Gobernadora firma tres nuevas leyes para fortalecer el turismo, el reciclaje y la seguridad jurídica

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en la Ley 151-2026 el Proyecto de la Cámara 426 (PC 426), de la autoría del representante José Aponte Hernández, con el propósito de establecer las Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico como una nueva herramienta para fortalecer la oferta turística, impulsar el desarrollo económico regional y promover experiencias recreativas en toda la isla.

La nueva legislación crea un marco de política pública para identificar, organizar y promover rutas que integren actividades de aventura, deportes extremos y experiencias recreativas, enlazando destinos a través de distintos municipios. La iniciativa estará adscrita a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que tendrá la responsabilidad de coordinar el desarrollo de estas rutas junto a otras agencias gubernamentales.

Como parte de la implementación de la ley, la Oficina de Turismo del DDEC identificará los municipios y regiones que formarán parte de las rutas, coordinará el adiestramiento de guías turísticos certificados, promoverá alternativas de transporte para visitantes y desarrollará, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), un plan de rotulación, mapas e información digital para facilitar el acceso a estos destinos. Además, se incorporará información sobre atractivos turísticos, restaurantes, hospederías y otros servicios mediante plataformas digitales y mapas interactivos.

La medida también promueve la colaboración entre el DDEC, Discover Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes y demás agencias pertinentes para impulsar el turismo interno y atraer visitantes interesados en experiencias de aventura, contribuyendo a la diversificación de la oferta turística y al crecimiento económico de las comunidades participantes.

Asimismo, convirtió en ley el Proyecto del Senado 219, de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad, ahora Ley 152-2026, una medida que fortalece las herramientas de financiamiento disponibles para impulsar la industria del reciclaje y promover el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico.

La nueva ley enmienda la Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico para facultar al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) a utilizar los distintos programas de financiamiento con los que cuenta la institución, incluyendo aquellos subvencionados con fondos federales u otras fuentes disponibles, para respaldar proyectos de reciclaje.

Con esta legislación, el BDE podrá ofrecer préstamos, productos de inversión, fondos de garantía y líneas de crédito dirigidos a empresas privadas y comunitarias dedicadas al reciclaje. Los recursos podrán destinarse a la adquisición de equipos para el recogido, almacenamiento, procesamiento y transportación de materiales reciclables, así como a la construcción de instalaciones especializadas para esta industria.

Asimismo, la medida mantiene al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) como la agencia responsable de administrar los incentivos contributivos para promover el establecimiento y crecimiento de industrias de reciclaje, mientras el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) conserva su rol rector en la política pública sobre el manejo de desperdicios sólidos y reciclaje.

La Ley 152-2026 fortalece la capacidad del Gobierno para apoyar el desarrollo de proyectos de reciclaje mediante mecanismos de financiamiento existentes, sin generar un impacto fiscal directo sobre el Fondo General, al aprovechar los programas vigentes del Banco de Desarrollo Económico.

La mandataria  también, convirtió en ley el Proyecto del Senado 773, ahora Ley 153-2026, una medida de autoría del senador Ángel Toledo que moderniza la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico para fortalecer la seguridad jurídica, facilitar la planificación patrimonial y armonizar el ordenamiento legal local con el Código Civil de 2020 y las prácticas vigentes en los Estados Unidos.

La nueva ley reconoce expresamente la figura del fideicomiso revocable, actualiza múltiples disposiciones de la Ley Núm. 219-2012 y establece reglas claras sobre el funcionamiento de estos instrumentos, incluyendo la responsabilidad de los fiduciarios, la protección de los acreedores y las facultades del fideicomitente mientras mantenga el control del fideicomiso.

Asimismo, la legislación faculta al Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) a expedir certificaciones del Registro de Fideicomisos, eliminando la necesidad de obtener una orden judicial para ese trámite y agilizando el acceso a la información registral.

"La firma de esta ley fortalece el marco jurídico de Puerto Rico, promueve mayor certeza en las transacciones y contribuye a mantener una legislación moderna y competitiva que fomente la inversión y el desarrollo económico de la Isla", expresó la gobernadora.

Durante el trámite legislativo, la medida recibió el respaldo del Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Colegio Notarial de Puerto Rico. La Asociación de Bancos de Puerto Rico, tras incorporarse varias de sus recomendaciones, también recomendó la aprobación final del proyecto.

Con la firma de la Ley 153-2026, Puerto Rico fortalece su legislación fiduciaria, armoniza su marco legal con estándares modernos y ofrece mayores herramientas para la planificación patrimonial, la seguridad jurídica y la competitividad económica.

Además, la gobernadora firmó las siguientes resoluciones conjuntas:RCS 27, ahora Resolución Conjunta 44-2026, que ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación liberar las condiciones y restricciones de la finca #1894 del Proyecto Finca Rodríguez Hevia, en Aguas Buenas, para permitir la segregación y adjudicación de títulos a los herederos de Benigno Castro Rivera e Ignacia Pagán.

Y por último firmó la RCS 61, ahora Resolución Conjunta 45-2026, que ordena a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación liberar las condiciones y restricciones de la finca #4,281 en Barranquitas, a favor de la sucesión de Pablo Otero Rodríguez y Eulogia Ortiz, con el fin de facilitar la partición hereditaria de la propiedad.