Senado avala medidas sobre asuntos de familia, educación y protección a los adultos mayores

En sesión ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó varias medidas dirigidas a fortalecer áreas relacionadas con asuntos de familia, educación e infraestructura, entre ellas el Proyecto del Senado 1030 del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para aclarar el mecanismo judicial y notarial aplicable a modificaciones sobre patria potestad, custodia y alimentos en divorcios otorgados mediante escritura pública. 

Entre las medidas aprobadas, el Proyecto del Senado 1030 del líder senatorial, propone enmendar el Artículo 473 del “Código Civil de Puerto Rico”. El proyecto busca aclarar el mecanismo notarial aplicable a modificaciones relacionadas con patria potestad, custodia, relaciones filiales y alimentos incluidos en escrituras públicas de divorcio otorgadas ante notario. El propósito es establecer con mayor claridad cómo las partes podrán modificar acuerdos dentro de un divorcio tramitado en sede notarial. La intención es evitar confusiones procesales y uniformar la interpretación legal sobre este tipo de modificaciones familiares. 

La medida refuerza la seguridad jurídica en los procesos de divorcio por consentimiento mutuo realizados mediante escritura pública. Asimismo, pretende facilitar la atención de controversias relacionadas con menores y alimentos, asegurando que los cambios futuros cuenten con un mecanismo legal claramente definido.

Asimismo, se le dio paso al Proyecto del Senado 751 del senador de mayoría, Ángel Toledo López. La medida propone enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” para crear formalmente la figura del “Docente Líder” dentro del sistema de educación pública. Este recurso sería un maestro o maestra permanente que, de manera voluntaria, apoyaría al director escolar en tareas académicas y administrativas. Además, se incorporaría la definición de este puesto dentro de la ley y se reorganizarían varios artículos de la legislación vigente.

El proyecto establece que el Docente Líder serviría como enlace entre el personal docente y la administración escolar, promoviendo mentoría, colaboración profesional y apoyo en iniciativas académicas. Entre sus funciones estarían colaborar en gestiones administrativas, participar en análisis de datos académicos, coordinar adiestramientos y apoyar a docentes con menos experiencia.

La medida cita que “esta Asamblea Legislativa entiende necesario y apremiante incorporar la figura del Docente Líder como un recurso que sirva de apoyo a los directores escolares, facilite los procesos en su comunidad escolar, y contribuya al mejoramiento de las prácticas educativas y a la administración de la docencia en nuestras escuelas públicas”.

A su vez, recibió aval el Proyecto del Senado 1147 de la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez. La medida propone enmendar múltiples artículos de la Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. El objetivo principal es actualizar referencias legales y armonizar la ley con legislación más reciente relacionada con adultos mayores y la administración pública.

El proyecto busca modernizar la estructura legal vigente para adaptarla a cambios legislativos aprobados en años recientes, incluyendo disposiciones relacionadas con la reforma gubernamental y procedimientos administrativos. También procura actualizar terminología y referencias utilizadas en la ley actual. 

Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 1110 del senador de mayoría, Rafael “Rafy” Santos Ortiz. La medida busca ampliar la celebración actual para declarar el mes de abril como el “Mes de la Actividad Física Inclusiva en Puerto Rico” y el 6 de abril como el “Día de la Actividad Física Inclusiva en Puerto Rico”. La intención principal es fomentar la actividad física, el ejercicio y la recreación de forma inclusiva. 

También, se aprobó el Proyecto del Senado 1198 del senador de mayoría, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, para derogar la Ley Núm. 7 de 8 de junio de 1972, según enmendada, comúnmente llamada como la “Ley del Medallón”, por haberse constituida esta en una Ley obsoleta e inoficiosa. A su vez, se le dio paso al Proyecto del Senado 1199 de Sánchez Álvarez. La medida propone derogar la Ley Núm. 78 de 17 de junio de 1955, conocida como la ley que prohíbe la transportación de pasajeros en vehículos no diseñados para esos fines. El proyecto argumenta que dicha ley ya no responde a las necesidades actuales del sistema de transporte ni al marco regulatorio moderno vigente en Puerto Rico.

De otro lado, el Alto Cuerpo aprobó dos medidas concurriendo con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. El Proyecto del Senado 101 del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, para enmendar el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”. El objetivo es incluir como derecho del elector conocer si cualquier propaganda, anuncio o comunicado fue generado parcial o completamente mediante la utilización o por medio de Inteligencia Artificial. También, el Proyecto del Senado 220 de la senadora Nitza Moran Trinidad, para enmendar la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, con el fin de extender la vigencia de ciertos incentivos contributivos otorgados, mediante dicha Ley, hasta el 31 de diciembre de 2030. 

Por otra parte, de Barclucea Rodríguez, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 126. La resolución conjunta ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluar la transferencia de las instalaciones de la antigua Escuela Elemental Antonio Rodríguez Menéndez, en Yauco, al Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables de Yauco Inc. (CMTAS). De la también senadora por el distrito de Ponce se aprobó la Resolución del Senado 477. La resolución ordena investigar la viabilidad jurídica, reglamentaria y de política pública de permitir o facilitar el acceso a armas de fuego por parte de técnicos de emergencias médicas. 

Igualmente, fue avalada la Resolución Conjunta del Senado 152de la senadora de mayoría Karen Román Rodríguez. La medida propone designar un tramo de la carretera PR-101 en San Germán con el nombre del doctor Rafael “Rafo” Rodríguez González. La iniciativa reconoce su trayectoria profesional, deportiva, comunitaria y legislativa. La resolución destaca que Rodríguez fue el primer senador del Partido Nuevo Progresista por el distrito Mayagüez-Aguadilla y tuvo una aportación significativa al desarrollo del municipio de San Germán. 

También, de Román Rodríguez se aprobó la Resolución del Senado 269 para investigar la crisis de suministro de agua potable en Aguadilla, Aguada, Moca y Rincón, relacionada con la toma de agua del Río Culebrinas. La investigación pretende identificar las causas de las deficiencias en el servicio y evaluar posibles soluciones permanentes para garantizar acceso equitativo al agua potable en estos municipios del oeste. 

También, la Resolución del Senado 168 de la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, para investigar la aplicación e implementación de la Ley 131 de 1943, conocida como la “Ley para la Protección de los Derechos Civiles”. La medida pretende examinar si la ley continúa siendo efectiva frente a las realidades sociales y jurídicas actuales de Puerto Rico.

A su vez, de la autoría de Soto Aguilú fue aprobada la Resolución del Senado 230, para investigar la viabilidad de implantar sistemas automatizados de inspección vehicular de emisiones, conocidos como “Self-Service Vehicle Emissions Inspection Kiosks”. Estos sistemas serían utilizados principalmente para flotas gubernamentales y municipales.

En iguales términos, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta del Senado 144 de la senadora de minoría, Marially González Huertas, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras atender deficiencias existentes en los puentes 2894 y 2858, localizados en la carretera PR-2, en la jurisdicción de Ponce.

Igualmente, se le dio paso a la Resolución del Senado 108 de la senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve. La resolución ordena investigar la asignación y el desembolso de fondos dirigidos a los Centros Especializados “PITI”, incluyendo el Centro Salud Justicia de Puerto Rico.