Dictador de Cuba anuncia un paquete de “reformas económicas”
Díaz Canel intenta maquillar con reformas tardías el fracaso económico del régimen cubano en medio de apagones, escasez, migración masiva y creciente descontento
Fotografía de archivo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en La Habana. Foto: ADALBERTO ROQUE
El dictador cubano Miguel Díaz Canel anunció este viernes, de forma sorpresiva, un amplio paquete de reformas económicas de corte liberalizador y descentralizador, en lo que representa otro reconocimiento indirecto del fracaso del modelo económico impuesto durante décadas por el régimen comunista en la isla.
Díaz Canel justificó las medidas al afirmar que “son tiempos en que hay que cambiar”, una frase que contrasta con años de inmovilismo, control estatal, persecución al sector privado y políticas que han hundido a Cuba en una de sus peores crisis económicas, sociales y migratorias.
En declaraciones difundidas por la televisión estatal cubana, controlada por el propio régimen, Díaz Canel sostuvo que los cambios responden a “las exigencias de los tiempos actuales” y no a las presiones de Washington para que la isla emprenda reformas económicas y políticas profundas.
“El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad”, expresó Díaz Canel, recurriendo nuevamente al discurso del “enemigo externo” que durante décadas ha usado la dictadura cubana para justificar la falta de libertades, la escasez y el deterioro económico.
Entre las medidas anunciadas figura la entrada de “nuevos actores” en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, golpeada por la crisis interna, la falta de confianza internacional y la reciente retirada total o parcial de importantes empresas extranjeras que operaban en la isla.
El régimen busca ahora que nuevos operadores exploten el parque hotelero cubano, luego de años en los que el turismo fue manejado bajo un esquema de fuerte control estatal y militar, mientras amplios sectores de la población enfrentaban apagones, falta de alimentos, deterioro de servicios básicos y salarios insuficientes.
Díaz Canel también anunció posibles cambios en el negocio inmobiliario, incluyendo nuevas modalidades de gestión y la participación de “nuevos actores”, aunque no ofreció detalles concretos. El Estado cubano mantiene grandes empresas dedicadas al alquiler de inmuebles, en un mercado altamente regulado y con escasos espacios reales para la propiedad privada.
Otro punto del paquete económico es el aumento de la “autonomía” de las empresas estatales en áreas como salarios, inversión de utilidades, importación, exportación, asociación con otros actores económicos, diseño de planes de negocio y acceso al mercado cambiario.
Sin embargo, las medidas llegan después de décadas de centralización extrema, planificación fallida y control político sobre la economía, factores que han limitado la productividad, desalentado la inversión y empujado a miles de cubanos a abandonar el país.
La liberalización también alcanzaría al sector agrícola. Según Díaz Canel, los productores podrán acceder directamente a insumos, asociarse con diferentes actores, mantener cuentas “reales” con respaldo en efectivo, participar en el mercado cambiario y enfrentar trámites burocráticos más ligeros.
El anuncio supone una admisión de que el campo cubano ha sido asfixiado por trabas estatales, falta de incentivos, restricciones a la producción y un sistema incapaz de garantizar alimentos suficientes para la población.
Díaz Canel indicó además que el régimen eliminará importadoras estatales que intermedian obligatoriamente el comercio exterior, con el supuesto objetivo de hacer el sector más dinámico. Estas estructuras han sido señaladas durante años como parte del entramado burocrático que frena la actividad económica y mantiene al Estado como intermediario obligatorio.
El dictador cubano también afirmó que el Gobierno quiere incentivar la inversión extranjera directa y destacó el posible papel de los cubanos residentes en el exterior, quienes, según dijo, podrán contar con las mismas condiciones que los ciudadanos en la isla.
La apertura al capital de la diáspora ocurre mientras millones de cubanos fuera del país continúan denunciando la falta de libertades políticas, la represión contra opositores y la ausencia de garantías jurídicas reales para invertir en Cuba.
Sobre el sector privado, Díaz Canel anunció que se abrirán más áreas de la economía a los actores no estatales, aunque no detalló cuáles ni hasta dónde llegará esa apertura. La falta de claridad mantiene dudas sobre si se trata de reformas reales o de nuevos ajustes controlados por el régimen para aliviar la crisis sin ceder poder político.
El paquete también incluye una reforma del aparato estatal, mediante un proyecto de ley que reduciría de 27 a 20 los ministerios, bajo el argumento de crear una estructura “más ágil” y con “menos burocracia”.
Díaz Canel aseguró que las reformas buscan resolver las “contradicciones” entre planificación central y mercado, así como entre centralización y descentralización. No obstante, el mayor obstáculo para la economía cubana sigue siendo el control absoluto del Partido Comunista, la falta de libertades económicas plenas y la negativa del régimen a permitir una apertura política real.
Las medidas anunciadas llegan en medio de una crisis marcada por apagones, inflación, escasez de alimentos, deterioro del sistema de salud, migración masiva y creciente descontento ciudadano, mientras la dictadura intenta presentar como renovación económica lo que críticos consideran una respuesta tardía al colapso de su propio modelo.
