Physician Correctional niega reponsabilidad legal en demanda contra Gobierno por excarcelación de Hermes Ávila
La demanda imputa “negligencia” a personal médico, agencias, funcionarios públicos, incluyendo a la exsecretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar Pabón
Luego que la familia de Ivette Joan Meléndez Vega, la mujer asesinada por el convicto Hermes Ávila Vázquez, demandara en concepto de daños y perjuicios, la directora de Administración y Operaciones de Physician Correctional (PC), Bárbara Méndez, negó que la compañía tuviera responsabilidad legal en la excarcelación del feminicida, quien cumplía una condena de 122 años por asesinar a otra mujer en 2005.
Los familiares de la Meléndez Vega de 56 años, solicitan una indemnización total de $41 millones, $20 millones en daños punitivos, $20 millones en daños compensatorios y $1 millón en honorarios de los abogados.
Alegan que Ávila Vázquez, convicto por asesinato secuestro y agresión sexual, fue liberado en abril de 2023, mediante un pase extendido bajo la Ley 25-1992, pese a no cumplir con los requisitos para su excarcelación. Al poco tiempo, fue localizado el cadáver semi desnudo, degollado y con heridas punzantes en la cabeza de la mujer, en la madrugada del 21 de abril de 2024, en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos, en Manatí.
“Comprendemos y nos solidarizamos con la angustia de los familiares de la víctima y respetamos su derecho a reclamar algún tipo de compensación económica. Sin embargo, nos sorprende haber sido incluidos en la demanda, considerando que ningún foro que ha investigado el caso ha identificado falta alguna por parte de nuestra empresa”, expresó Méndez en declaraciones escritas.
Según la directora, las investigaciones realizadas por el Senado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) estableció que la empresa “cumplió con todas las disposiciones de su contrato y que no se pudo establecer que hubiera habido negligencia alguna”.
Méndez reiteró que la compañía no tiene autoridad para liberar confinados, sino que “las evaluaciones clínicas que realiza PC responden a los servicios contratados por el DCR, y las solicitudes conforme al protocolo establecido, pero no constituyen una recomendación ni una determinación legal”.
De acuerdo con la directora, el diagnóstico de paraplejia fue confirmado por 52 médicos tanto de la compañía, como de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la empresa Correctional Health Services.
“Los datos publicados sobre el particular han establecido que Ávila Vázquez sufrió una caída mientras laboraba dentro de la cárcel por lo que fue referido al Hospital Industrial operado por la CFSE quienes realizaron varias cirugías vertebrales y diagnosticaron paraplejia”, indicó Méndez.
En la demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, figuran como demandantes, Ebiezer y Samuel Carrer Meléndez, hijos de la víctima; María Antonia Vega y Dolores Meléndez Lozano, madre y padre; así como Manuel y Elvis Noel Meléndez Vega, hermanos de la fallecida.
Los familiares de la mujer señalan que la liberación del convicto fue el resultado de una serie de decisiones negligentes, omisiones crasas y violaciones a procesos legales por parte de distintas agencias, incluyendo el Comité de Salud Mental Forense y la Junta de Libertad Bajo Palabra.
Según el recurso legal, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la exsecretaria del DCR Ana Escobar Pabón en su carácter personal y oficial, y la empresa Physician Correctional, incluyendo el panel de médicos que recomendó la excarcelación de Ávila, participaron en el proceso de excarcelación ignoraron múltiples alertas sobre el perfil clínico y violento del confinado.
“Hermes Ávila Vázquez debió estar bajo la custodia y control del DCR hasta el año 2127. No obstante, el reo logró salir a la libre comunidad burlando todos los requisitos aplicables de la agencia. También evadió el cumplimiento de todos los pasos procesales de estricto cumplimiento ante la negligencia de los funcionarios interventores de dichos procesos, tanto de servidores públicos como contratistas privados al servicio del Departamento”, lee el documento.
