Defensa de Jessika Padilla pide archivar caso del FEI por alegado vencimiento de términos
El abogado Yuseph Lamboy sostiene que el plazo para presentar acusaciones venció el 12 de julio sin que se notificaran cargos ni una nueva prórroga
Ex presidenta de la CEE, Jessika Padilla. Foto: Redes sociales
La representación legal de la ex presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, solicitó este viernes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) que declare terminado y archive el caso que se mantiene bajo investigación, al alegar que transcurrieron todos los términos establecidos por ley sin que se presentaran acusaciones.
La petición fue presentada por el abogado Yuseph Lamboy. El documento está dirigido a la presidenta del Panel del FEI, Ygrí Rivera Sánchez, y hace referencia al caso número DI-FEI-2026-0001.
Según el escrito, el Panel designó el 27 de enero de 2026 a la licenciada Leticia Pabón Ortiz como fiscal especial independiente y a la licenciada Ileana Agudo Calderón como fiscal delegada. La resolución concedió inicialmente un término de 90 días para completar la investigación.
Las fiscales solicitaron el 10 de abril una extensión mientras analizaban documentos obtenidos mediante requerimientos y entrevistaban testigos adicionales. Posteriormente, el Panel concedió el 22 de abril una sola prórroga de 45 días, que vencía expresamente el 12 de junio de 2026, de acuerdo con la defensa.
Defensa asegura que no recibió otra notificación
Lamboy sostiene que, después de esa resolución, ni Padilla Rivera ni su representación legal recibieron notificación de otra solicitud de extensión o de una determinación del Panel que ampliara nuevamente el término investigativo.
El abogado plantea que esa ausencia de notificación es significativa porque el Panel sí había informado formalmente las resoluciones anteriores. Por consiguiente, argumenta que la etapa investigativa debe considerarse concluida desde el 12 de junio.
La petición invoca el artículo 12 de la Ley 2 de 1988, que, según la interpretación presentada por la defensa, requiere que el fiscal especial independiente radique las acusaciones e inicie los procedimientos correspondientes en un término que no exceda los 30 días posteriores a la culminación de la investigación.
A partir de ese cálculo, Lamboy afirma que el plazo para presentar cargos venció el 12 de julio. Al momento de remitirse la carta, habían transcurrido 35 días desde la fecha en que presuntamente terminó la investigación, sin que la defensa hubiese recibido notificación de cargos, otra prórroga o una determinación final.
Como parte de sus argumentos, la defensa hizo referencia a entrevistas que Rivera Sánchez habría ofrecido el 16 de julio a los periodistas Milly Méndez y Normando Valentín.
Según la carta, la presidenta del Panel explicó que se había inhibido de intervenir en el caso y señaló que, una vez concluida una investigación, los fiscales especiales independientes disponen de 30 días para presentar cargos.
El escrito asegura, además, que Rivera Sánchez indicó que la investigación ya había culminado y que solamente faltaba la presentación del informe correspondiente ante el Panel. Lamboy interpreta esas expresiones como una confirmación de que la etapa investigativa terminó y de que el término de 30 días ya estaba en curso.
Alega que entregó evidencia exculpatoria
La comunicación también presenta parte de la teoría de la defensa sobre la investigación, relacionada con la aprobación de un pago único no recurrente.
Lamboy asegura que durante el proceso entregó a las fiscales evidencia que considera exculpatoria, incluyendo opiniones legales que supuestamente autorizaban las actuaciones de Padilla Rivera, correos electrónicos en los que se recomendaba la aprobación del desembolso y declaraciones juradas de sus escoltas acompañadas de certificaciones de asistencia.
La defensa sostiene que esa documentación demostraría que las horas utilizadas para calcular el pago eran sustancialmente menores que las horas que Padilla Rivera realmente había trabajado.
También afirma que las decisiones relacionadas con el desembolso estuvieron fundamentadas en criterios legales, administrativos y presupuestarios, y que respondieron al ejercicio de sus funciones y deberes fiduciarios como presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.
Cuestiona continuidad de restricciones administrativas
El abogado indicó que Padilla Rivera continúa enfrentando medidas administrativas adoptadas cautelarmente mientras la investigación permanecía pendiente. Entre ellas, mencionó la remoción parcial de funciones de la sala que preside y restricciones para atender casos en los que el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias o instrumentalidades tengan participación o interés.
La defensa argumenta que mantener esas medidas de manera indefinida, una vez vencidos los términos sin que se haya iniciado una acción penal, resulta injustificado y le causa un perjuicio continuo.
Por ello, solicitó que el Panel declare terminado y archivado el procedimiento y que entregue copia de la determinación final de la fiscal especial independiente, así como de cualquier resolución que ordene el cierre definitivo del caso. También pidió recibir esos documentos para presentarlos ante la Oficina de Administración de los Tribunales y cualquier otra entidad pertinente.
