Junta pide más información antes de autorizar 9.6 millones de dólares para rehabilitar cinco pozos

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, pidió el viernes al gobierno aclarar la viabilidad, el tiempo de reactivación y los costos futuros de cinco pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) antes de evaluar la solicitud de hasta 9,688,345 dólares de la Reserva de Emergencia para rehabilitarlos ante la sequía.

“La AAA ya enfrenta considerables desafíos fiscales y operacionales. La emergencia actual refleja, en parte, la presión de largo plazo causada por un mantenimiento insuficiente. Esto tiene que cambiar”, escribió Mujica en la comunicación enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón.

Mujica advirtió que las medidas dirigidas a atender la emergencia no deben crear nuevas obligaciones financieras sin respaldo que terminen afectando la recuperación de la corporación pública. Sostuvo que tanto las inversiones como las responsabilidades operacionales futuras deberán incorporarse a la planificación de capital del gobierno de manera fiscal y operacionalmente sostenible.

La petición de González Colón, presentada el 1 de septiembre, busca ampliar una autorización previa de la Reserva de Emergencia para permitir el uso de hasta 9,688,345 dólares en la evaluación, rehabilitación y reactivación de cinco pozos públicos de la AAA. La Junta reconoció en su respuesta que la sequía constituye una emergencia y que existe la necesidad de adoptar medidas para garantizar el acceso al agua potable.

Antes de tomar una determinación, sin embargo, Mujica reclamó información sobre cuánto tardaría cada pozo en regresar a servicio, su capacidad actual de producción, la calidad del agua, posibles problemas de contaminación y si las instalaciones son realmente aptas para rehabilitación.

Para discutir esos asuntos, solicitó una reunión con funcionarios de la AAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y cualquier otra dependencia necesaria.

Otro de los cuestionamientos gira en torno a qué ocurrirá con los pozos cuando termine la emergencia. Según la propuesta gubernamental, los gastos recurrentes posteriores serían absorbidos por el presupuesto certificado de la AAA o atendidos mediante los procesos ordinarios del Plan Fiscal y del presupuesto, pero la Junta señaló que todavía no conoce la magnitud de esos costos ni qué agencia asumiría cada responsabilidad.

Entre los datos reclamados para cada instalación figuran la fecha y razón por la que salió de servicio, cuánto producía anteriormente, qué zona abastecía, su condición física actual y las evaluaciones técnicas, ambientales y regulatorias que todavía serían necesarias para determinar si puede regresar a operación.

Mujica también pidió justificar por qué se escogieron esos cinco pozos frente a otras instalaciones inactivas o medidas de emergencia, cuánto aumentarían el suministro de agua, qué comunidades se beneficiarían y en qué medida reducirían la dependencia de embalses, el Superacueducto y otras fuentes afectadas por la sequía.

En materia de costos, la Junta requirió un desglose individual de los 9,688,345 dólares y cuestionó por qué se solicita autorización para la cantidad completa cuando todavía faltan estudios para determinar cuáles pozos son viables. También pidió explicar si se evaluaron otras fuentes, entre ellas recursos propios de la AAA, fondos federales, recursos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o la reprogramación de proyectos de mejoras capitales.

Como parte de la evaluación a largo plazo, el organismo quiere conocer además cuánto costará anualmente operar, mantener y monitorear los pozos, si permanecerán activos o pasarán a utilizarse como reserva de emergencia y qué medidas evitarán que vuelvan a quedar fuera de servicio.