Integrantes de la Junta de Libertad Bajo Palabra entienden que hay que enmendar la ley y reclutar más expertos en salud mental

Los integrantes de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) favorecieron que se introduzcan enmiendas a la Ley 118 del 1974, que crea este organismo, así como personal adicional para evaluar los casos, durante la vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

El presidente de la Junta, Samuel González Rosas, indicó que “entiendo que, si pudiéramos tener algún técnico social que nos diera atención directamente a nosotros, alguna ayuda o asistencia en la línea psicológica y si es posible psiquiátrica, eso sería de gran utilidad para que pudieran asistirnos en sacar los perfiles psicológicos y mentales de estas personas, dada la magnitud de la complejidad de lo que está aconteciendo en este caso”.

Según González Rosas, este personal se uniría a los 39 empleados que laboran en la entidad, la cual tiene tan solo ocho oficiales examinadores a cargo de los informes que se realizan para el trámite de libertad bajo palabra. En lo que va de año, 518 casos han sido referidos por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Actualmente bajo el programa se atienden a 577 personas que gozan de libertad bajo palabra.

Otra de las necesidades es tener una unidad estadística para evaluar los niveles de cumplimiento o reincidencia de los confinados, según el presidente de la Junta.

Por su parte, la doctora Karla De Jesús, integrante de la Junta, quien ha laborado en el servicio público por 30 años como psicóloga, sostuvo que debe enmendarse el reglamento 9684-2025 para que las vistas de seguimiento se celebren una vez al año, en lugar de al menos dos veces anualmente, como dispone actualmente.

Asimismo, funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación plantearon   la necesidad de implantar protocolos especializados para atender casos de violencia de género y reclutar cerca de un centenar de empleados en puestos esenciales para poder atender las necesidades de la población correccional.

De acuerdo con Madeline González, secretaria auxiliar de la Secretaría de Programas y Servicios, el DCR requiere la contratación de aproximadamente 94 técnicos socio penales y por lo menos, 15 psicólogos adicionales para apoyar los programas de rehabilitación como “Aprendiendo a Vivir sin Violencia”.

González aseguró que solicitó los fondos en el nuevo presupuesto del DCR para iniciar el reclutamiento de los técnicos socio penales y espera completarlo en los próximos meses.

El Departamento de Justicia se excusó de comparecer a la vista pública.