Junta Fiscal advierte que podría frenar medidas que aumenten pensiones

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert F. Mujica Jr., advirtió que el organismo podría tomar medidas para impedir la implantación de leyes que aumenten las pensiones públicas en contravención del Plan de Ajuste, PROMESA o el Plan Fiscal.

“La Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias, conforme a las secciones 104(k), 108(a) y 204 de PROMESA, incluida la solicitud de remedios para impedir la implantación y ejecución de legislación incompatible con el Plan de Ajuste, PROMESA y el Plan Fiscal. Esperamos que tal acción no sea necesaria”, expresó Mujica Jr. en una carta.

La comunicación fue dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón, al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Mujica Jr. examinó en la carta 18 medidas legislativas que proponen aumentos en las pensiones, ajustes por costo de vida, bonos especiales, cambios en los requisitos de retiro, acceso anticipado a aportaciones y nuevas estructuras de beneficios.

“El Plan de Ajuste, que establece el tratamiento de la deuda del Gobierno, así como el de los pensionados, se basa en mantener las considerables obligaciones de pensiones del Gobierno en los niveles actuales”, sostuvo.

La sección 83.4 del Plan de Ajuste y el párrafo 62 de la orden de confirmación prohíben durante 10 años la aprobación de legislación que aumente los pagos u obligaciones de los planes de beneficios definidos por encima de lo dispuesto en el acuerdo.

Mujica Jr. señaló que la orden del tribunal federal obliga a las tres ramas del Gobierno y que cualquier legislación incompatible expondría a Puerto Rico a litigios costosos con pocas o ninguna probabilidad de éxito.

El señalamiento principal recayó sobre el Proyecto de Administración A-152, presentado el 19 de agosto como el Proyecto del Senado 1428 y el Proyecto de la Cámara 1399.

La propuesta dispone la aplicación retroactiva, desde el 1 de julio de 2026, de un aumento que establecería una pensión mínima mensual de 1,000 dólares para empleados públicos y maestros jubilados.

“Menos de 60 días después de la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2027, la gobernadora y la Asamblea Legislativa impulsan una medida con un impacto fiscal inmediato que el presupuesto recién certificado no contempla, porque el proyecto no formó parte de su desarrollo”, indicó Mujica Jr.

“Su aprobación crearía un gasto sin financiamiento que no aparece en el presupuesto y socavaría la disciplina fiscal que exige PROMESA”, añadió.

Según el director ejecutivo, el nuevo gasto también ejercería mayor presión sobre un presupuesto que ya enfrenta riesgos fiscales significativos en el programa de Medicaid y el Departamento de Educación.

Mujica Jr. reclamó que cualquier propuesta para crear o aumentar beneficios de retiro cuente con un análisis actuarial independiente y una evaluación fiscal que identifique sus costos anuales, retroactivos y de largo plazo.

“Hasta las propuestas que parecen modestas —una edad de retiro más temprana o un pequeño ajuste a la fórmula de beneficios— pueden traducirse en cientos de millones de dólares en costos con el paso del tiempo, como el Gobierno de Puerto Rico ha aprendido dolorosamente a través de los años”, afirmó.

El análisis también deberá incorporar esos gastos en las proyecciones financieras multianuales, reconocerlos en los periodos fiscales correspondientes e identificar una fuente recurrente y sostenible de financiamiento.

“La disponibilidad de fondos en un año fiscal particular no es suficiente para demostrar que un beneficio permanente de pensión es asequible o sostenible. Establecer una obligación recurrente de pensiones sin reconocer y financiar todos sus costos es fiscalmente irresponsable, obstaculiza la recuperación financiera de Puerto Rico y amenaza con devolver al país a las prácticas de gasto que provocaron su quiebra y la aprobación de PROMESA”, advirtió Mujica Jr.

Entre las medidas examinadas figuran propuestas para conceder aumentos de 10 por ciento, ajustes vinculados al Seguro Social, bonos navideños, incrementos mensuales para maestros jubilados y beneficios de retiro temprano para determinadas categorías de empleados públicos.

“La Junta de Supervisión está dispuesta a colaborar con el Gobierno y la Asamblea Legislativa para explorar oportunidades que permitan desarrollar un marco responsable que atienda los desafíos financieros de los jubilados de Puerto Rico, respete las restricciones del Plan de Ajuste y sea compatible con PROMESA y el Plan Fiscal”, concluyó Mujica Jr.