La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes presidida por el senador Rafael “Rafy” Santos Ortiz realizó una vista pública, en la tarde del martes, para investigar y fiscalizar las condiciones en las que se desarrollan los torneos y actividades deportivas dirigidas a niños, niñas y jóvenes en la Isla.
“Muchos padres se nos han acercado por desigualdades en el deporte… El gobierno tiene una aportación grande a estos torneos y nosotros queremos, como gobierno, que todo el dinero llegue a estos tipos de torneos y se reciba el beneficio en las escuelas más vulnerables. Tenemos que buscar las mejores alternativas, porque nuestros niños y nuestros jóvenes merecen lo mejor. Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a estar realizando”, expresó el presidente de la Comisión.
Esta investigación, a través de la Resolución del Senado 121, presentada por el senador Santos Ortiz, que ordena una pesquisa sobre el cumplimiento de la “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes y la Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas”, con énfasis en garantizar transparencia, equidad y seguridad en los eventos deportivos. Asimismo, la Resolución del Senado 122, impulsada por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, que requiere evaluar la implementación del Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte, enfocado en prevenir el agotamiento físico y emocional de los jóvenes atletas.
“En este asunto la responsabilidad es compartida. Aquí hay distintos actores alrededor del menor, están sus padres que toman las decisiones, están también las federaciones, está el gobierno, de parte de las instituciones gubernamentales, y nosotros lo que aspiramos aquí es para recibir ese insumo y ver cómo podemos proveerles ese desarrollo adecuado a todos los menores en el deporte”, destacó la senadora Barlucea Rodríguez.
En primera instancia, la licenciada Marisabel Velázquez García del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) adelantó que, para poder fiscalizar el cumplimiento de las leyes actuales, el DRD solicitó un “presupuesto que permita ampliar la capacidad operativa mediante la contratación de personal adicional tales como interventores, quienes serían clave para garantizar una supervisión efectiva de las actividades deportivas en categorías menores”.
“El DRD ha solicitado a la Cámara de Representantes y la Comisión de Hacienda la aprobación de un presupuesto de $79.3 millones, con el fin de aumentar la nómina y gastos operacionales relacionados, lo cual permitiría añadir aproximadamente 14 interventores al equipo de trabajo. Para continuar promoviendo iniciativas dirigidas a proteger a los niños y jóvenes atletas de Puerto Rico, es indispensable contar con el respaldo legal y presupuestario necesario”, sentenció Velázquez García.
En cuanto a los costos en eventos deportivos juveniles, el presidente de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes destacó que ir a una competición se convierte insostenible por los gastos de eventos, comidas, equipo, entre otras cosas que se suman a los costos de deportes. A lo que, la representante del DRD comentó que, actualmente no tiene capacidad de regulación porque no existe legislación. Explicó que, para poder regular los altos costos de los torneos necesitan mecanismos en ley que les permitan regularlos ya que actualmente son las entidades privadas quienes proponen los costos de cada evento deportivo.
Por su parte, Norbert Irizarry Rivera en representación de la corporación deportiva escolar, Buzzer Beater argumentó que la “Ley Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas” provocó cambios dramáticos en los torneos y competencias escolares en la isla. “Principalmente, logró crear conciencia con la cantidad de juegos que participan los niños y jóvenes en los torneos escolares. Además, se calendarizó el deporte para mantener un orden de los tipos de torneos y ligas que se pueden celebrar de manera simultánea”, explicó.
En adición, Irizarry Rivera explicó que Buzzer Beater comenzó una campaña de orientación a entrenadores de deporte escolar sobre el reglamento actual del DRD y su regulación de juegos semanales. En este sentido, comentó que es necesario crear legislación para que los maestros de Educación Física que, a su vez, son entrenadores de los equipos deportivos, reciban la educación necesaria para recibir licenciamiento del DRD, más allá de la licencia educador.
De otra forma, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia (APF), Daniel Rivera Martínez, presentó recomendaciones en torno a la carga de actividad física, enfocadas en promover una visión más integral. Solicitaron limitar la participación a un solo deporte por temporada, garantizar 1-2 días de descanso, asegurar 2-3 meses de descanso, evitar la doble participación de un niño al mismo día, implementar evaluaciones periódicas para mitigación de lesiones, capacitar a entrenadores con base científica, garantizar presencia de profesionales de la salud en torneos y fomentar juego libre en edades tempranas y educar a padres y atletas sobre recuperación y salud integral.
“El deporte debe ser un medio para construir salud, alegría y bienestar. No podemos permitir que se convierta en una fuente de lesiones físicas y traumas emocionales. Si queremos que nuestros niños y jóvenes lleguen lejos, tenemos que cambiar el ritmo. No todo es más rápido, más fuerte, más pronto. A veces, el verdadero éxito está en saber esperar, cuidar y construir con visión a largo plazo”, concluyó Rivera Martínez.
A su vez, pidió que se incluya de manera explícita al fisioterapeuta licenciado como parte del equipo de profesionales que intervienen en estos escenarios. Argumentaron que estos profesionales están capacitados para atender no solo aspectos físicos, sino también componentes emocionales y psicosociales, especialmente en pacientes con condiciones como dolor crónico, discapacidades físicas y enfermedades neurológicas.
Finalmente, recomendó revisar el lenguaje utilizado en el proyecto de ley actual para asegurar que sea inclusivo y no excluya de manera innecesaria a profesiones que pueden aportar significativamente al cuidado de la salud mental. Para la Asociación, una legislación más abarcadora y representativa de la diversidad profesional en el campo de la salud resulta esencial para garantizar un acceso equitativo y efectivo a los servicios.
Sin embargo, el DRD en su ponencia sentenció que ninguna de las querellas recibidas en el departamento, han sido por carga física. Asimismo, destacó que, en estas querellas, el DRD solo funge como mediador entre las partes perjudicadas, pero no someten multas.
Asimismo, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, enfatizó la importancia de dialogar con las Federaciones nacionales e internacionales, así como investigar la literatura y disposiciones en otras jurisdicciones para tomar decisiones legislativas.
En esta misma línea, el presidente de Save the Children, Emanuel Ortiz profundizó en recomendaciones que plantean establecer parámetros y exigir mayor responsabilidad a los promotores y federaciones deportivas en la organización de eventos con menores. Sugirió imponer límites en la inscripción para evitar jornadas prolongadas que puedan afectar el bienestar de los niños y generar gastos excesivos para sus familias.
Asimismo, declaró que los torneos o carnavales deportivos no deben considerarse espectáculos públicos. Por tanto, no debe permitirse la venta de taquillas ni el uso de licencias de productor de espectáculos, especialmente cuando se trata de menores de edad. Propuso enmendar el Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte para ampliar su alcance a todo tipo de deporte y establecer elementos como la definición de “carnaval deportivo”, las responsabilidades de las federaciones y organizadores, y medidas específicas como la prohibición de cobrar entrada a padres o tutores legales identificados.
También recomendó requerir identificación a medios deportivos y establecer límites claros para la grabación de menores por parte de personas no familiares, como medida de protección. Otra recomendación es actualizar el Reglamento 6422 de endosos del DRD, ya que fue creado bajo una ley orgánica anterior y no reconoce a la Comisión de Seguridad como la entidad responsable de otorgar dichos endosos, lo que requiere su armonización con el Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte.
Por último, destacó la necesidad de enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, debido a que nunca se implementó con una estructura funcional. Esto ha provocado confusión entre organizaciones deportivas y ha dejado sin funcionamiento a oficinas, juntas y comisiones que deberían estar al servicio del público, explicó Ortiz.
Estas medidas surgen para atender denuncias, de los pasados meses, sobre aparentes prácticas abusivas, falta de supervisión médica y barreras económicas; de esta forma, establecer legislación que proteja la salud, el bienestar y los derechos de los menores deportistas en Puerto Rico.
