Controversia legislativa en torno a violencia en el noviazgo

La senadora Roxana Soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó el pasado 11 de marzo el Proyecto del Senado 412 (P. del S. 412), el cual busca incluir la violencia en el noviazgo en la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54-1989). 

La medida, que se encuentra bajo su consideración tras presidir la Comisión de lo Jurídico en el alto cuerpo, no es la única con tal fin. 

Antes de que Soto Aguilú presentara el P. del S. 412, la senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático (PPD), había radicado el proyecto del Senado 156 (P. del S. 156) el pasado 2 de enero, para consignar claramente que la Ley 54 aplique a las relaciones de noviazgo. 

Tanto, el P. del S. 156 como el P. del S. 412 hacen referencia a los mismos estudios y estadísticas sobre la prevalencia de la violencia en el noviazgo y su impacto en la juventud, entre otros. 

A modo de ejemplo, la medida de Álvarez Conde menciona que: 

“Para la doctora Rebeca Ward, exdirectora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), ‘la violencia en el noviazgo implica un patrón de conducta amenazante con repetidos incidentes de abuso físico (golpes), sexual (sostener relaciones sin consentimiento) y emocional (insultos) entre jóvenes de 13 a 20 años’”.

El mismo texto sin editar lo expone la medida de Soto Aguilú.

También presenta las mismas estadísticas de la Policía de Puerto Rico: 

“Para el 2020 reflejaban que durante ese año se registraron tres mil setecientos ochenta y ocho (3,788) arrestos por violencia doméstica, de los cuales tres mil quinientos treinta y siete (3,537) fueron radicados por el Departamento de Justicia. En el 2019 hubo seis mil setecientos veinticinco (6,725) incidentes de violencia doméstica registrados. Por otro lado, los datos oficiales suman quince asesinatos producto de violencia doméstica en el 2020”, expone la página tres del P. del S. 156. 

Dicho texto también se encuentra en la página dos de la medida legislativa de la presidenta de la Comisión de lo Jurídico en el Senado.

Reaccionan las senadoras por separado

Soto Aguilú expresó a News PR que, aunque ha discutido el proyecto con Álvarez Conde, no considera que sean propuestas idénticas. 

“No son proyectos similares. Cuando se habla de proyectos ‘copy and paste’, es que cuando tú vas al entirillado – de ambos proyectos – el alcance o lo que proponen es lo mismo. Pero la política pública o el aspecto de exposición de motivos es hablar sobre el tema de noviazgo en violencia doméstica”, afirmó la también llamada abogada motorizada. 

Indicó que mantiene conversaciones con la senadora popular y su grupo asesor para buscar un consenso. 

“La conversación entre los asesores se va a dar. Yo no te puedo decir que esta semana, pero sí, al menos, ya mi asesor este lunes le hizo un acercamiento al de ella, así que no debe haber problema con eso”, subrayó. 

Por su parte, Álvarez Conde expresó a News PR su molestia de que su proyecto había sido “copiado”. 

“Cuando investigué, efectivamente me doy cuenta de que es el mismo proyecto. Con mucho respeto, el pasado lunes 2 de junio, me acerqué a ella y me dio su palabra de que lo va a retirar”. 

“Quedé verdaderamente asombrada cuando vi que el proyecto que he defendido por los pasados 19 años fue copiado y de lo que soy especialista; el proyecto lo radiqué el 2 de enero y lleva en su comisión desde entonces y no ha sido atendido”, acusó la legisladora del PPD. 

No obstante, la senadora Soto Aguilú indicó que no vislumbra retirar su proyecto de ley, sino que continuará evaluando ambas medidas.

“Ambos proyectos pueden bajar con un informe conjunto. Puede bajar un proyecto sustitutivo que no sea ni uno ni el otro, sino algo, una versión hasta mejorada o enriquecida. O puede ser que los asesores de ambas oficinas se pongan de acuerdo sobre los autores o coautores de las medidas y se llegue a un consenso y uno de los proyectos se retire”, detalló.

Similitudes de las medidas

Las piezas legislativas comparten un objetivo común: la protección de las víctimas de violencia en relaciones de pareja. 

Álvarez Conde subraya que la violencia doméstica es “uno de los problemas más graves y complejos” que enfrenta la sociedad. Mientras, Soto Aguilú destaca que “el Estado Libre Asociado reconoce que en Puerto Rico existe una emergencia social” en este ámbito. 

Otro aspecto notable de ambos proyectos de ley es la inclusión de menores. 

Soto Aguilú establece que las víctimas de entre 15 y 17 años pueden solicitar órdenes de protección, mientras que Álvarez Conde amplía este rango, permitiendo que menores a partir de 12 años accedan a este recurso legal. 

En cuanto a la definición de relación de pareja, ambos proyectos de ley ofrecen una perspectiva inclusiva. Soto Aguilú define la relación de pareja de manera amplia, abarcando tanto cónyuges como noviazgos, al igual que Álvarez Conde, que también considera las relaciones de noviazgo entre menores de 18 años.

Diferencias entre las medidas legislativas

Sin embargo, las diferencias entre ambos proyectos son significativas.

En términos de los criterios de edad, Álvarez Conde permite que las víctimas a partir de 12 años soliciten órdenes de protección, en contraste con los 15 años establecidos por Soto Aguilú. 

Además, la legisladora del PPD proporciona disposiciones más detalladas sobre el proceso de órdenes de protección, incluyendo la posibilidad de imponer programas de rehabilitación para los agresores, algo que no se menciona en el proyecto de Soto Aguilú. 

Finalmente, mientras que Soto Aguilú menciona la prevención de la violencia, Álvarez Conde enfatiza la necesidad de estrategias concretas, proponiendo programas obligatorios para los ofensores como parte de su política pública. 

Ante la cercanía del cierre de sesión legislativa, ninguno de los proyectos será sometido a vistas públicas antes del 30 de junio.