Contralora señala pagos indebidos y fallas fiscales en Barranquitas

La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, informó el martes que una auditoría al Municipio de Barranquitas detectó pagos indebidos, deficiencias administrativas y riesgos fiscales durante el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024.

“La gestión pública exige cumplimiento estricto con la ley, controles internos robustos y una administración responsable de los recursos del pueblo”, dijo Vega Fournier en declaraciones escritas.

La auditoría identificó pagos de salarios por 84,268 dólares a una pensionada del Sistema de Retiro para Maestros, a pesar de que ocupó un puesto de confianza mientras continuaba recibiendo su pensión. La Oficina del Contralor determinó que prevalece el hallazgo al concluir que aplicaba la Ley del Sistema de Retiro para Maestros de 2013.

El informe también señaló un pago indebido de 13,500 dólares por servicios artísticos que no fueron prestados. Aunque el municipio alegó que el artista incurrió en gastos y que la actividad fue interrumpida por un apagón, la auditoría concluyó que el pago no procedía bajo los términos del contrato. El dinero fue recuperado en agosto de 2025 mediante un acuerdo extrajudicial.

En el área de construcción, la auditoría reveló que el municipio inició trabajos sin los permisos requeridos en al menos cuatro proyectos y obtuvo algunos de esos permisos con retrasos de hasta 707 días. Además, formalizó contratos sin que los contratistas presentaran a tiempo fianzas, pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros de responsabilidad pública.

La Oficina del Contralor también detectó deficiencias presupuestarias al no obligarse créditos en contratos y enmiendas por 5,947,287 dólares al momento de su otorgamiento. Esas obligaciones fueron registradas con retrasos de hasta 541 días, práctica que, según la auditoría, debilita el control fiscal y aumenta el riesgo de sobregiros y litigios innecesarios.

En la administración de ingresos, el informe encontró falta de análisis en cuentas por cobrar que superan 1.6 millones de dólares, de las cuales más de 1.2 millones tienen más de cinco años de antigüedad. También detectó fallas en las gestiones de cobro, en la verificación de patentes municipales y en la presentación de declaraciones de volumen de negocios en varios casos.

La auditoría además evaluó contratos de arrendamiento de locales por 123,000 dólares entre 2021 y 2023 y concluyó que el municipio no obtuvo estudios de renta ni certificaciones registrales en cuatro contratos, y omitió la certificación de deuda del Departamento de Hacienda en dos casos. La Oficina del Contralor emitió recomendaciones al alcalde y a las unidades administrativas para reforzar controles, recuperar fondos y corregir los procesos señalados.