Aprueban medidas que modernizan procesos y refuerzan protecciones ciudadanas

El Senado de Puerto Rico aprobó un conjunto de medidas legislativas dirigidas a la protección de menores e incapacitados, la modernización de los procesos de subastas y edictos, el aprovechamiento de propiedades públicas y la equidad académica de los atletas universitarios. Además, confirmó una serie de nombramientos judiciales y administrativos para puestos claves en el servicio público.

Entre las medidas aprobadas destaca el Proyecto del Senado 52, del presidente Thomas Rivera Schatz, que enmienda el Código Civil de 2020 para suspender los términos de prescripción mientras persistan la minoridad o la incapacidad de una persona, reforzando así la protección de sectores vulnerables. También se avaló el Proyecto del Senado 97, que crea la “Ley de Edictos y Subastas de Puerto Rico”, estableciendo un portal digital único para publicar edictos y subastas con un costo máximo de $50 por anuncio, lo que generará ahorros significativos para los municipios.

El Alto Cuerpo también aprobó el Proyecto del Senado 200, presentado por Ángel Toledo López, que amplía el catálogo de propiedades incluidas en el Registro Interactivo de Propiedades Públicas con Potencial de Desarrollo Económico o Conservación, y el Proyecto del Senado 554, de la senadora Roxanna Soto Aguilú, que perfecciona la “Ley de Acuerdos Académicos para Atletas Universitarios” creando parámetros uniformes y mecanismos de apelación para garantizar la equidad académica.

Entre otras resoluciones aprobadas figuran la Resolución del Senado 260, del vicepresidente Carmelo Ríos Santiago, para investigar las necesidades de la población veterana; y la Resolución Conjunta del Senado 95, de la delegación del PIP, que ordena a Hacienda establecer una clasificación presupuestaria exclusiva para tecnología y comunicaciones desde el año fiscal 2025-2026.

El Senado también dio paso a proyectos de la Cámara, incluyendo el Proyecto 446, que permitirá a estudiantes de escuelas superiores adelantar créditos universitarios en coordinación con la Academia de la Policía; el Proyecto 580, que tipifica como agravante la comisión de delitos contra funcionarios del orden público; y la Resolución Concurrente 24, que crea una Comisión Conjunta para revisar el sistema electoral de Puerto Rico. Asimismo, la Resolución Conjunta 51 designa el Complejo de Seguridad Pública de Trujillo Alto con el nombre de Pedro A. Padilla Ayala.

En materia de nombramientos judiciales, el Senado confirmó como Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia a los licenciados Mónica Alpi Figueroa, Waleska Cruz García, Rubén Castro Rodríguez y Cyndia Enid Irizarry Casiano. También fueron nombrados Fiscales Auxiliares I los licenciados Yosué Manuel Cabán Cedrés, Ileana Andrea Santos Colom y Paloma Isabel Rubí Crespo Santiago; mientras que la licenciada Yolanda Pitino Acevedo fue designada como Fiscal Auxiliar III.

En cuanto a juntas de gobierno, se confirmó a la licenciada Lylybeth Echeandía Fuster como miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; al licenciado Andrés L. Córdova Phelps como miembro de la Comisión de Derechos Civiles; y a la licenciada Coral Marie Cummings Pino como miembro de las Juntas de Directores del Banco Gubernamental de Fomento y del Banco de Desarrollo Económico, en representación del sector comercial. También se designó a José Luis Rivera Rivera y Juan Camilo Ruiz Pinzón como miembros de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, este último en representación del gobierno. Asimismo, se aprobó al ingeniero Omar Y. González Rodríguez como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Finalmente, se confirmó al licenciado Gilberto Gierbolini Merino como Procurador de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia, completando una jornada legislativa que combinó nuevas leyes, resoluciones estratégicas y la designación de figuras clave en la judicatura y la administración pública.