Gobierno reitera que tiene fondos para mitigar impacto del cierre de gobierno federal

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos, destacó que el presupuesto certificado del Gobierno de Puerto Rico, para el año fiscal 2026, incluye mecanismos específicos para atender riesgos asociados a los fondos federales, en cumplimiento con la Ley PROMESA y el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta/JSF).

“El presupuesto para este año fiscal 2026, elaborado por el Gobierno de Puerto Rico y certificado por la Junta establece responsablemente mecanismos para mitigar riesgos en fondos federales. En gran medida que este presupuesto fuera certificado por la Junta, se debe a que la gobernadora Jenniffer González Colón, autorizó a la OGP a aumentar la reserva presupuestaria de un 2.5% a un 5%, lo que representa unos $655 millones.  Además, la OGP tiene bajo su custodia un total de $824 millones como mecanismo de control y reserva que permite reprogramar o reasignar recursos si surgen riesgos o reducciones de fondos federales, manteniendo continuidad en servicios esenciales como establece el Plan de Gobierno de esta administración”, informó Rivera Berrios.

“Es incorrecto mencionar que el Gobierno de Puerto Rico no tiene un plan para atender la falta de fondos relacionados al PAN.  Desde que llegamos a la OGP hemos sido proactivos, y nos enfocamos en realizar oportunamente la planificación presupuestaria para el presupuesto del 2026, lo que demuestra que se consideró con anticipación cualquier posible escenario de riesgos de fondos federales, tema que los medios de comunicación han reseñado constantemente. De igual manera, desde enero del 2025, hemos mencionado en nuestras ponencias en vistas públicas, el detalle de la elaboración del presupuesto del 2026, y que estaríamos implementando un fondo para mitigar riesgos federales”, aclaro Rivera Berríos.

El director de OGP, reiteró que estas medidas reflejan el compromiso de la agencia con la transparencia, responsabilidad fiscal y sostenibilidad de los servicios públicos, al tiempo que se protege la posición financiera del Gobierno frente a riesgos externos o variaciones en los fondos federales.