Tribunal federal frena destitución de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal
Con el interdicto preliminar, González, Biggs y Rosa permanecerán en sus puestos mientras el caso se ventila en sus méritos
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: WILL OLIVER
El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico emitió hoy una decisión al conceder un interdicto preliminar que impide al presidente Donald Trump y a su equipo en la Casa Blanca destituir sin “justa causa” a tres miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La determinación representa un freno a los intentos de la administración federal de alterar la composición del organismo creado bajo la ley PROMESA.
Los demandantes, Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa, alegaron que fueron removidos de manera abrupta y sin el debido proceso, tras recibir correos electrónicos de la Oficina de Personal Presidencial notificando su cese inmediato. Posteriormente, la Casa Blanca justificó las destituciones acusándolos de “ineficiencia” y “falta de efectividad”, pero esas comunicaciones llegaron semanas después del despido inicial .
El juez del caso concluyó que la ley PROMESA exige que el Presidente solo puede destituir a miembros de la JSF “por causa justificada”, lo que incluye el derecho a una notificación previa y a una audiencia. En la práctica, la corte determinó que los demandantes tienen un interés propietario en sus cargos y que fueron privados de ese derecho sin el debido proceso de ley .
La decisión subraya que las acciones presidenciales generaron un “daño irreparable” al impedir que los miembros ejercieran sus funciones en un ente que supervisa la reestructuración de miles de millones de dólares en deuda pública de Puerto Rico. Además, advierte que reemplazar a los demandantes con nuevos nombramientos hubiera hecho imposible revertir la situación en el futuro .
El tribunal también resaltó que existe un claro interés público en asegurar que la JSF opere conforme a derecho, dado el impacto de sus decisiones en la vida de millones de puertorriqueños, desde recortes de pensiones hasta medidas de austeridad en servicios esenciales. “Es autoevidente que el Pueblo es perjudicado cuando su gobierno no sigue la ley”, indica la Opinión y Orden .
Con el interdicto preliminar, González, Biggs y Rosa permanecerán en sus puestos mientras el caso se ventila en sus méritos.
