Gobernadora crea la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos”

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó cinco piezas legislativas, entre ellas para reforzar la protección de las víctimas de delitos y testigos; y vetó otras dos. 

A su vez continúa reforzando el poder judicial con nuevos nombramientos que envío ayer al Senado para su respectiva evaluación; además de un nombramiento para llenar, con el consejo y consentimiento del cuerpo, uno de los cinco puestos de comisionados que compone la Comisión Industrial. 

Firmadas el 26 de abril de 2027 

Ley 62-2026 | Proyecto de la Cámara 18

De la autoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez. 

Con la firma de este proyecto se crea la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos”, para proveer protección y asistencia a víctimas y testigos de delitos, así como a su núcleo familiar, cuando sea necesario para asegurar su participación en los procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a cabo para enjuiciar un delito. 

El objetiva de la medida es promulgar una nueva ley que cumpla con la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a la protección y seguridad de víctimas y testigos en los procedimientos investigativos y judiciales. Para cumplir tales fines, la Ley reconceptualiza el “Albergue” y retoma su propósito inicial de proveer un lugar seguro y apto para las víctimas de delito que necesitan protección. Asimismo, busca garantizar la provisión de un lugar adecuado y seguro para albergar a los testigos cooperadores.

La ley busca clasificar adecuadamente las poblaciones a ser servidas y proveer los servicios de acuerdo con las necesidades de seguridad de cada uno de los participantes. A su vez, asegurar que la búsqueda de la verdad durante los procedimientos judiciales será celosamente salvaguardada.

Con la ley se establece el “Programa del Albergue de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos”, adscrito al Departamento de Justicia. El secretario de Justicia designará a un director que supervisará y administrará el Programa, y estará bajo la supervisión de la Oficina del Jefe de los Fiscales, que se encargará de garantizar su eficiencia, el uso de las instalaciones, los servicios que se proveerán y las entradas y salidas de los residentes, así como cualquier otra facultad o deber que el secretario le delegue.

El Programa se organizará en dos secciones: el “Hogar para Víctimas de Delito” (HVDD), y el “Centro de Protección a Testigos Cooperadores” (CPTC). Cada sección tendrá un propósito determinado y atenderá poblaciones diferentes. El Departamento deberá garantizar que la población de testigos cooperadores y la población de víctimas no tengan acceso entre sí, mediante los protocolos operacionales, medidas de seguridad y reglamentación interna que se promulguen a tales fines. 

Res. Conjunta 25-2026 | Resolución Conjunta de la Cámara 212

De la autoría del representante Luis J. “Josean” Jiménez Torres.

La medida designa con el nombre de Ramón Iván Nieves Montesino a la pista atlética que ubica en el Complejo Deportivo Ramón Cano Torres del Municipio de Barranquitas. Con esta designación se busca resaltar la vida, gesta y obra (deportiva y educativa) de este insigne barranquiteño. Ramón Iván Nieves Montesino, se ha destacado por su labor como maestro de Educación Física y como fundador del Club de Atletismo Próceres Runners Team, el único club en Barranquitas dedicado a desarrollar atletas jóvenes en todas las disciplinas. Gracias a su tutela, innumerables jóvenes han obtenido becas universitarias y han competido con éxito en eventos internacionales, incluyendo foros Panamericanos, Mundiales y las Olimpiadas Juveniles.

Firmadas el 27 de abril de 2026 

Ley 63-2026 | Proyecto de la Cámara 674

De la autoría del representante Ensol Rodríguez Torres.

La medida enmienda la Ley 22-2000 (Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico) con el propósito de disponer que, a los pacientes de lupus, bajo todas sus modalidades, incluyendo eritematoso sistemático, lupus eritematoso cutáneo o discoide, puedan solicitar el rótulo removible, como permiso autorizando a estacionar en áreas para personas con impedimentos; y para otros fines relacionados. Dado su carácter incapacitante y crónico, la medida busca reconocer esta condición como elegible para el beneficio de estacionamiento como impedimento.

Ley 64-2026 | Proyecto de la Cámara 845

De la autoría del presidente de la Cámara de Representante Carlos J. Méndez Núñez y de la coautoría de la representante Estrella Martínez Soto.

Para declarar el mes de junio de cada año como el “Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico. El propósito de la medida es promover la donación voluntaria de sangre mediante esfuerzos de educación, concienciación y colaboración interagencial, a fin de garantizar un suministro adecuado y continuo para atender las necesidades médicas. 

Ley 65-2026 | Proyecto de la Cámara 1009 

De la autoría del representante Edgar Robles Rivera. 

Para designar el día 16 de diciembre de cada año como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”, con el propósito de promover la expresión del amor, la gratitud y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales en vida; fomentar una cultura de comunicación afectiva y valoración familiar. 

Por otra parte, la gobernadora vetó las siguientes medidas: 

Proyecto del Senado 134

En el veto se indica que se considera que la propuesta legislativa, aunque persigue un fin legítimo, podría debilitar la finalidad fiscalizadora y de protección de la Ley 300-1999. Además, se considera que la medida como está redactada carece de las salvaguardas técnicas y legales necesarias para la expedición de las certificaciones. Por lo que se recomienda una reunión de trabajo entre los componentes para acordar un lenguaje que salvaguarde el propósito de la ley 300 y la intención legislativa. Además, aprobar el proyecto como esta implicaría la devolución de $2,969,612.00 del Gobierno de Puerto Rico al gobierno federal.

Proyecto del Senado 678

La medida fue vetada ya que, desde la perspectiva presupuestaria, el proyecto no incluye una asignación específica de recursos y delega en el Departamento de Seguridad Pública (DSP) la reglamentación de la clasificación de puestos, escalas salariales y plan retributivo. Para ello, el DSP debió determinar el costo de implementación y certificar la disponibilidad de fondos durante la evaluación y discusión de esta medida.

La creación y puesta en vigor de un plan retributivo conlleva costos tanto en su diseño como en su ejecución, especialmente si implica aumentos salariales no contemplados en el presupuesto vigente.  La medida no dispone de que partida se costeará su implementación, lo que implica que dependerá de recursos aún no identificados. Lo que sin lugar a duda podría afectar la negociación del presupuesto general 2026-2027 que se está llevando a cabo actualmente con la Junta de Supervisión Fiscal, para lograr el segundo presupuesto balanceado de esta administración. 

“Es por ello, que recomendamos se presente un nuevo proyecto de ley, exclusivamente, para la derogación de la Ley 287 y así se evita afectar el progreso salarial alcanzado con la Ley 83-2023. Estamos de acuerdo en establecer un sistema retributivo coherente y equitativo que garantizará justicia salarial para quienes arriesgan sus vidas diariamente en beneficio de nuestra gente, sin embargo, hay que dotar de la data necesaria para hacer la reclasificación de los pueblos y a su vez la data esté disponible y consignada en los presupuestos recurrentes para que sea viable”, lee el veto. 

Nombramientos

Como Fiscal Auxiliar I, la gobernadora nominó a la licenciada Clarimar M. Álvarez Carrasquillo; como Fiscal Auxiliar II nominó al licenciado Néstor L. Márquez Rivera; como Procurador de Asuntos de Familia nominó al licenciado Ornar Alexander Afanador Villanueva; y como Procuradora de Asuntos de Menores a la licenciada Gloryvee Berenguer García. 

La Comisión Industrial de Puerto Rico es la agencia administrativa que revisa las decisiones que emite la Corporación del Fondo del Seguro del Estado cuando son apeladas, para determinar si las mismas están conforme a la Ley. Como comisionado de la Comisión Industrial, la gobernadora nominó al licenciado Jowen Santos Hilerio.