Gobierno presenta proyecto para rehacer el proceso de permisos en Puerto Rico
En ruta una de las mayores reformas al sistema de permisos desde 2009
Gobernadora Jenniffer González. Foto: Suministrada
La gobernadora Jenniffer González presentó un proyecto de ley que propone crear un nuevo Código de Planificación y Permisos con el que se busca sustituir la estructura legal fragmentada que hoy rige estos procesos en la Isla. Según la medida, reorganiza el marco administrativo para la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos, y crea una nueva arquitectura institucional adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, incluyendo la Junta de Planificación y Urbanismo, la Oficina Central de Permisos, la Junta Adjudicativa y otros componentes de revisión, fiscalización y querellas.
La exposición de motivos sostiene que el sistema actual se ha convertido en un entramado excesivamente complejo, con duplicidad de funciones, criterios inconsistentes y una coordinación limitada entre agencias, municipios y el sector privado.
El proyecto cita como base el informe final del Task Force para la Simplificación del Sistema de Permisos, publicado el 30 de junio de 2025, que identificó un marco inconexo compuesto por alrededor de 46 instrumentos legales y administrativos y más de 45 leyes delegando autoridad a distintas entidades. Ese diagnóstico, según la medida, ha provocado que procesos básicos puedan tardar entre nueve y 18 meses, mientras que un permiso de construcción ordinario puede demorar entre 263 y 540 días.
La legislación propone atender directamente 72 leyes relacionadas al sistema, mediante la derogación de 15 estatutos, la enmienda de otras 29 y la armonización de 29 leyes especiales adicionales. Entre las derogaciones más significativas incluidas en el proyecto figura la Ley 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, así como la Ley 19-2017 y otras disposiciones que, según la medida, fueron aprobadas en distintos momentos históricos sin un marco uniforme.
El proyecto también redefine la política pública del Estado en esta materia. El texto establece que el sistema de permisos debe administrarse de forma que armonice el derecho de propiedad, el debido proceso de ley y la protección de los recursos naturales, mientras promueve un marco regulatorio simplificado, transparente, uniforme y ágil. A la vez, dispone que los procesos deben fortalecerse con fiscalización robusta, expedientes completos, decisiones motivadas y criterios técnicos proporcionales para atender tanto la seguridad pública como la protección ambiental.
En el plano operativo, la medida apuesta por un sistema integrado, digital y trazable. Propone consolidar la tramitación mediante un Sistema Unificado de Información conectado a una infraestructura de datos geoespaciales, reforzar el uso de expedientes administrativos digitales, desarrollar métricas de desempeño y satisfacción, y establecer mecanismos correctivos por incumplimiento. Además, plantea una descentralización escalonada hacia municipios que demuestren capacidad institucional real, aunque mantiene reglas uniformes de jurisdicción, referidos obligatorios y la posibilidad de revocar delegaciones ante incumplimientos recurrentes.
Otro de los ejes centrales del proyecto es la ampliación del rol de los profesionales licenciados y autorizados. La medida plantea institucionalizar su participación en la preparación, validación, evaluación, adjudicación e inspección de solicitudes, bajo mecanismos de certificación, trazabilidad digital, supervisión y fiscalización posterior. La exposición de motivos defiende ese modelo como una forma de ampliar la capacidad operacional del Estado sin sacrificar legalidad ni controles, mientras el articulado adelanta que estos profesionales podrán atender solicitudes ministeriales específicas conforme a reglamento.
Sin embargo, uno de los aspectos más sensitivos de la pieza es que dispone expresamente que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme no aplicará, ni de forma directa ni supletoria, a los procedimientos administrativos, cuasi judiciales, adjudicativos, reglamentarios o de revisión que se establezcan bajo este nuevo Código. Además, el proyecto establece una cláusula de supremacía que dispone que sus normas prevalecerán sobre cualquier otra ley, reglamento, procedimiento o convenio que entre en conflicto con sus disposiciones.
La propuesta legislativa también procura reorganizar la planificación territorial y vincularla con el desarrollo económico y la inversión pública. Para ello, crea una Junta de Planificación y Urbanismo con independencia funcional y técnica en sus determinaciones sustantivas, impulsa un Plan de Desarrollo Económico Integral de vigencia indefinida con horizonte de al menos diez años, fortalece el uso de mapas oficiales y geodatos, y establece reglas para modernizar las enmiendas a mapas de zonificación bajo criterios más objetivos y previsibles.
En materia ambiental e histórica, el proyecto asegura que la agilización no elimina la protección de recursos, sino que redefine el balance mediante un modelo de evaluación por riesgo. El texto plantea que las actividades de bajo impacto puedan tramitarse con criterios objetivos, mientras que los proyectos con mayor potencial de impacto mantendrían evaluaciones y controles más rigurosos. A eso suma la consolidación de un Código de Construcción de Puerto Rico, con referencia a estándares técnicos y códigos modelo internacionales adaptados a las condiciones locales.
El proyecto parte de la premisa de que la transformación del aparato gubernamental no debe limitarse a acelerar trámites, sino a sustituir un modelo que describe como incierto y fragmentado por uno uniforme, confiable y predecible.
