Una política pública que transformó la inversión en infraestructura: las Alianzas Público-Privadas

En la discusión pública sobre infraestructura muchas veces se analizan proyectos específicos de forma aislada. Sin embargo, pocas veces se examina con detenimiento el marco de política pública que ha permitido que muchos de esos proyectos se materialicen. Entre las reformas más importantes de la administración gubernamental moderna se encuentra el desarrollo de las alianzas público-privadas como instrumento para atraer inversión, modernizar infraestructura crítica y acelerar proyectos que el gobierno, por sí solo, difícilmente podría ejecutar con la misma rapidez.

La política pública de alianzas público-privadas comenzó a institucionalizarse con la aprobación de la Ley 29-2009 durante la administración del gobernador Luis Fortuño. En aquel momento el gobierno enfrentaba una realidad fiscal compleja, infraestructura que requería inversión significativa y limitaciones presupuestarias que restringían la capacidad del Estado para financiar proyectos de gran escala. La legislación partió de una premisa clara, el gobierno no tiene que hacerlo todo solo. El sector público mantiene el control de la política pública y la supervisión regulatoria, mientras el sector privado puede aportar capital, conocimiento técnico y capacidad de ejecución.

La ley no solo autorizó este tipo de acuerdos. También creó una estructura institucional especializada para evaluarlos y ejecutarlos con rigor técnico. De esa visión surgió la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico.  Es la entidad encargada de identificar proyectos viables, estructurar las transacciones y asegurar que el interés público permanezca protegido durante todo el proceso.

Uno de los casos más visibles de este modelo es el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, operado por Aerostar Airport Holdings. La concesión permitió atraer inversión privada significativa para modernizar terminales, mejorar la infraestructura aeroportuaria y fortalecer la conectividad aérea. El activo continúa siendo público, pero el modelo permitió adelantar inversiones que hubieran tomado muchos más años bajo un esquema tradicional de financiamiento gubernamental.

Por otro lado, en el ámbito de infraestructura vial, la concesión de las autopistas PR-22 y PR-5, operadas por Metropistas, también se convirtió en un ejemplo temprano del potencial del modelo. Esa transacción permitió capitalizar el sistema, mejorar el mantenimiento de la infraestructura, modernizar los sistemas de peaje e introducir tecnologías de cobro electrónico que hoy forman parte del funcionamiento cotidiano de estas vías.

La historia del modelo, sin embargo, no comienza necesariamente con la ley de 2009. Un antecedente importante fue el desarrollo del Puente Teodoro Moscoso. Ese proyecto fue estructurado mediante una concesión que combinó financiamiento privado con operación mediante peaje. La experiencia permitió al gobierno observar un elemento clave al observar que existía interés del capital privado en participar en proyectos de infraestructura en Puerto Rico cuando existía un marco contractual claro y un mecanismo razonable para recuperar la inversión. En muchos sentidos, esa experiencia temprana ayudó a demostrar el potencial del modelo que más adelante se institucionalizaría mediante legislación.

Más recientemente, el modelo también se ha aplicado al sistema de generación eléctrica mediante el acuerdo con Genera PR para la operación de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Ese acuerdo surge en el contexto de una infraestructura energética que arrastraba décadas de inversión insuficiente. Muchas unidades generatrices superaban los cuarenta o cincuenta años de operación y el sistema mostraba una fragilidad evidente ante averías o eventos atmosféricos.  Antes del verano pasado numerosos observadores del sistema energético advertían sobre la posibilidad de apagones significativos debido a la limitada capacidad disponible y al deterioro de las plantas existentes. Ante ese escenario, uno de los objetivos principales del nuevo modelo ha sido acelerar trabajos de reparación, recuperar unidades que habían estado fuera de servicio y aumentar la capacidad disponible del sistema eléctrico. Durante el último año se ha anunciado públicamente la incorporación progresiva de cientos de megavatios adicionales mediante la rehabilitación de unidades generatrices que anteriormente no estaban operando.

Otro ejemplo reciente es la operación del sistema de transporte marítimo entre la isla grande y las islas municipio, a cargo de HMS Ferries. El propósito de ese modelo ha sido mejorar la confiabilidad del servicio, fortalecer el mantenimiento de las embarcaciones y profesionalizar la operación logística de un servicio esencial para miles de residentes.

Cuando se observan estos casos dentro de una perspectiva histórica más amplia, se puede identificar una evolución interesante en la forma en que el gobierno ha impulsado el desarrollo de infraestructura. Durante las décadas de mayor crecimiento económico del siglo pasado, Puerto Rico utilizó las corporaciones públicas como instrumento principal para desarrollar infraestructura estratégica. Entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras y Transportación fueron fundamentales para expandir carreteras, sistemas de agua potable y electrificación que sostuvieron el crecimiento económico de aquella etapa.

Las alianzas público-privadas no deben verse como una moda administrativa ni como una solución improvisada a los retos fiscales del gobierno. Representan, en realidad, una evolución natural en la forma en que el gobierno puede promover el desarrollo de infraestructura y la actividad económica en una economía moderna. Así como en el siglo pasado las corporaciones públicas permitieron electrificar, construir carreteras y desarrollar sistemas de agua que sostuvieron el crecimiento económico de Puerto Rico, hoy las alianzas público-privadas ofrecen un mecanismo adicional para continuar expandiendo esa capacidad de desarrollo.

La lección institucional es clara. Cuando el gobierno establece marcos regulatorios claros, reglas estables y procesos rigurosos, el capital privado está dispuesto a participar en proyectos que fortalecen la infraestructura y generan actividad económica. La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que este modelo puede acelerar proyectos estratégicos, mejorar servicios esenciales y ampliar la capacidad de ejecución del Estado.

En última instancia, la discusión no debe centrarse en si el gobierno o el sector privado ejecutan un proyecto en particular. La verdadera pregunta es si estamos utilizando todas las herramientas disponibles para desarrollar la infraestructura que sostiene el crecimiento económico. En ese contexto, las alianzas público-privadas no son simplemente una alternativa administrativa. Son una pieza central en la estrategia de desarrollo económico que Puerto Rico necesita para las próximas décadas.