Gobernadora firma nuevas medidas en beneficio de los adultos mayores y cuidadores informales en Puerto Rico
Las nuevas leyes buscan fortalecer servicios, aumentar la seguridad y garantizar continuidad en el cuidado de la población envejeciente
Gobernadora Jenniffer González. Foto de archivo
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó ayer una serie de medidas legislativas dirigidas a ampliar protecciones, fortalecer la supervisión gubernamental y garantizar mayores oportunidades y derechos para esta comunidad. Cuatro de las medidas firmadas están directamente vinculadas al bienestar de los adultos mayores, lo que refleja la prioridad que esta administración ha otorgado a atender sus necesidades más apremiantes.
Una de las piezas legislativas más destacadas es el Proyecto de la Cámara 255, de la autoría de la representante Estrella Martínez, que enmienda la Ley 82-2023 para establecer que todo cuidador informal sea considerado como la primera alternativa para ser contratado como cuidador incidental cuando una entidad gubernamental asigne fondos para el cuidado de un adulto mayor. La gobernadora enfatizó que esta política responde a una realidad demográfica ineludible: el 28% de la población de Puerto Rico —equivalente a 924,477 personas— son adultos mayores de 60 años, una cifra en aumento que demanda acciones concretas del Estado. El cambio reconoce el rol esencial de los cuidadores informales, quienes a menudo deben abandonar empleos y asumir responsabilidades sin compensación ni apoyo institucional.
Asimismo, González Colón firmó el Proyecto del Senado 396, de la senadora Roxana Soto Aguilú, que añade un nuevo artículo a la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada. La medida fortalece la supervisión, el licenciamiento y los procesos de inspección del Departamento de la Familia, estableciendo requisitos estrictos para asegurar que todas las instituciones cumplan con reglamentos, cuenten con sistemas certificados de energía alterna y agua potable, mantengan suministros adecuadamente almacenados y estén preparadas antes del inicio de la temporada de huracanes. La gobernadora subrayó que esta medida busca proteger la seguridad y el bienestar de los residentes, especialmente durante emergencias.
Otra de las leyes firmadas fue el Proyecto del Senado 481, del senador Rafael Santos Ortiz, que crea el Programa de Promoción del Deporte Femenino dentro del Departamento de Recreación y Deportes. La iniciativa busca impulsar la participación de las mujeres en el deporte, fomentar su desarrollo atlético y promover el liderazgo femenino en escenarios deportivos, reconociendo las brechas históricas en acceso y recursos.
La gobernadora también anunció la firma de la Resolución Concurrente del Senado 38, presentada por los senadores Héctor Joaquín Sánchez, Marissa Jiménez y Gregorio Matías, que designa la Carretera Estatal PR-853 en Carolina con el nombre “Don Jaime Fernández Morales (QEPD)”. Fernández Morales, destacado servidor público nacido en el barrio Barrazas, dedicó más de tres décadas de servicio al Municipio de Carolina y fue ampliamente reconocido por su compromiso comunitario. González Colón resaltó que la designación honra el legado de un ciudadano ejemplar cuyo hogar se convirtió por años en un espacio de organización y participación cívica.
Entre las medidas de mayor alcance está también el Proyecto del Senado 652, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y la senadora Wanda Soto, que expande la Ley de Política Pública del Cuidado Informal para armonizarla con la legislación federal RAISE Family Caregivers Act. La enmienda amplía los programas de apoyo a cuidadores, fortalece los procesos de registro y adiestramiento, integra recomendaciones de la Administración para la Vida Comunitaria del Departamento federal de Salud y mejora el acceso a derechos laborales y servicios esenciales para cuidadores informales.
Finalmente, la gobernadora firmó el Proyecto del Senado 650, también de Rivera Schatz y Soto, para enmendar la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. La medida permite que jueces municipales puedan ordenar el nombramiento de un tutor temporal cuando la salud, seguridad o patrimonio de un adulto mayor se encuentre en riesgo inminente. Asimismo, se modifica la Ley de la Judicatura para autorizar esta intervención inmediata ante el aumento de casos en que las personas de edad avanzada requieren protección urgente debido a condiciones degenerativas, accidentes o limitaciones cognitivas.
“Puerto Rico enfrenta una transformación demográfica sin precedentes. Nuestro deber es garantizar que nuestros adultos mayores vivan con dignidad, seguridad y apoyo, al tiempo que reconocemos y fortalecemos a quienes dedican su vida al cuidado de ellos”, expresó la gobernadora.
