Cobra acusa a alcaldes de intentar cobrar impuestos “ilegales” sobre proyectos energéticos financiados con fondos federales

La empresa Cobra Acquisitions, contratista que participó en la restauración del sistema eléctrico de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María, arremetió contra alcaldes de la isla por presuntos intentos de cobrar impuestos municipales sobre proyectos energéticos y de recuperación financiados con fondos federales.

En una publicación divulgada en redes sociales, la compañía calificó esos cobros como “ilegales” y sostuvo que representan un obstáculo para los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump y de la Junta de Supervisión Fiscal para atender la deteriorada infraestructura eléctrica de Puerto Rico.

“Cobra Acquisitions condena los esfuerzos de alcaldes de Puerto Rico para cobrar impuestos sobre proyectos de energía y recuperación financiados con fondos federales”, expresó la empresa.

Cobra, con sede en Oklahoma, indicó que llegó a Puerto Rico “de buena fe” bajo dos contratos para ayudar a restaurar el servicio eléctrico en residencias, hospitales y comercios luego de algunos de los huracanes más destructivos en la historia reciente de Estados Unidos.

La controversia surge años después de que la compañía realizara trabajos de restauración del sistema eléctrico tras el paso del huracán María en 2017. Cobra fue contratada por la entonces Autoridad de Energía Eléctrica para trabajos de recuperación pagados con fondos federales de FEMA. Documentos federales han señalado que los dos contratos otorgados a Cobra alcanzaron un valor aproximado de 1,845 millones de dólares.

Ahora, la empresa alega que líderes municipales pretenden hacer cobros retroactivos por trabajos completados hace años. Según Cobra, contratistas actuales que participan en la reconstrucción energética de la isla enfrentan reclamos similares.

“Cada dólar que el Congreso aprobó para la recuperación debe utilizarse para hacer que la red eléctrica sea confiable, resiliente, asequible y sostenible en Puerto Rico, no para ser desviado por políticos de Puerto Rico”, sostuvo la empresa en su publicación.

El señalamiento ocurre en medio de una disputa más amplia sobre la facultad de los municipios para imponer arbitrios de construcción o patentes sobre proyectos financiados con fondos federales. La Junta de Supervisión Fiscal ha advertido previamente que ese tipo de impuesto podría encarecer proyectos, desalentar licitaciones y poner en riesgo asignaciones federales destinadas a obras críticas de infraestructura.

Cobra también respaldó los esfuerzos de la Junta Fiscal para detener esa práctica y pidió a funcionarios federales investigar lo que describió como un abuso en el uso de fondos públicos.

“Este es exactamente el tipo de desperdicio, fraude y abuso que debe terminar”, expresó la empresa.

En su mensaje, Cobra también criticó el silencio de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre el asunto.

“Tristemente, en todo esto, ni una palabra de la gobernadora”, indicó la compañía.

La empresa sostiene que permitir esos cobros afectaría directamente los recursos disponibles para la modernización de la red eléctrica, un sistema que continúa enfrentando averías, apagones y reclamos ciudadanos por falta de confiabilidad.

En 2024, Cobra, la AEE y la Junta Fiscal alcanzaron un acuerdo de transacción que reconoció una reclamación administrativa de 170 millones de dólares a favor de la empresa, además de fondos de FEMA retenidos por disputas vinculadas a reclamaciones municipales.