Empresa privada pide que se firme la congelación del impuesto al inventario
Coinciden en que la medida es una legislación responsable, moderna y de consenso, que favorece tanto al pueblo como al sector empresarial
Presidente de ACDET, José González. Foto: Suministrada
Los portavoces de varias organizaciones comerciales le solicitaron a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para que firme el Proyecto de la Cámara 420, que congela el impuesto al inventario.
La Asociación de Comercio al Detal (ACDET), Hecho en Puerto Rico (HEPR) y el Centro Unido de Detallistas (CUD) coincidieron en que la medida es una legislación responsable, moderna y de consenso, que favorece tanto al pueblo como al sector empresarial.
“Este proyecto representa un acto de justicia para el pueblo de Puerto Rico. Congela el impuesto al inventario, protege las finanzas municipales y establece una transición ordenada. Es una medida que impulsa el desarrollo económico, mejora la competitividad y garantiza que los consumidores tengan acceso continuo a más alternativas y productos, incluso en tiempos de emergencia. La Gobernadora tiene ahora la oportunidad de cumplir su compromiso programático y ponerse del lado del pueblo”, expresó José González, presidente de ACDET en declaraciones escritas.
Por su parte, Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico, destacó que el proyecto fortalece la producción y distribución local, al tiempo que ofrece estabilidad al consumidor:
“Esta medida beneficia a todos: al empresario, al trabajador y al consumidor. Puerto Rico necesita un sistema contributivo que fomente la inversión, asegure inventarios suficientes en tiempos de emergencia y reduzca el costo de vida. Este proyecto logra ese balance entre desarrollo económico responsable y bienestar ciudadano.”
Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas, subrayó la necesidad de dejar atrás la desinformación y de enfocar el debate en el impacto real que esta medida tiene sobre el pueblo:
“El comercio no puede seguir pagando el costo de la crisis fiscal y las políticas populistas que tanto han afectado a la economía del territorio. Este proyecto no afecta los municipios, al contrario, les brinda tres años de transición responsable para adaptarse a un ambiente más eficiente y efectivo atemperado a los tiempos y la realidad fiscal, mientras protege el acceso del consumidor a productos esenciales y refuerza la seguridad alimentaria. No hay espacio para sembrar miedo, este proyecto beneficia a todos los puertorriqueños, incentivando la actividad económica y abrazando el capital, para lograr las aspiraciones del pueblo.”
“El país necesita liderazgo, certeza y acción. Firmar este proyecto es ponerse del lado del pueblo, del consumidor y del futuro económico de Puerto Rico”, concluyó González.
