Esta semana la gobernadora Jenniffer González firmó cuatro nuevas leyes, incluyendo una de administración que requiere el adiestramiento a jueces para que estén actualizados sobre los cambios en políticas y procedimientos relacionados a la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; otras que atiende lagunas legales e impulso a la rehabilitación del confinado; entre otras medidas.
Ley 21-2025 (Proyecto del Senado 432/ Medida de Administración 17)
Requiere que dos veces al año los jueces tomen adiestramientos sobre el tema de violencia doméstica, y sobre los cambios en políticas y procedimientos relacionados a la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” y que estos serán impartidos por la Procuraduría de las Mujeres.
Ley 22-2025 (Proyecto de la Cámara 6)
De la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y del representante del Distrito 7 Luis “Junior” Pérez Ortiz;
Restituye la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, esta facultad estaba antes bajo la Ley 37-2004 que fue derogada y desde entonces ha habido una incertidumbre sobre cómo proceder con la otorgación de esos certificados. Además, permite el empleo de exconfinados en el servicio público municipal, salvo por las excepciones enumeradas en la Ley, en aras de fomentar su reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles y restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad.
A tales fines, también se crea en el Departamento la Oficina de Colocación de Empleos para ofrecer servicios de evaluación, clasificación, ubicación y seguimiento en cuanto a empleos de confinados y exconfinados que extingan sus penas en la libre comunidad y/o se beneficien de algún programa de desvío, libertad a prueba o bajo palabra y/o supervisión electrónica, o que ostenten un Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar.
Ley 23-2025 (Proyecto de la Cámara 43)
Con el objetivo de que ningún ciudadano americano residente en Puerto Rico, se vea privado de servicios de salud por razón de su alto costo, la medida dispone que, los planes médicos del mercado individual que actualmente están cobijados bajo la política de transición promulgada en noviembre de 2013 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, puedan renovarse de manera indefinida y establecer requisitos.
La medida es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y del representante del Distrito 5, Jorge Navarro.
Ley 24-2025 (Proyecto de la Cámara 231)
La medida enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, a los fines de incluir a los Inspectores de la Oficina de Sustancias Controladas del Departamento de Salud en la definición de Agente del Orden Público.
La División de Sustancias Controladas del Departamento de Salud es la encargada del control de la fabricación, distribución, dispensación y disposición de sustancias controladas en Puerto Rico que consiste en la expedición de un registro a esos efectos, así como de la fiscalización de dichos registrados y otros individuos o establecimientos que estén incumpliendo con las leyes y normas que regulan las sustancias controladas.
