Confirman que régimen de Maduro financia campañas de izquierda en el exterior
Exjefe de inteligencia chavista colabora con la justicia estadounidense y revela un entramado internacional de financiamiento político desde Venezuela

Fotografía de archivo cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: Prensa Miraflores

Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, exdirector de la inteligencia militar venezolana y uno de los hombres más temidos del chavismo, ha confirmado ante autoridades estadounidenses y europeas la existencia de un esquema sistemático de financiamiento ilegal del régimen de Nicolás Maduro a movimientos de izquierda en el mundo.
El medio español The Objective publicó el 17 de octubre de 2025 que Carvajal, actualmente detenido en Estados Unidos, entregó documentos confidenciales al juez Manuel García-Castellón en España y a fiscales federales en Nueva York que demuestran cómo durante al menos 15 años el chavismo utilizó a la petrolera estatal PDVSA como “la gran caja negra del socialismo bolivariano” para inyectar dinero en campañas políticas extranjeras.
Una red internacional del chavismo
De acuerdo con esos informes, el gobierno venezolano financió ilegalmente movimientos políticos y partidos de izquierda en varios países, incluyendo a Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.
Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), sostiene que esos flujos de dinero eran manejados directamente desde PDVSA, la cual operaba como un pozo sin fondo destinado a expandir el proyecto político del chavismo fuera de Venezuela. En su testimonio, señaló que “el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos quince años”, lo que marca un precedente histórico por provenir de un alto funcionario del propio régimen.
De aliado de Chávez a testigo del Departamento de Justicia
Carvajal, considerado uno de los fundadores del llamado Cartel de los Soles, se declaró culpable el pasado 25 de junio ante el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cuatro delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Admitió su participación en el envío de toneladas de cocaína a Norteamérica en colaboración con las FARC, y ahora busca una reducción de pena mediante cooperación judicial.
Según The Objective, el exmilitar está colaborando activamente con las autoridades estadounidenses, entregando información y documentación inédita que podría exponer cómo el dinero del chavismo fue canalizado hacia proyectos políticos, medios de comunicación y estructuras electorales de la izquierda radical internacional.
Fuentes citadas por el medio europeo aseguran que la información que Carvajal está proveyendo es de “alto interés” tanto para el Departamento de Justicia como para la Administración de Control de Drogas (DEA).
Implicaciones globales
De confirmarse judicialmente la veracidad de los documentos, Venezuela se enfrentaría a una de las acusaciones más graves en su historia reciente: haber utilizado recursos públicos para influir en procesos electorales y gobiernos extranjeros.
Los países y partidos mencionados —entre ellos Podemos en España y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia— podrían verse sometidos a presiones internas y nuevas investigaciones sobre la procedencia de fondos durante sus campañas.
Analistas internacionales consideran que esta revelación puede “redefinir el alcance del chavismo más allá de lo ideológico”, al colocar en evidencia una estructura de exportación política sustentada en el dinero del petróleo, el narcotráfico y la corrupción estatal.
Lo que sigue
Carvajal, extraditado desde España a Estados Unidos en 2023 tras dos años prófugo, espera ser sentenciado en las próximas semanas, y su colaboración con la justicia podría reducir su condena de cadena perpetua a unos veinte años de prisión.