Contralora señala fallas en permisos e ingresos en Recursos Naturales

La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó el jueves que una auditoría al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales identificó deficiencias en permisos, fiscalización, facturación, cobro e inventario de propiedad pública.

“La protección de nuestros recursos naturales requiere una administración rigurosa, transparente y en cumplimiento con la ley para salvaguardar el patrimonio ambiental de Puerto Rico y garantizar el uso responsable de los recursos públicos”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.

El informe de auditoría OC-26-21 emitió una opinión cualificada y cubrió el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2025. La Oficina de la Contralora determinó que, aunque las operaciones del Departamento se realizaron en términos generales conforme a ley, hubo fallas en otorgamiento de permisos, fiscalización de concesionarios, generación de ingresos y control de propiedad.

La auditoría reveló irregularidades en la evaluación y aprobación de autorizaciones, licencias y permisos especiales, al identificar solicitudes aprobadas sin documentos requeridos, entre estos certificaciones contributivas, evidencia de seguros, evaluaciones ambientales y cumplimiento con recomendaciones técnicas.

También se identificaron atrasos de hasta 138 días, por encima del término reglamentario de 30 días, en trámites para uso de la zona marítimo terrestre y aguas sumergidas, concesiones sobre bienes de dominio público marítimo terrestre, licencias de pescador comercial, permisos de construcción de pozos y franquicias para el uso de aguas públicas de Puerto Rico.

Según el informe, en al menos un caso se fijó un cargo inferior al requerido por reglamento a un concesionario, lo que le representó una ventaja económica indebida. Además, no se evidenció seguimiento adecuado para la entrega de informes y pagos requeridos, ni la imposición de multas por incumplimientos, lo que provocó pérdida de ingresos para la agencia.

La Contralora también señaló que el Cuerpo de Vigilantes no contaba con evidencia de inspecciones o verificaciones a concesionarios, lo que limitó la capacidad del Departamento para fiscalizar el cumplimiento de los permisos y proteger los recursos naturales.

Otro de los hallazgos establece que había uso de terrenos sin permisos vigentes y deficiencias en el control de permisos especiales para instalaciones de telecomunicaciones en bosques estatales. La auditoría encontró que la mayoría de los permisos evaluados estaban vencidos y, aun así, las operaciones continuaban.

En el área fiscal, la auditoría determinó que no se emitieron múltiples facturas relacionadas con cánones de arrendamiento de permisos especiales y que, en algunos casos, no fue posible determinar el importe dejado de facturar. Además, el informe indicó que el Departamento no ha realizado un inventario físico de la propiedad en más de 20 años y que en varios periodos no contó con un encargado de propiedad debidamente nombrado.

La gerencia del Departamento atribuyó varias deficiencias a falta de personal, carga operacional y limitaciones presupuestarias. Según el informe, la agencia indicó que inició medidas correctivas, entre estas reclutamiento de personal, acuerdos interagenciales, revisión de procedimientos de facturación, contratación de consultores para inventarios e iniciativas para fortalecer el Cuerpo de Vigilantes.