Cámara de Representantes aprueba varias contributivas

La Cámara de Representantes aprobó ayer el Proyecto de la Cámara 503, que enmienda el “Código de Rentas Internas de 2011” cuyo fin es “fomentar con mayor enfoque una cultura de ahorro para el retiro en la población trabajadora de Puerto Rico”.

La acción busca afrontar el escenario de fragilidad del sistema de pensiones y la incertidumbre económica generalizada, ante el hecho de que Puerto Rico enfrenta una crisis demográfica por envejecimiento acelerado y la baja en la natalidad de la población.

El texto de la legislación dispone que, para los años contributivos luego del 31 de diciembre de 2024, las cantidades máximas permitidas como deducción serán equivalentes a las establecidas en la sección 402 (g) en Código de Rentas Internas de los Estados Unidos.

Según el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Eddie Charbonier Chinea el impacto de la medida para el 2026 se estima en 9.1 millones de dólares.

A esta propuesta, se une el Proyecto de la Cámara 499, que concede dentro de la antes mencionada ley un aumento hasta un máximo de mil dólares en la deducción de aportaciones a las Cuentas de Ahorro para Educación. Esto para estimular que las familias planifiquen los costos relacionados a la educación de sus hijos ante la creciente necesidad de acceso a educación de calidad.

El impacto económico de la iniciativa fue proyectado por el representante Eddie Charbonier Chinea en alrededor de 733 mil dólares.

Del mismo modo, fue refrendado el Proyecto de la Cámara 502, para aclarar las disposiciones dentro del “Código de Incentivos de Puerto Rico” en torno a la exención contributiva sobre los ingresos obtenidos de la venta de una propiedad inmueble localizada en la Isla, que constituya la residencia principal del vendedor.

El lenguaje del proyecto propone que, para los años contributivos comenzados del 31 de diciembre de 2024, “la ganancia realizada en la venta de propiedad inmueble localizada en Puerto Rico que constituya la residencia principal del vendedor estará exenta del pago de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico y de contribución básica alterna, siempre y cuando no sean beneficiarios de la “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

Con esta iniciativa, se impulsa el desarrollo económico, la protección y generación de empleos, así como facilitarles a los ciudadanos la obtención de una vivienda segura, digna y accesible.

De igual manera, fue apoyado el Proyecto de la Cámara 216, presentado por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, para enmendar la “Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar” y así ampliar los términos para reinvertir el dinero producto de la venta de una propiedad que constituye hogar seguro, así como para solicitar la protección de esta ley en los procesos de venta por sentencia o ejecución del inmueble.

El representante Pérez Ortiz explicó que esta legislación tiene la intención de extender hasta un año luego de la venta de la propiedad, el periodo que tiene el dueño de la para invertir el capital recibido en otra residencia localizada en Puerto Rico que constituya su hogar seguro y para proteger este capital obtenido de los acreedores.

Asimismo, establece un periodo de 60 meses para solicitar la protección de esta ley en casos de venta forzosa o ejecución del inmueble.

También se le dio el voto afirmativo al Proyecto de la Cámara 478, de la autoría del representante Pérez Ortiz, que enmienda la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular para atemperar la clasificación de los delitos a las disposiciones del “Código Penal de Puerto Rico” del 2012.

Mediante el lenguaje de esta ley se establece que los delitos concernientes a la apropiación ilegal de un auto, donde no medie la violencia, el comercio ilegal de un vehículo o piezas de automóviles, entre otros, se clasificaran como delitos graves a la par de lo que dispone el actual código penal.

Con ello se elimina el esquema de grados dentro de los delitos que contiene esta legislación del 1987, la cual puede traer confusión a la hora de presentar un caso ante los tribunales.

De otra parte, aprobaron la Resolución Conjunta 198, que designa con el nombre del exalcalde Juan Benabe Guzmán un tramo de la PR-991 en Luquillo, y la Resolución Conjunta 190, que ordena un estudio para desarrollar una ciclovía en la avenida Ana G. Méndez en San Juan. También se concurrió con las enmiendas senatoriales al Proyecto 168, que crea un inventario de villas pesqueras, y se avalaron cambios a las resoluciones conjuntas 114 y 141 para nombrar la PR-906 en Yabucoa como Luis “Buzo” Cintrón Andino y la Comandancia de Ponce de la Policía como “Coronel Héctor E. Agosto Rodríguez”.

Además, se aprobó la Resolución 201, que ordena investigar el cumplimiento de agencias con la Ley de Protección de Personas con Autismo, y la Resolución 313, que manda a evaluar fondos y servicios para veteranos en Arroyo, Guayama, Salinas y Santa Isabel.