Comisionado Residente exige explicaciones sobre barcazas
Mediante una carta, el también presidente del PPD se unió al congresista, Mark E. Green, le pidieron explicaciones al gobierno federal sobre la determinación
El Comisionado Residente Pablo José Hernández Rivera (D-P.R.) y el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mark E. Green (R-Tenn.), enviaron una carta bipartidista conjunta a la Guardia Costera de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Negociado de Energía de Puerto Rico solicitando una aclaración urgente sobre la reciente decisión de descalificar de una subasta la instalación de barcazas de generación eléctrica temporera en Puerto Rico.
Las barcazas propuestas, destinadas a ser desplegadas en Salinas y Guayanilla, estaban diseñadas para aliviar el déficit persistente en la generación eléctrica de la isla—una necesidad crítica mientras se acerca la temporada de huracanes. A pesar de su potencial para ofrecer alivio a corto plazo, informes indican que las compañías que hicieron dicha propuesta fueron rechazadas tras consultas interagenciales. De igual manera, han surgido cuestionamientos sobre las firmas de cabildeo involucradas en dicho proceso de subastas y la descalificación de otras compañías.
“El pueblo de Puerto Rico merece transparencia y urgencia cuando se trata de restaurar y proteger su red eléctrica,” expresó Hernández Rivera. “Dada la crisis energética que vive la isla, los funcionarios federales y locales involucrados en esta decisión deben explicar con claridad por qué se negó una solución de emergencia y qué opciones alternas, si alguna, están siendo consideradas para satisfacer la demanda.”
En la carta, el Comisionado Residente y el congresista Green formularon una serie de preguntas para esclarecer la base y el proceso detrás de la decisión, incluyendo:
- Cuáles fueron las preocupaciones específicas o barreras regulatorias que llevaron al rechazo;
- Si se revisaron evaluaciones independientes o análisis de riesgo;
- Qué agencias o partes interesadas fueron consultadas y cuáles fueron sus hallazgos;
- Y si hubo actores privados u otros sectores relevantes que cabildearon en contra del despliegue de las barcazas.
Los legisladores solicitaron respuestas para el 5 de junio de 2025, subrayando la necesidad de una coordinación ágil y rendición de cuentas entre las agencias federales y locales.
“Las soluciones energéticas de emergencia no deben convertirse en un asunto político—son una cuestión de seguridad pública. Por eso me uní al congresista republicano Mark Green para asegurar que el pueblo de Puerto Rico no enfrente retrasos burocráticos cuando hay vidas y medios de subsistencia en juego,” añadió Hernández Rivera.
