Gobierno enfrenta demanda millonaria por caso Hermes Ávila
La demanda es por $41 millones e implica a más de 30 funcionarios públicos y personal médico
Los familiares de Ivette Joan Meléndez Vega, asesinada por el confinado Hermes Ávila Vázquez tras su excarcelación irregular, demandaron el lunes al gobierno de Puerto Rico por 41 millones de dólares ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.
“La sangre de una inocente mancha las manos de un sistema que, en su negligencia, permitió que un asesino confeso volviera a circular libremente por nuestras calles”, reza el documento legal radicado por la abogada criminalista Mayra López Mulero.
La demanda alega que Ávila Vázquez, convicto por asesinato, secuestro y agresión sexual, fue liberado en abril de 2023 bajo un pase extendido al amparo de la Ley 25-1992, a pesar de no cumplir con los requisitos médicos ni legales para esa excarcelación. Dos días después asesinó a Meléndez Vega, cuyo cuerpo fue encontrado degollado y con múltiples heridas en Manatí.
El recurso legal imputa negligencia a más de 30 funcionarios públicos y personal médico, incluyendo a la exsecretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar Pabón, y a la empresa contratada para servicios de salud correccional, Physician Correctional. La doctora Deborah Arús Rosado y un panel de médicos avalaron la salida del convicto sin realizar evaluaciones presenciales.
Según la demanda, la liberación de Ávila fue autorizada con diagnósticos no corroborados, sin entrevistas a las víctimas ni seguimiento adecuado, en incumplimiento de los reglamentos vigentes. En agosto de 2024, el confinado fue sentenciado a 102 años de cárcel tras confesar el feminicidio.
La demanda solicita una compensación de 20 millones de dólares por daños compensatorios, 20 millones por daños punitivos y 1 millón por honorarios de abogado. Los demandantes son los hijos, padres y hermanos de Meléndez Vega, quienes alegan que el Estado y los demandados violentaron sus derechos civiles y actuaron con negligencia grave.
