Uniforman el proceso de radicación electrónica de planillas
La gobernadora firma ley que elimina los vacíos interpretativos que podrían dar lugar a problemas de implementación y cumplimiento
Dr. José Yovin Vargas y la gobernadora Jenniffer González. Foto: Suministrada
La gobernadora Jenniffer González Colón anunció esta mañana la firma de la siguiente medida:
Ley 112-2025 (Proyecto del Senado 345):
De la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz (Acumulación- PNP) y la coautoría de Gregorio Matías (Acumulación- PNP) y Migdalia Padilla (Dtto. Bayamón).
Enmienda la Ley Núm. 189 de 29 de agosto de 2024, “Ley para Uniformar el Proceso de Radicación Electrónica de Planillas a Través de Plataformas Privadas” para incluir la definición de planilla de contribución sobre ingresos y proveedor privado; realizar correcciones técnicas que garanticen un marco normativo claro y efectivo que permita al Departamento de Hacienda cumplir con sus obligaciones de manera eficiente y segura; y para otros fines relacionados.
La medida busca corregir las siguientes disposiciones de la Ley 189-2024:
-obligación impuesta al Departamento de Hacienda de habilitar todas las planillas de contribución sobre ingresos electrónicamente a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI). Actualmente, SURI no cuenta con la infraestructura tecnológica para gestionar el volumen y la diversidad de planillas que la ley propone. Esto genera un conflicto entre la exigencia legal y las capacidades técnicas de la plataforma, lo que podría acarrear retrasos significativos y una sobrecarga del sistema, afectando la eficiencia de las operaciones y el servicio a los contribuyentes.
- falta de mecanismos adecuados para garantizar la confidencialidad de la información contributiva que el Departamento de Hacienda debe compartir con terceros. Si bien el intercambio de información es fundamental para la fiscalización y cumplimiento de las obligaciones contributivas, la ley no contempla un filtro apropiado que permita proteger los datos sensibles de los contribuyentes. Este vacío normativo podría resultar en la exposición indebida de información financiera, vulnerando derechos de privacidad y aumentando el riesgo de fraudes y otros delitos cibernéticos.
- los acuerdos de cooperación existentes entre el Departamento de Hacienda y otras agencias gubernamentales, tanto locales como federales, como el Servicio de Rentas Internas (IRS). Estos acuerdos son fundamentales para la colaboración en la fiscalización y el intercambio de información contributiva. La implementación de esta ley, tal y como está redactada, podría poner en riesgo esos acuerdos al imponer nuevas obligaciones que no han sido consideradas en los convenios actuales. Una ruptura o alteración de dichos acuerdos podría tener consecuencias graves en la capacidad del Departamento de Hacienda para mantener una supervisión fiscal efectiva.
- contradicción en su redacción que debe ser corregida. Por un lado, se "ordena" al Departamento de Hacienda implementar ciertos procesos, mientras que, por otro, se le concede la discreción de otorgar acceso a los proveedores privados. Esta ambigüedad en el texto podría interpretarse como una obligación de Hacienda para llevar a cabo los cambios requeridos, cuando la intención claramente era darle la facultad de hacerlo, si lo consideraba conveniente.
Finalmente, la medida busca proporcionar una definición clara de términos claves como "proveedor privado" y "planilla de contribución sobre ingresos" dentro de la ley. Al hacerlo, se eliminarán los vacíos interpretativos que podrían dar lugar a problemas de implementación y cumplimiento.
