Venezuela y la incoherencia moral de la política local

El reciente comunicado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) condenando una alegada “agresión militar unilateral” contra Venezuela dice mucho más por lo que afirma que por aquello que convenientemente omite.

Durante casi 27 años de autoritarismo chavista, caracterizados por la persecución sistemática de opositores, desapariciones inexplicadas, presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, la instauración de un narcoestado, según han señalado reiteradamente agencias internacionales, tribunales de justicia y organismos multilaterales, así como el colapso económico y el éxodo de más de ocho millones de venezolanos, el PIP y buena parte de los liderazgos que hoy integran el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) nunca mostraron una indignación comparable.

Cuando organismos como la ONU, PROVEA, Foro Penal y la Corte Penal Internacional (CPI) documentaban crímenes de lesa humanidad, la respuesta recurrente fue una narrativa cómoda y evasiva: “ese es un asunto interno de los venezolanos”, “hay que respetar su soberanía”. Esa soberanía fue invocada mientras se anulaban libertades, se desmantelaba la institucionalidad democrática y se gobernaba mediante el miedo.

No es un secreto, además, que figuras prominentes del liderato del PIP, como Juan Dalmau Ramírez y María de Lourdes Santiago, identificados públicamente con una visión romántica de la independencia criolla y posturas de izquierda radical, aunque procuraron moderar y disfrazar ese discurso durante el pasado evento electoral con el claro propósito de obtener votos, se han expresado en diferentes foros en respaldo absoluto de la llamada “Revolución Bolivariana”, el chavismo y el entonces presidente Nicolás Maduro, sin acompañar esas expresiones de una condena clara a los abusos verificados ni de solidaridad con las víctimas. Resulta llamativo que hoy invoquen la violación del derecho internacional, cuando durante años, frente a la violación de derechos humanos y al fraude electoral, todo se despachaba como “asuntos de un país soberano”.

Hoy, de forma súbita, esa prudencia desaparece. La condena es inmediata, el lenguaje es categórico y la superioridad moral se proclama sin el menor rubor. No hay un solo renglón dedicado a las víctimas del régimen, ni mención a los miles de muertos atribuidos a fuerzas de seguridad del Estado venezolano, ni a los centenares de presos políticos que aún permanecen encarcelados. Más aún, con una desfachatez incoherente, se llega incluso a exigir “pruebas” de hechos ampliamente corroborados por organismos internacionales, como si la represión sistemática, el narcotráfico y las violaciones a derechos humanos fueran meras alegaciones retóricas. La paz se invoca, pero solo cuando conviene al aliado ideológico y para condenar selectivamente a Estados Unidos.

Resulta aún más desconcertante que quienes comparan al gobierno de Puerto Rico con los regímenes autoritarios de Venezuela y Cuba utilicen esa analogía como arma política local, mientras defienden, minimizan o relativizan precisamente a esos regímenes. Si ese modelo es tan nocivo como afirman cuando miran hacia la isla, ¿por qué se justifica cuando se mira hacia Caracas o La Habana? ¿Quién los entiende?

A este cuadro se suma la postura del liderato del Partido Popular Democrático (PPD). Su presidente y Comisionado Residente, Pablo José Hernández Rivera, ha expresado que favorece la caída del régimen, pero que “tiene que ser un asunto de los propios venezolanos” y que “un gobierno extranjero no debe intervenir”. El planteamiento omite un dato esencial: en las elecciones de 2024 la oposición al oficialismo venezolano obtuvo una victoria ampliamente reconocida por observadores y la comunidad internacional, pero el régimen se aferró al poder mediante prácticas fraudulentas de conocimiento público. Ante ese escenario, apelar exclusivamente a una autodeterminación inexistente en la práctica resulta, cuando menos, ingenuo.

Más aún, al hablar de “gobierno extranjero”, refiriéndose a Estados Unidos, pareciera olvidar que la relación política entre Puerto Rico y la nación americana, incluida la defensa común, es un elemento central del Estado Libre Asociado establecido en 1952. Bajo esa narrativa, dicha defensa común parecería dejar de existir cuando el tema incomoda políticamente. La ambigüedad es evidente.

El Comisionado Hernández Rivera proyecta así una postura que recuerda la porción bíblica de Santiago 3:11-12: la del creyente que dice profesar una fe, pero bebe de dos aguas; una conducta ambigua que intenta conciliar posiciones incompatibles. Ese esfuerzo por no incomodar a ningún sector termina traduciéndose en una inconsistencia política clara, particularmente cuando los hechos exigen expresiones firmes y coherentes, más aún tratándose de quien aspira a liderar los destinos de Puerto Rico.

El problema no es, ni ha sido, el ideal abstracto del independentismo ni las diferencias partidistas. El problema es qué tipo de poder se defiende y se pretende legitimar. Las afinidades políticas de ultraizquierda del PIP, así como de sectores afines a esa ideología de la llamada “alianza”, y las ambigüedades del PPD, revelan una incoherencia moral profunda frente a una de las peores tragedias políticas y humanitarias del hemisferio.

Basta con leer con detenimiento el programa de gobierno “Patria Nueva”, disponible en la página oficial del PIP, para despejar cualquier duda. En pocas páginas se hace evidente que muchas de sus propuestas replican modelos económicos y políticos ya ensayados en regímenes autoritarios de América Latina, los mismos que han fracasado una y otra vez, empobreciendo pueblos, debilitando instituciones y concentrando el poder en el Estado.

Quienes votaron por esas propuestas tienen razones legítimas para sentirse indignados. Porque al final, no se trata solo de Venezuela. Se trata de coherencia, de valores reales y de recordar que la soberanía jamás puede servir de excusa para la tiranía, y que los silencios o las ambigüedades también son una forma de complicidad.