Analista alerta sobre “grave problema” por arbitrios municipales a proyectos con fondos federales
Cate Long advirtió que los cobros podrían encarecer la reconstrucción y afectar la confianza de Washington
La analista de bonos municipales Cate Long advirtió este lunes sobre lo que describió como un “problema extremadamente serio” relacionado con el cobro de arbitrios municipales a proyectos de construcción financiados con fondos federales de recuperación en Puerto Rico.
Long, quien dirige Puerto Rico Clearinghouse, un servicio de investigación para bonistas, sostuvo en las redes sociales que la aplicación de la Ley 215-2024 podría aumentar los costos de las obras y provocar un mayor escrutinio del gobierno federal sobre el uso de los fondos asignados a la isla.
Según la analista, la legislación abrió la puerta para que los 78 municipios cobren arbitrios de construcción a contratistas que realizan proyectos pagados con fondos federales. Long alegó que gravar esos recursos es contrario al derecho federal y reclamó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) intervenga para impedir la aplicación del estatuto.
La advertencia se produce en medio de una controversia que se ha prolongado durante más de un año entre la Junta Fiscal y las organizaciones que representan a los alcaldes.
En una carta fechada el 1 de junio de 2026, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., indicó que algunos municipios ya habían comenzado a implementar disposiciones de la Ley 215 relacionadas con los arbitrios de construcción.
La comunicación fue dirigida al alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, y al alcalde de Jayuya y presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero.
La Junta sostuvo que las leyes 141 y 215 de 2024 no pueden ser implementadas hasta que el organismo determine que cumplen con PROMESA, los planes fiscales certificados y los objetivos de responsabilidad fiscal establecidos por la legislación federal.
Además, les concedió hasta el 22 de junio a ambas organizaciones para confirmar que habían instruido a sus municipios afiliados a detener la implementación de las leyes. También advirtió que podría recurrir a los tribunales para anular o impedir su aplicación.
Riesgo para la reconstrucción
Entre sus preocupaciones, la Junta señaló que el gobierno federal podría interpretar el pago de arbitrios municipales con fondos de recuperación como un uso ineficiente o indebido de esos recursos, lo que podría llevar a Washington a reconsiderar futuras asignaciones para Puerto Rico.
El organismo fiscal también advirtió que los gravámenes aumentarían el costo de los proyectos de reconstrucción energética, podrían reducir su rentabilidad y, en algunos casos, ocasionar que determinadas obras sean pospuestas, reducidas o abandonadas.
Asimismo, la existencia de tasas diferentes entre los 78 municipios podría crear resultados desiguales, aumentar los costos administrativos y provocar que algunos proyectos sean trasladados por consideraciones contributivas y no por criterios de necesidad o eficiencia.
La controversia impactaría particularmente las obras ejecutadas por contratistas privados en representación de agencias o corporaciones públicas exentas, incluyendo proyectos de reconstrucción de la red eléctrica financiados con fondos federales.
Lo que establece la Ley 215
La Ley 215-2024, aprobada el 17 de septiembre de 2024, enmendó el Código Municipal para establecer que la exención del arbitrio aplicable a obras realizadas directamente por agencias gubernamentales no se extiende automáticamente a contratistas privados que actúen en representación de esas entidades.
En el caso de obras contratadas por agencias federales, el propio estatuto condiciona el cobro a que las leyes o los reglamentos federales aplicables lo permitan. Ese lenguaje forma parte de la disputa jurídica sobre si los municipios están gravando al contratista privado o, indirectamente, los fondos federales destinados al proyecto.
La legislación también aumentó de $100,000 a $200,000 el umbral para requerir propuestas selladas en determinadas obras municipales y elevó de $3,000 a $10,000 el límite para ciertas microcompras. La Junta ha objetado esos cambios por entender que reducen la competencia y aumentan el riesgo de favoritismo, costos excesivos o irregularidades en la contratación pública.
La Ley 141-2024, también impugnada por la Junta, aumentó de $200,000 a $500,000 el umbral para celebrar subastas en proyectos de construcción o mejoras públicas y permite obviar ese proceso en contratos de hasta $1 millón durante emergencias declaradas.
Solicitan investigación federal
Long también destacó que la organización Frontiers of Freedom, con sede en Washington, remitió el 25 de junio una solicitud de investigación coordinada a los inspectores generales de los departamentos federales de Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano y Energía.
La petición menciona específicamente gestiones de cobro en Humacao y Guayama y solicita determinar si fondos federales están siendo utilizados, directa o indirectamente, para pagar arbitrios, patentes, multas o penalidades municipales.
Frontiers of Freedom sostiene que esos cobros pueden representar entre un 5 % y un 10 % del costo de determinados proyectos. No obstante, la presentación de la carta no significa, por sí sola, que las inspectorías generales hayan iniciado formalmente una investigación.
Alcaldes defienden los cobros
Las organizaciones de alcaldes han rechazado la interpretación de la Junta Fiscal. La Federación de Alcaldes argumentó que los arbitrios forman parte del sistema de ingresos municipales desde hace décadas y que restringirlos pondría en riesgo servicios esenciales, infraestructura y la estabilidad fiscal de los ayuntamientos.
Hernández Rodríguez sostuvo que la obligación recae sobre los contratistas privados y no directamente sobre las agencias federales. También defendió que las leyes mantienen requisitos de competencia, fiscalización y cumplimiento con los reglamentos federales. La Federación presentó su posición en una carta remitida a la Junta.
Por su parte, González Otero afirmó que la Ley 215 no creó un arbitrio nuevo, sino que aclaró una facultad municipal que, según la Asociación de Alcaldes, existe desde 1996. La organización planteó que las protecciones contributivas de una agencia pública no se transfieren automáticamente a una compañía privada contratada para ejecutar la obra. La Asociación también advirtió que invalidar la Ley 215 no necesariamente eliminaría esos cobros.
Long reclamó que la Junta lleve el asunto ante los tribunales, como ha hecho con otras leyes locales que considera incompatibles con PROMESA. Sin embargo, los documentos citados no incluyen todavía una sentencia judicial final que determine que todos los arbitrios cobrados a contratistas de proyectos federales sean ilegales.
