La Página que “nadie” ha leído

Transpórtese al 2016. ¿Dónde estaba? ¿Qué prometían los líderes que seguía? Quizás no lo recuerde con detalle, pero vale una verdad incómoda: la deuda del Gobierno Central era mayor que todo lo que producía la economía de Puerto Rico en un año. La isla perdió acceso a financiamiento, no tenía liquidez y el sistema de retiro estaba al borde del colapso. Eran $130 mil millones en deuda y pensiones, 16 años de déficits consecutivos, presupuestos maquillados y estimados irreales de ingresos. Más de una docena de instrumentalidades se endeudaron sin controles. Todo está en los informes. Pero es más fácil producir consignas que asumir responsabilidad.

Hablar de esto importa. La ignorancia fiscal no es neutral: cuesta servicios, credibilidad y futuro. Mientras algunos políticos y comentaristas alimentan el espectáculo, repiten un argumento que los datos desmienten: Puerto Rico no quebró por un huracán ni por PROMESA, sino por irresponsabilidad política, una realidad formada aquí y que aún define nuestra discusión pública.

Atribuir la crisis a “falta de dinero” también simplifica demasiado. Para administrar un presupuesto se necesitan datos, sistemas y controles; justo lo que no existía. No había visibilidad clara del gasto, ni herramientas para rastrear transacciones, ni un sistema integrado de recursos humanos, finanzas, compras y presupuestos. Esa ausencia estructural, combinada con años de improvisación, empujó a Puerto Rico al borde.

¿Por qué seguimos fallando si hoy existen más herramientas que nunca para administrar mejor? Porque el deterioro institucional se alimenta de lo mismo: falta de continuidad, uso político de la estructura gubernamental para fines partidistas y un desgaste profundo. El gobierno funciona gracias a servidores y servidoras públicas con vocación, muchas veces sin herramientas ni respaldo.

Reestructurar la deuda, modernizar procesos y corregir fallas históricas requiere constancia. Pero en Puerto Rico, cada cambio de administración detiene proyectos, abandona reformas y desmonta estructuras. Décadas de empezar desde cero han impedido que los avances maduren. La inestabilidad administrativa no es efecto: es causa.

Por eso, cada vez que escucho a un funcionario decir “que se vayan”, veo clara la necesidad de PROMESA. No porque la Junta sea perfecta, sino porque esa frase exhibe la distancia entre nuestra realidad fiscal y la comprensión que muchos líderes tienen de ella. Afirmar que “Puerto Rico sigue en quiebra” en pleno 2025, ignora un hecho fundamental: la isla ya reestructuró la mayoría de su deuda. Pero el libreto se repite. Lo vimos con LUMA: prometieron que “se iban”, lo usaron como bandera electoral y luego tuvieron que admitir que no podían. Hoy aplican la misma estrategia a la Junta. Cambia el nombre del enemigo, pero no cambia el mecanismo: culpar a un tercero para no asumir responsabilidad.

Quien rechaza el Plan Fiscal sin conocerlo no está rechazando a la Junta: está rechazando la matemática básica. Se menosprecia la inversión hecha para reestructurar la deuda y para diseñar controles que eviten recaídas. Critican el presupuesto de la Junta, pero ignoran los productos creados con ese mismo presupuesto: herramientas, análisis, informes y guías operacionales que no utilizan. El rechazo prematuro no es valentía: es populismo.

Mientras tanto, la discusión pública gira en torno a quién culpar, no a qué hacer. Y los datos son claros: antes, Puerto Rico dedicaba 25 centavos de cada dólar al pago de deuda; hoy, tras las reestructuraciones, destina solo 6. Se lograron $72 mil millones en ahorros, 12 reestructuraciones, 16 años de déficits eliminados y se protegió el sistema de retiro.

Una alerta sencilla e importante aparece en la página 75 del volumen I del informe anual de la Junta de Supervisión Fiscal esa que “nadie” ha leído: “Increasing expenditures without a sustainable recurring funding source could create a budget imbalance earlier than FY2028.” En otras palabras, si se siguen aprobando leyes sin financiamiento, volvemos a quebrar. Peor aún: sin la Junta, ya se habrían convertido en ley proyectos que sumarían más de $30 mil millones en gastos nuevos. Esa advertencia no es teoría: es un diagnóstico del comportamiento legislativo local.

¿Y el estatus? Sí, influye, pero no como se suele narrar. La relación territorial no explica por sí sola nuestro colapso. Lo que nos llevó a la quiebra fue la colonia como cultura política: la mentalidad de culpar a otro para no asumir responsabilidad propia. Durante décadas, el estatus fue escudo narrativo para justificar incapacidad administrativa. Y como en toda colonia intervino un ente externo cuando quienes dirigían no pudieron o no quisieron hacerlo.

La salida de PROMESA depende menos de Washington y más de nosotros. Depende de aprender de los errores, abandonar el populismo fiscal y aceptar que gobernar exige planificación, no consignas. La prioridad debe ser dirigir el gobierno hacia una administración ágil, eficiente y centrada en servicios de calidad, aunque eso no genere aplausos inmediatos.

Por eso invito a la clase política de turno, a visitar la página de la Junta, leer el informe anual y estudiar las secciones de recomendaciones. No es un acto ideológico, es un acto básico de responsabilidad. Solo así podrán explicarles a futuras generaciones que PROMESA no fue un castigo: fue una consecuencia.