Gobernadora firma medidas para fortalecer la seguridad pública
Por otra parte, convirtió en ley el restablecimiento del Cuerpo de Capellanes
Foto: Suministrada
La gobernadora Jenniffer González Colón, firmó ayer dos medidas legislativas de administración dirigidas a mejorar el reclutamiento en la Policía de Puerto Rico y restablecer el Cuerpo Interdenominacional de Capellanes como parte del Departamento de Seguridad Pública.
“Hoy estoy firmando dos medidas que facilitarán los procesos de acuerdos colaborativos entre distintas agencias, el sector público y privado para que tengamos un mejor reclutamiento de policías, lo que nos permitirá poder aumentar el número de miembros de la uniformada”, informó González Colón durante la firma celebrada en La Fortaleza junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer Croly, y el superintendente de la Policía, Joseph González.
La primera medida, conocida como la Ley 123-2025, corresponde al Proyecto de la Cámara 445 y enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para establecer programas académicos a nivel de escuela superior que permitan a los estudiantes interesados en ingresar a la Academia de la Policía adelantar créditos universitarios requeridos.
“Esta medida busca facilitar la transición de los jóvenes hacia la carrera policiaca, promoviendo la creación de acuerdos colaborativos entre el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Universidad de Puerto Rico y otras entidades públicas y privadas. Con ello, se busca atender uno de los mayores retos del proceso de reclutamiento: el requisito de obtener un grado asociado antes de incorporarse como agente”, dijo González Colón.
La segunda medida, Ley 124-2025, corresponde al Proyecto de la Cámara 446 y enmienda la Ley 20-2017 para crear formalmente el Cuerpo Interdenominacional de Capellanes de Puerto Rico, el cual integrará todos los cuerpos de capellanes existentes en las agencias del Gobierno.
Este cuerpo ofrecerá servicios voluntarios de consejería, apoyo emocional y asistencia espiritual a empleados públicos, sus familias y la ciudadanía en general durante situaciones de emergencia, desastres naturales o crisis personales. Según el texto, la nueva ley corrige la exclusión del Cuerpo de Capellanes ocurrida durante la aprobación de la Ley 20-2017 y reafirma su valor histórico y comunitario.
El Cuerpo Interdenominacional estará compuesto por representantes de distintas denominaciones, entre ellas la Iglesia Católica, la Fraternidad Pentecostal, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, la Comunidad Hebrea y la Comunidad Musulmana, entre otras entidades religiosas registradas en el Departamento de Estado.
De igual forma, González Colón firmó esta semana dos medidas adicionales relacionadas con la seguridad pública que fortalecen las protecciones legales para los miembros de la Policía de Puerto Rico.
La Ley 120-2025, proveniente del Proyecto de la Cámara 580 y de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, y el representante por el distrito 9, Félix Pacheco Burgos, enmienda el Código Penal de Puerto Rico para establecer un agravante automático cuando se comete un delito contra un funcionario del orden público en el cumplimiento del deber.
Esta disposición permitirá imponer penas más severas contra quienes agredan o atenten contra la vida de policías y otros agentes del orden público, incrementando hasta en un veinticinco por ciento adicional el tiempo de cárcel o la cantidad de la multa, según la naturaleza del delito.
Mientras, la Ley 121-2025, correspondiente al Proyecto de la Cámara 581 y de los mismos autores, tipifica como delito grave la agresión a un agente del orden público en el cumplimiento del deber, con una pena fija de cinco años de reclusión.
La suma de las penas establecidas en ambas leyes implica que toda persona convicta de agredir a un policía estatal o municipal en el cumplimiento del deber podrá enfrentar una pena de hasta seis años y tres meses de reclusión, al combinarse la pena fija y el agravante aplicable.
