Senado avala protección de reservas agrícolas educativas para fortalecer la educación, sostenibilidad y seguridad alimentaria

En el día de ayer, el Senado de Puerto Rico dio paso al Proyecto del Senado 758, presentado por el senador de mayoría, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, dirigido a proteger y preservar los terrenos destinados a la enseñanza agrícola en el sistema público de educación, reconociendo su valor estratégico para el desarrollo educativo, económico y sustentable de Puerto Rico.

La pieza legislativa propone añadir una nueva sección a la Ley Núm. 19 de 30 de marzo de 1944, con el propósito de declarar reservas agrícolas educativas los terrenos adquiridos para la enseñanza agrícola en las escuelas públicas. La exposición de motivos subraya que la preservación de las tierras agrícolas para el desarrollo sustentable, económico y educativo es de vital importancia para el pueblo de Puerto Rico, y que esta ley es cónsona con otras iniciativas que buscan establecer un balance entre los distintos sectores del desarrollo económico, proveyendo el espacio necesario para que estos se expandan a su máxima capacidad.

“Es por eso que hoy dispongo y le solicito a este honorable Cuerpo su endoso y aprobación al Proyecto del Senado 758 para que conservemos esas fincas escolares como reservas agrícolas, educativas y pueda dar ejemplo como en la escuela Jesús T. Piñero del Barrio Carruzos de Carolina. Una escuela donde desde octavo grado la agrónoma Diana Vélez me enseñó a amar la tierra y que me inspiró a convertirme en un agrónomo que hoy día soy y maestro de agricultura que he ejercido durante 23 años. Así que al igual que quiero conservar la finca escolar de ese plantel lo quiero hacer con las demás escuelas”, expresó Sánchez Álvarez. 

Asimismo, favoreció el proyecto la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). “Esta delegación no solamente vota a favor, sino que consigna su más decidido apoyo a los propósitos del proyecto, que propone que se declaren reservas agrícolas educativas las fincas adscritas a instituciones del Departamento de Educación… La declaración de finca agrícola tendría entonces un peso mayor en ley y permitiría que esos espacios continúen sirviendo al propósito para el que fueron adquiridas”, sostuvo la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón. 

“Los felicito por este gran proyecto porque vengo de una escuela agrícola y fui testigo de cómo tú puedes coger a un niño y entrenarlo para que pueda entender que toda la naturaleza se convierte en un recurso si uno tiene la capacidad de comprenderlo y aprender a utilizarlo. Estas escuelas han estado desprotegidas”, dijo a favor de la medida el senador independiente, Eliezer Molina Pérez. 

Además, fue aprobado el Proyecto del Senado 791, del senador Wilmer Reyes Berríos, que propone crear el “Programa de Pasantías Tecnológicas del Servicio Público”, con el fin de brindar experiencia práctica a estudiantes universitarios en agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico.

“Más allá de ofrecer una experiencia práctica a nuestros estudiantes, esta medida construye un puente sólido entre la academia y el servicio público. Permite que nuestros jóvenes participen en proyectos reales, enfrenten retos concretos y desarrollen destrezas que los preparen para el mundo laboral moderno. A su vez, nuestras agencias se benefician del conocimiento fresco, la creatividad y la energía de una nueva generación comprometida con el progreso de Puerto Rico”, destacó Reyes Berríos. 

La iniciativa persigue fortalecer el talento joven en áreas de tecnología, innovación y servicio público, promover la modernización gubernamental y desarrollar destrezas alineadas con las exigencias del siglo XXI, contribuyendo a una administración pública más eficiente y preparada para atender los retos del futuro.

Además, el Senado favoreció concurrir con las enmiendas incluidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 923. La medida de administración busca enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer que para propósito de lo dispuesto en los incisos (g) y (h) del Artículo 93 de dicha ley, se considerará ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

Igualmente, se le dio al Proyecto del Senado 785, presentado por los senadores del PIP, Santiago Negrón y Adrián González Costa. La medida propone enmendar la Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post parto, con el propósito de requerir la designación de espacios idóneos para la lactancia de personas recién nacidas que se encuentren bajo cuidado o tratamiento en las unidades neonatales de cuidado intensivo.

Según expone la exposición de motivos, con esta legislación la Asamblea Legislativa procura que se provea el mayor potencial de buena calidad de vida a toda la niñez desde el nacimiento, garantizando áreas higiénicas, seguras e idóneas para la lactancia y la extracción de leche materna. La medida también busca proteger el derecho de las madres y la salud de los recién nacidos, especialmente los prematuros, y fortalecer la política pública de lactancia materna, alineada con la evidencia médica y científica.

“Con esta aclaración a la ley de acompañamiento que ha recibido el visto bueno de todas las entidades cuya comparecencia se reseña en el informe, esperamos aclarar esa laguna que existía en la ley y de esta manera asistir a las familias que ya se encuentran en una situación tremendamente angustiosa”, indicó Santiago Negrón. 

De otra parte, se aprobaron varias resoluciones de investigación presentadas por el senador de mayoría, Ángel Toledo López. Entre estas, la RS414 para investigar la situación económica y social de Puerto Rico, incluyendo factores demográficos y fiscales, entre otros, que impacten el desarrollo social y económico de la población de Puerto Rico. Asimismo, la RS415 para investigar el estado actual de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La RS416 para evaluar la viabilidad de crear un programa para la asignación de terrenos en desuso y propiedad de alguna instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, mediante el mecanismo de usufructo, a agricultores bona fides con el objetivo de promover este importante sector de la economía de la Isla.