Y seguimos contando

La violencia en Puerto Rico no solo ocurre en las calles; también se ha institucionalizado en la política. Se refleja en insultos, empujones, careos entre figuras públicas, acusaciones personales que sustituyen el debate de ideas y en el tono de las conferencias de prensa. Lo que debería ser una deliberación democrática termina como espectáculo de confrontación. No es un hecho aislado: lo hemos visto en legisladores, candidatos y, más recientemente, en un intercambio entre la gobernadora y un reportero.

El problema no es solo el choque, sino la reacción social: unos celebran que la gobernadora “contestó fuerte” y otros que el periodista “le aguantó el tono”. A esto se suma la intervención de la Procuradora de las Mujeres, exigiendo disculpas, prolongando un debate que se desvía del verdadero problema. Así, en lugar de exigir respeto mutuo, terminamos aplaudiendo la confrontación, la “tiraera”, y en ese aplauso compartido se normaliza la violencia verbal como espectáculo político.  

En 2012 escribí una columna de opinión  para un periódico titulado “900 y seguimos contando”. Ese año, Puerto Rico cerró con mil asesinatos: mil familias rotas, mil ausencias que se sumaban a una historia marcada por la violencia. Entonces me preguntaba: ¿En qué momento la agresión se adoptó como modo de vida? ¿En qué momento aceptamos que nos gobernaran por fuerza de agresión?

Trece años después, esas preguntas siguen vigentes. Llevamos días consternados con el asesinato de Gabriela, la joven de 16 años y las consecuencias para Anthonieska Avilés en Aibonito. De hecho, apenas unos días después, surgieron situaciones de violencia como la de una niña de 10 años golpeada en la Escuela Antonio R. Barceló, en Canóvanas, por un compañero que la acosaba con expresiones racistas. Como suele pasar también con los feminicidios y muertes violentas de nuestros mayores; un hecho tapa al otro, el duelo se acumula y la violencia se normaliza como un ciclo sin fin.

Lo preocupante es que la reacción social e institucional sea aplaudir conductas autoritarias en nombre de la seguridad, como el caso de “Don Miguel” y el asesinato de la pareja de su hija en el residencial Manuel Zeno Gandía en Arecibo. Pretender que la fuerza resolverá lo que solo se atiende con política pública sostenida es caer en la trampa. Ese camino solo profundiza la polarización entre sectores sobre cuales son las mejores alternativas como suele ocurrir entre la "derecha e izquierda", mientras los enemigos reales como la pobreza, la deserción, y la violencia en los hogares permanecen intactos.

En estos momentos, más que nunca, se reafirma la urgencia de hablar de respeto, de atender la violencia en todas sus manifestaciones, con estrategias inmediatas como fortalecer movimientos feministas que realmente construyan y eduquen, así como organizaciones comunitarias que llenen los vacíos del gobierno y denominaciones religiosas que promueven tolerancia y valores para todos los sectores; porque incluso en los espacios donde algunos descalifican esas luchas, llamándolas “ideologías” o de "conservadurismo", la realidad insiste en demostrar su necesidad.

Para tomar decisiones informadas en la implementación de estas estrategias, debemos estar atentos a los datos y a las situaciones recurrentes. Entre 2019 y 2024, las cifras reflejan un panorama preocupante:

Violencia doméstica: según la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, se reportaron más de 7,000 querellas ante la Policía de Puerto Rico.

Deserción escolar: de acuerdo con el Departamento de Educación y el Instituto de Estadísticas, más de 10,500 estudiantes abandonaron la escuela. Son jóvenes que salen del sistema por múltiples razones: algunos comienzan a trabajar, disciplina, otros acumulan ausencias y otros simplemente abandonan la escuela y la realidad es que no sabemos hacia dónde se dirigen ni qué les sucederá.

Abuso sexual: según datos hospitalarios reportados en Los Angeles Times, basada en datos del Departamento de Salud, en Puerto Rico se registran alrededor de 800 casos de abuso sexual contra menores cada mes, lo que equivale a cerca de 16,000 en un año. 

Todas estas manifestaciones de violencia, doméstica, educativa, sexual y política siguen quebrando la dignidad humana, dejando a miles sin futuro y a la sociedad sin herramientas para detener ciclos de violencia institucionalizada.

Puerto Rico no necesita más violencia desde el poder. Necesita prevención en las escuelas, programas comunitarios sostenidos, salud mental accesible y planes de seguridad que no dependan del partido que gane. Requiere un discurso público basado en el respeto, no en la confrontación ni en los famosos "likes" o en opiniones en las redes sociales. Puerto Rico necesita continuidad y una gerencia pública que priorice un servicio ciudadano de calidad, no sujeto a promesas de campaña, sino fundamentado en la planificación y en las necesidades reales de sus instituciones de gobernanza.  

El respeto en el discurso público es tan esencial como el orden en la calle. Solo así podremos dejar de contar pérdidas y empezar a contar futuros.