Junta critica a la gobernadora por anunciar suspensión del IVU sin alegadamente identificar fondos para cubrirla

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, criticó en una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón por la forma en que presentó su propuesta de suspender la porción estatal del seis por ciento del impuesto sobre ventas y uso (“IVU”) a los alimentos preparados, las bebidas carbonatadas, los dulces y los productos de confitería del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 de aproximadamente a 56.8 millones de dólares.

“La propuesta no se planteó durante nuestra reunión del miércoles, 21 de octubre de 2026, celebrada apenas dos días antes de su anuncio. Es la segunda vez en el año calendario en curso que se anuncia una medida de alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, antes de determinar su costo o analizar su efecto en el presupuesto certificado y en el plan financiero a cinco años. El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica”, dijo Mujica en su carta dirigida a la gobernadora a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Según Mujica, se suponía que cuando la gobernadora y la Asamblea Legislativa aprobaron el llamado “Cheque para Ti”, hubo un compromiso de establecer unas salvaguardas fiscales como: un fondo de estabilización presupuestaria establecido por ley, un fondo de capital dedicado y un plan financiero a cinco años creíble y transparente. El director ejecutivo de la Junta sostuvo que, “el alivio se concedió, pero las salvaguardas nunca se establecieron”.

Sostuvo además que los recaudos no reflejan aumentos,  la economía está detenida y los ingresos están comprometidos.

“Al mismo tiempo, se siguen proponiendo nuevos gastos recurrentes sin identificar fuentes recurrentes para sufragarlos. Se presentó legislación para aumentar los beneficios de pensión, cuyo impacto fiscal se estima en más de 230 millones de dólares anuales, sin identificar una fuente de financiamiento recurrente. Esto ocurrió a menos de dos meses de certificarse el presupuesto para el año fiscal 2027. La Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico tiene ante su consideración múltiples convenios colectivos que incluyen aumentos salariales negociados, cuyo costo estimado supera los 100 millones de dólares, sin que se hayan identificado las fuentes de financiamiento correspondientes. El Departamento de Educación de Puerto Rico informa que no cuenta con suficientes fondos para cumplir con sus obligaciones actuales, mientras continúa identificando obligaciones de años fiscales anteriores que nunca se registraron y para las que no se habían asignado fondos”.

Añadió que los policías recibieron un aumentos salariales que se tienen que pagar de forma recurrente, así como el pago de las horas extras que provoca que la agencia se exceda en su presupuesto sin conseguir fondos para cubrirlos.

Incluyó también la situación con el Medicaid, cuyo futuro está en veremos.

“En este contexto, una suspensión de dos meses del IVU sobre alimentos preparados atiende un síntoma, pero no la causa: la ausencia de generación más económica. Los precios de la electricidad disminuirán cuando disminuya el precio del combustible o cuando Puerto Rico añada nueva capacidad de generación más económica. Una suspensión temporal del IVU no cambia el precio de la electricidad, un precio que los restaurantes seguirán enfrentando cuando venza la suspensión el 31 de diciembre de 2026. El alivio temporal no sustituye una reforma contributiva, así como tampoco la sustituye hacer uno que otro ajuste de tarifa. Esa reforma sigue sin existir. Suspender una u otra disposición contributiva durante algunos meses, fuera de un proceso presupuestario disciplinado, es el tipo de medida ad hoc a la que la Junta de Supervisión se ha opuesto consistentemente”, expresó.

Insistió en que evaluarán la propuesta de la misma forma que atendieron el llamado “Cheque para Ti”, es decir, que para que se pueda aprobar, tiene que identificarse una fuente de ingresos para compensar los 56.8 millones de dólares.

“La suspensión no debe entrar en efecto hasta que se complete dicha revisión. La práctica de anunciar primero medidas de alivio y gastos, para luego identificar su financiamiento, sin contar con un plan financiero a cinco años balanceado, fue la práctica que condujo a Puerto Rico hacia la quiebra, y no hacia la prosperidad.  Por consiguiente, la Junta solicita a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa que colaboren con ella para: (i) promulgar como ley los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392 durante la presente sesión legislativa; (ii) suplementar la Determinación Administrativa propuesta, identificando las fuentes específicas de financiamiento no recurrentes que compensen la totalidad de su costo e incluyendo un análisis de su efecto sobre el presupuesto certificado; y (iii) comenzar una discusión seria sobre una reforma contributiva integral y la elaboración de un plan financiero a cinco años que contemple las presiones descritas anteriormente, de modo que el alivio concedido pueda perdurar”, concluyó Mujica.