades administrativas por parte de la Junta de Control Fiscal en comportamiento, donde todavía no han podido reestructurar la deuda de PREPA”.

Igualmente, habló en favor de la medida el senador independiente, Eliezer Molina Pérez. “Nos hemos unido a la medida porque los pueblos crecen ante la estirpe de las personas que los representan… Esta es una medida que no veo porque hay que oponerse. Aquí no se trata de pelear... Tenemos ante nosotros una medida que le está diciendo a los representantes del capital financiero basta, pero esto tiene que venir acompañado con acciones que vayan directas a la lucha económica”.

De otra parte, se le dio paso al Proyecto del Senado 476, medida de administración, para adoptar el “Código de Lactancia de Puerto Rico”; consolidar las diversas leyes, y normativas existentes; estableciendo una política pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de la lactancia materna. 

“La elaboración de este Código propicia, además, la educación y la diseminación de la información pues agrupa decenas de leyes en un solo documento, procurando mayor accesibilidad y alcance. Asimismo, este Código viene hacerle justicia a décadas de trabajo constante de organizaciones como como Centro Integral de Lactancia, la Liga de la Leche de Puerto Rico y Maternidad Feliz, quienes han dedicado incalculables esfuerzos, comprometidos con educar, fomentar, apoyar, sostener y promover la lactancia en Puerto Rico”, añade la medida. 

También, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 487, medida de administración, para enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; y la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de disponer que el Negociado de Investigaciones Especiales, tendrá jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera de adultos mayores en los que estén involucrados personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto o institución dedicada al cuido de adultos mayores durante las 24 horas del día o parte de éstas.

“Resulta necesario tomar acciones concretas con miras a la prevención e implementación de la legislación vigente. Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia que tiene la población de adultos mayores, y el asegurarle la tranquilidad en esta etapa de su vida. Por ello, considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunde en fortalecer las entidades del estado que puedan sumarse en los procesos investigativos, en aquellos casos de explotación financiera de adultos mayores”, cita la medida. 

Asimismo, el Alto Cuerpo avaló el Proyecto del Senado 163 de la senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino, para crear la “Ley de Integración de Respeto a la Vida en Puerto Rico", a los fines de que un Comité Interagencial identifique los programas existentes en las agencias del Gobierno de Puerto Rico, dirigidos a promover el respeto a la vida y la ética, con el propósito de maximizar sus usos y que mayor cantidad de ciudadanos tengan acceso a estos.

La medida establece la creación del Comité Interagencial. “El Comité tendrá la encomienda de identificar todos los programas existentes que promuevan el respeto a la vida y los valores éticos; coordinar acciones conjuntas para maximizar la cobertura de dichos programas; proveer apoyo técnico y logístico entre agencias; establecer un plan de trabajo anual; promover campañas de orientación en las comunidades; y establecer indicadores de impacto y evaluación de resultados”, cita la pieza legislativa. 

También, se le dio paso al Proyecto del Senado 192 del senador de mayoría, Ángel Toledo López, para la  “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer que todos los proyectos y planos de construcción de planteles escolares, deberán incluir la instalación de plantas de emergencia o cualesquiera otros dispositivos alternos para la generación de energía renovable y cisternas u otros sistemas de captación de agua, de manera que no se vean interrumpidas las labores escolares en aquellas ocasiones donde falle el suplido normal de cualquiera de estos dos recursos.

El informe de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, que atendió el proyecto indica que no solo atiende una necesidad urgente, sino que también presenta una solución estructurada, técnicamente viable y estratégicamente alineada con los principios de resiliencia, sostenibilidad y equidad. “Su aprobación es indispensable para asegurar que nuestras escuelas estén preparadas para afrontar cualquier contingencia sin poner en riesgo el derecho fundamental a la educación. Esta medida, en definitiva, no es solo una respuesta a las fallas del pasado, sino una inversión visionaria en el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”, indica el informe. 

De la misma forma, fue avalado el Proyecto del Senado 422 de la senadora de mayoría, Brenda Pérez Soto, para enmendar la Ley de la Licencia a los Empleados Públicos para Visitar las Escuelas de sus Hijos"; enmendar la "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de atemperar el periodo concedido para ejercer la licencia de visita escolar que poseen los empleados públicos, según lo dispuesto en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios sus hijos e hijas y conocer sobre su aprovechamiento escolar.

La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, que atendió la medida, sostiene que la misma no solo es justa, sino que también necesaria para abordar las realidades actuales de aquellos trabajadores públicos con hijos e hijas participantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, y de la necesidad de tiempo adicional para indagar sobre el progreso educativo de ellos. 

De igual forma, se aprobó el Proyecto del Senado 426 del senador de mayoría, Jeison Rosa Ramos, para enmendar la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a los fines de modificar las disposiciones existentes sobre las multas a los criadores de animales. 

Igualmente, de Rosa Ramos el Proyecto del Senado 470, para enmendar la “Ley para Fomentar las Industrias Creativas de Puerto Rico”, con el propósito de reconfigurar la composición del Consejo Asesor de las Industrias Creativas, creado al amparo de la antes mencionada Ley; proveer para que estas industrias creativas sean atendidas con prioridad en la concesión de permisos, licencias y certificaciones gubernamentales. Esto según son requeridas para comenzar sus operaciones; facilitar que puedan arrendar ciertas propiedades gubernamentales a un canon anual accesible y hacer correcciones técnicas.

También, el Proyecto del Senado 625 del senador de mayoría, Rafael “Rafy” Santos Ortiz, para enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, según enmendada con el fin de reducir la cantidad de estudiantes nombrados por maestro para la clase de educación física y para otros fines.

La medida propone que el número máximo de estudiantes por maestro en las clases de Educación Física sea reducido, con el fin de asegurar que los maestros puedan proporcionar una atención más efectiva y personalizada. “Se sugiere una reducción gradual del número de estudiantes, de acuerdo con las necesidades de cada escuela y comunidad, y en función de los recursos disponibles para la contratación de personal adicional. Reducir la cantidad de estudiantes por maestro en las clases de Educación Física es un beneficio al bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes”, indica el proyecto.