Gobierno denuncia incumplimiento “temerario” de New Fortress
La AEE exige que el buque regrese al puerto y descargue el gas de inmediato
Zar de Energía, Josué Colón. Foto: Suministrada
El Gobierno de Puerto Rico emitió una segunda carta de advertencia a la empresa NFEnergía LLC, subsidiaria de New Fortress Energy, acusándola de incumplir nuevamente con su obligación de entregar gas natural licuado para las unidades 5 y 6 de la Central San Juan. La comunicación, enviada el 13 de julio por el Zar de Energía, Josué denunció que la empresa ordenó la salida del buque Energo Princess del puerto de San Juan sin descargar el cargamento pactado.
Según la carta, esta acción ha provocado una crisis energética que pone en peligro la estabilidad del sistema eléctrico justo en un momento de alta demanda. “La decisión de NFE de permitir que el buque abandonara el puerto sin descargar es temeraria, indefendible y totalmente inaceptable”, expresó Colón al director ejecutivo Wes Edens y al principal oficial financiero Christopher Guinta.
La empresa alegó como justificación una deuda de 9 millones de dólares en facturas correspondientes al año 2020, más 3 millones en intereses, supuestamente pendientes de pago por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, documentos legales anexos prueban que esas facturas fueron rechazadas formalmente por la corporación pública desde octubre de 2020, al no cumplir con los términos contractuales ni estar debidamente documentadas.
Cartas del bufete King & Spalding, en representación de la AEE, señalan que New Fortress pretendía cobrar por más de 733,800 MMBtu de gas que no fue entregado en el punto de medición establecido ni consumido para generar energía. Conforme al contrato firmado en 2019, únicamente se pueden facturar volúmenes efectivamente entregados en el punto acordado y debidamente medidos.
El gobierno exige que el buque regrese al puerto y descargue el gas de inmediato. También solicitó que un representante con autoridad plena esté disponible para coordinar directamente con las autoridades locales. De no atenderse la exigencia, se tratará como un incumplimiento grave del contrato, con posibles consecuencias legales.
